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2012/009 * Consulta sobre la posibilidad de prestación de servicio con armas en una factoría de chatarra.

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2012/009 * Consulta sobre la posibilidad de prestación de servicio con armas en una factoría de chatarra.

Mensaje por 38435-6718 el Miér 30 Nov 2016, 20:44

INFORME UCSP Nº: 2012/009
FECHA 29.02.2012
ASUNTO Consulta sobre la posibilidad de prestación de servicio con armas en una factoría de
chatarra.
ANTECEDENTES
Escrito en el que se formula consulta en relación con la prestación de un servicio
de seguridad en las instalaciones de una factoría de chatarra, a fin de que por parte de
esta Unidad Central se evacúe informe respecto de la posibilidad de que los vigilantes de
seguridad puedan prestar dicho servicio con armas de fuego, teniéndose en cuenta la
situación de despoblado en la que se encuentra ubicada la referida factoría y el
almacenamiento de materiales existentes en la misma.
CONSIDERACIONES
Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta
Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o
aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos.
A la vista del contenido de la Ley 30/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, se
infiere que la voluntad del legislador, en relación con la prestación de los servicios de
seguridad privada, es que los mismos, como regla general, se realicen sin armas,
previéndose la autorización del uso de las mismas únicamente cuando lo exijan las
concretas circunstancias.
Así, el artículo 14 de dicha Ley establece que “los vigilantes de seguridad, previo el
otorgamiento de las correspondientes licencias, sólo desarrollarán con armas de fuego las
funciones indicadas en el artículo 11, en los supuestos que reglamentariamente se
determinen, entre los que se comprenderán…los de vigilancia y protección de fábricas,
depósitos o transporte de armas y explosivos, de industrias o establecimientos peligrosos
que se encuentren en despoblado y aquellos otros de análoga significación”.
En desarrollo de tal precepto, el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por
Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, en su artículo 81, apartado 1, dispone que “los
vigilantes sólo desempeñarán con armas de fuego los siguientes servicios:
a. Los de protección del almacenamiento, recuento, clasificación, transporte y
distribución de dinero, valores y objetos valiosos o peligrosos.
b. Los de vigilancia y protección de:
- 2 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
1. Centros y establecimientos militares y aquellos otros dependientes del
Ministerio de Defensa, en los que presten servicio miembros de las Fuerzas
Armadas o estén destinados al uso por el citado personal.
2. Fábricas, depósitos y transporte de armas, explosivos y sustancias
peligrosas.
3. Industrias o establecimientos calificados como peligrosos, con arreglo a la
legislación de actividades clasificadas, por manipulación, utilización o
producción de materias inflamables o explosivas que se encuentren en
despoblado.
c. En los siguientes establecimientos, entidades, organismos, inmuebles y
buques, cuando así se disponga por la Dirección General de la Policía en los
supuestos no circunscritos al ámbito provincial, o por las Delegaciones o
Subdelegaciones del Gobierno, valoradas circunstancias tales como la localización,
el valor de los objetos a proteger, la concentración del riesgo o peligrosidad, la
nocturnidad u otras de análoga significación:
2. Centros de producción, transformación y distribución de energía.
4. Polígonos industriales y lugares donde se concentre
almacenamiento de materias primas o mercancías.
Dicho artículo, pero en su apartado 2, estipula que “cuando las empresas,
organismos o entidades titulares de los establecimientos o inmuebles entendiesen que
en supuestos no incluidos en el apartado anterior el servicio debiera ser prestado con
armas de fuego, teniendo en cuenta las circunstancias que en el mismo se mencionan,
solicitarán la correspondiente autorización a la Dirección General de la Policía,
respecto a supuestos no circunscritos al ámbito provincial o a las Delegaciones o
Subdelegaciones del Gobierno, que resolverán lo procedente, pudiendo autorizar la
formalización del correspondiente contrato”.
Por su parte, el artículo 112.1.b) del referido reglamento, dispone que “cuando
la naturaleza o importancia de la actividad económica que desarrollan las empresas y
entidades privadas, la localización de sus instalaciones, la concentración de sus
clientes, el volumen de los fondos o valores que manejen, el valor de los bienes
muebles u objetos valiosos que posean, o cualquier otra causa lo hiciesen necesario,
el Secretario de Estado de Seguridad para supuestos supraprovinciales, o los
Gobernadores Civiles, podrán exigir a la empresa o entidad que adopte, entre otros
servicios, el establecimiento del servicio de vigilantes de seguridad, con a sin armas a
cargo de personal integrado en empresas de seguridad”.
Por último, reseñar que mediante resolución dictada por el Delegado del
Gobierno en la Comunidad Autónoma, se acordó, de conformidad con lo establecido
en el apartado 1,c) del artículo 81 del Reglamento de Seguridad Privada, autorizar la
prestación de un servicio con armas de fuego, por parte de vigilantes de seguridad, en
las instalaciones de la factoría de chatarra, previamente solicitado por el director de
- 3 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
esta entidad (en base a que las características de las instalaciones se podían subsumir
en los supuestos contemplados en el artículo 81.1.c) 2º, centros de producción,
transformación y distribución de energía; y en el artículo 81.1.c) 4º, lugares donde se
concentre almacenamiento de materias primas o mercancías), y una vez valoradas las
circunstancias reflejadas en el pertinente informe policial elaborado por la Comisaría
del Cuerpo Nacional de Policía correspondiente, tales como el almacenamiento,
manejo y transformación de materias y productos de especial peligrosidad (aluminio,
magnesio, cobre…), la existencia de depósitos de sustancias inflamables (como el
queroseno o el fuel-oíl) o el enclave de una subestación eléctrica en su recinto, el
hallarse la factoría en una zona semi-despoblada y alejada del núcleo urbano, así
como el hecho del asentamiento en las proximidades de la misma de grupos
marginales de personas, que, con frecuencia, perpetran robos de material en dicha
entidad, especialmente durante la noche.
De la normativa antedicha, puesta en concomitancia con el caso que nos
ocupa y la resolución de referencia, pueden extraerse las siguientes consideraciones:
 El citado artículo 81 del RSP distingue entre los servicios que necesariamente
se prestarán con armas de fuego, sin necesidad de autorización alguna (los del
apartado 1, letras a) y b)), aquellos otros en los que así se disponga por las
autoridades competentes respecto de determinados establecimientos o
entidades (los del apartado 1, letra c), y los sometidos a autorización previa (los
comprendidos en la fórmula residual del apartado 2), valoradas las
circunstancias que en estos dos últimos supuestos se determinan.
 En la relación de los centros o establecimientos cuya vigilancia y protección ha
de efectuarse necesariamente con vigilantes armados, no se encuentran
comprendidos los centros de producción, transformación y distribución de
energía, así como aquellos que estén situados en polígonos industriales (tal es
el caso de la factoría de chatarra), por lo que la prestación de servicios con
armas en tales establecimientos, incardinados obviamente en la letra c) del
apartado 1 del artículo 81 del RSP (y no en la letra b), número 3, del apartado 1
del artículo 81 del RSP como se sostiene en el escrito de consulta dirigido a
esta Unidad), solamente la puede imponer la Dirección General de la Policía o,
en su caso, los Delegados del Gobierno, una vez valoradas la localización, el
valor de los objetos a proteger, la concentración del riesgo o peligrosidad, la
nocturnidad u otras circunstancias similares.
 Se trata de un establecimiento que no está obligado, con carácter general, a
disponer de un servicio de vigilantes de seguridad en sus instalaciones.
 El servicio de vigilantes de seguridad se presta por iniciativa del propio
establecimiento (voluntariamente), con la autorización previa del Delegado del
- 4 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
Gobierno de la Comunidad Autónoma (no imposición del mismo, a través de
una orden administrativa, sino a petición de la propia empresa interesada).
 Al hilo de lo anterior, la Dirección General de la Policía entiende, y así lo ha
venido aplicando en la práctica, que, aún tratándose de establecimientos o
entidades contempladas en el apartado 1.c) del artículo 81 del RSP, podrán sus
titulares solicitar la correspondiente autorización de prestación de servicios con
armas, por aplicación del apartado 2 del artículo 81. En efecto, si el repetido
reglamento habilita a la Administración para adoptar una orden preventiva
imponiendo forzosamente al destinatario la prestación de servicios con armas,
no se puede hacer ninguna objeción jurídica a que sea el propio afectado el que
solicite una autorización para la adopción de tales servicios voluntariamente.
CONCLUSIONES
Consecuentemente, en este caso concreto, puesto que el servicio en cuestión no
ha sido impuesto obligatoriamente, sino que se ha establecido con carácter voluntario, la
prestación del mismo, con armas o sin armas, debe de quedar a criterio del cliente, con el
informe del Jefe de Seguridad de la empresa prestataria del servicio en el que se aporte el
análisis de las situaciones de riesgo, viniendo obligada la empresa de seguridad a
comunicar las posibles variaciones del contrato.
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la
Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor
de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la consulta
sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un acto de los
descritos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que
contra el mismo no cabe recurso alguno.
UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA

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