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2012/012 * Medidas de seguridad en estaciones de servicio.

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2012/012 * Medidas de seguridad en estaciones de servicio.

Mensaje por 38435-6718 el Miér 30 Nov 2016, 20:48

INFORME UCSP Nº: 2012/012
FECHA 06.03.2012
ASUNTO Medidas de seguridad en estaciones de servicio.
ANTECEDENTES
Consulta de los representantes de los departamentos de seguridad de Estaciones
de Servicio, sobre las medidas de seguridad con que deben contar los establecimientos
dedicados al suministro de combustibles, a raíz de la entrada en vigor de las nuevas
Órdenes ministeriales, así como la interpretación de esta Unidad Central a cerca de la
Disposición Adicional Primera de la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero sobre medidas de
seguridad privada, concretamente en lo relativo a la obligación de que las estaciones de
servicio, como establecimientos obligados, deban disponer de un sistema de captación y
registro de imágenes así como de la obligación, o no, a conectarse a central de alarmas.
Además de lo anterior, consultan la posibilidad legal de incorporar nuevos
elementos del almacenamiento de efectivo, que mejoren, o, en su caso, pudieran sustituir a
los previstos y prescritos por el Reglamento de Seguridad Privada.
CONSIDERACIONES
Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta
Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o
aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos.
Medidas de seguridad en estaciones de servicio
En primer lugar, respecto a la primera parte de la consulta, conviene recordar que
la Sección Quinta de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana, en su artículo 13, trata de las medidas de seguridad en
establecimientos e instalaciones. Dicho artículo, recoge la posibilidad de que el Ministerio
del Interior pueda ordenar, conforme a lo que se disponga reglamentariamente, la adopción
de las medidas de seguridad necesarias en establecimientos e instalaciones industriales,
comerciales y de servicios, para prevenir la comisión de los actos delictivos que se puedan
cometer contra ellos, cuando generen riesgos directos para terceros o sean especialmente
vulnerables.
Por su parte, la disposición final cuarta de la misma Ley, autoriza igualmente al
Gobierno a dictar las normas necesarias para determinar las medidas de seguridad que, de
conformidad con lo previsto en el artículo 13 del mismo texto legal, puedan ser impuestas a
entidades y establecimientos.
- 2 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
Como parte del desarrollo de lo anteriormente expresado, también es necesario
hacer referencia a la capacidad que, a través del contenido del artículo 112 del Real
Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad
Privada, se otorga al Secretario de Estado de Seguridad o, en su caso, a las Delegaciones
o Subdelegaciones del Gobierno para que, en virtud de distintas circunstancias que así lo
aconsejen y que vienen contenidas en el mismo artículo, las empresas o entidades a que
hace referencia ese Título III, se les pueda exigir la adopción de una serie de medidas de
seguridad que en ese momento y por alguna o algunas circunstancias, haga necesaria su
implantación.
El Capítulo II del mismo Título, en sus distintas Secciones, va enumerando tanto
los establecimientos que este Reglamento considera obligados a disponer de medidas de
seguridad, como las distintas medidas que deben adoptar cada uno de ellos, pero dejando
muchas de ellas sin determinar de forma concreta y, por ello, pendientes de un posible
desarrollo en función de la normal evolución y modificación de las circunstancias que las
motivaron.
Todos estos establecimientos deben contar, de una u otra forma, con diferentes
medidas de seguridad, que vienen recogidas en el Reglamento de Seguridad Privada y de
las que conviene destacar, por su influencia en el resto de ellas, la obligación que tienen
todos ellos, excepto las farmacias, de disponer de una caja fuerte con unas características
que vienen determinadas en las Órdenes de desarrollo, publicadas por el Ministerio del
Interior, en cumplimiento de lo establecido en la mencionada reglamentación.
De forma concreta, y en lo referente a las estaciones de servicio y unidades de
suministro de combustible y carburantes, como las denomina el Reglamento mencionado,
el artículo 130 recoge las medidas de seguridad con que deben contar estos
establecimientos, encontrándose entre ellas, como ya se ha indicado, la obligación de
contar con una caja fuerte, con el grado de seguridad que determine el Ministerio del
Interior. También es significativo el contenido del apartado quinto del mismo artículo, que
de forma específica para ellos, recoge la posibilidad de que "en los casos en los que el
volumen económico, la ubicación de las estaciones de servicio o, en general, su
vulnerabilidad lo requiera, los Delegados o Subdelegados del Gobierno puedan imponer la
obligación de las empresas titulares de adoptar alguno de los servicios o sistemas de
seguridad establecidos en el artículo 112 de este Reglamento".
Consecuencia de lo anterior, la Orden Ministerial de 23 de abril de 1997, ya
derogada, por la que se concretaban determinados aspectos en materia de medidas de
seguridad, en cumplimiento del Reglamento de Seguridad Privada, en su disposición
novena, determinaba, en sus cuatro apartados, las características genéricas que debían
tener, en cuanto a medidas de seguridad físicas y electrónicas, las mencionadas cajas
fuertes.
- 3 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
La vigente Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad
privada, que sustituye a la antedicha, recoge, en su artículo 9, las mismas exigencias que
la Orden anterior, ya derogada, añadiendo, además, un punto quinto relativo a las
características del obligatorio anclaje de las referidas cajas fuertes. El punto segundo del
mismo artículo, exige que todas las cajas fuertes cuenten, como mínimo, con un detector
sísmico, conectado al sistema de alarma del establecimiento.
Sin embargo, el artículo 20 de la mencionada Orden INT/317, al igual que recogía la
derogada Orden de 23 de abril de 1997, en el caso de las estaciones de servicio, mantiene
la limitación, acerca de las características que deben tener las cajas fuertes de estos
establecimientos, al apartado primero del referido artículo 9 del mismo texto legal, es decir,
al nivel de resistencia de la misma. Esa limitación parece indicar, en principio, que se les
exceptúa de la obligación de tener instalado en su interior un detector sísmico y, por tanto,
un sistema de seguridad electrónico al que este estuviera conectado, y que respondiera
ante un posible ataque o intento de apertura no autorizada.
A pesar de que, salvo las entidades financieras y las joyerías, el resto de los
establecimientos a los que el Reglamento obliga a contar con sistemas de seguridad y, por
tanto, están sometidos a esta normativa, no tenían la obligación de conectar sus sistemas
a las centrales de alarmas , y teniendo en cuenta también las modificaciones que a lo largo
de estos años se han ido produciendo, tanto desde el punto de vista tecnológico como
operativo, la nueva Orden de Medidas no ha hecho sino cumpliendo con las obligaciones
reglamentarias que le vienen impuestas, adecuar y explicitar las características que le son
exigidas a los sistemas de estos establecimientos, para poder cumplir la finalidad por la
que les fueron impuestas, que no es otra que la de prevenir los posibles hechos delictivos
que se intenten cometer contra ellos, ayudar a la identificación y detención de los
delincuentes y, con todo ello, a la mejora de la seguridad ciudadana.
Significar, por último, redundando en lo ya expresado, que el Reglamento de
Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre y sus
modificaciones posteriores, dedica su Título III, a "Medidas de seguridad", enumerando en
el Capítulo II, y más concretamente en sus cuatro primeras Secciones, las medidas de
seguridad de los establecimientos obligados normativamente a disponer de ellas, las
cuales son determinadas y desarrolladas en la Orden INT /317/2011, de 1 de febrero,
sobre medidas de seguridad privada.
Instalación de nuevos elementos del almacenamiento de efectivo
Por otra parte, en cuanto a la posibilidad legal de implementar o sustituir las
medidas de seguridad que se exigen a estos establecimientos, conviene partir de que, la
Ley 23/1992 de 30 de julio, de Seguridad Privada, modificada por el Real Decreto-Ley
2/1999, de 29 de enero y por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, determina, en su artículo
4.1, que:“Para garantizar la seguridad, solamente se podrán utilizar las medidas
- 4 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
reglamentadas y los medios materiales y técnicos homologados, de manera que se
garantice su eficacia y se evite que produzcan daños o molestias a terceros.”
En desarrollo de la citada Ley, el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por
Real Decreto 2364/1994, establece, en el punto primero del anteriormente mencionado
artículo 130, las medidas de seguridad con que deben contar obligatoriamente las
estaciones de servicio, indicando su apartado primero que: “Las estaciones de servicio y
unidades de suministro de combustibles y carburantes dispondrán de una caja fuerte con el
nivel de resistencia que determine el Ministerio del Interior, con sistema o mecanismo que
impida la extracción del dinero a través de la abertura destinada a su introducción en la
caja, y dos cerraduras protegidas. La caja estará empotrada en una estructura de hormigón
armado, preferentemente en el suelo.”
Concretando lo anterior, la Orden INT 317/2011, en su artículo 20, se refiere a las
cajas fuertes con que deben contar las estaciones de servicio, indicando que: “Las cajas
fuertes de las estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles y
carburantes contarán con el nivel de seguridad y las medidas establecidas en el apartado
primero del artículo 9 de la presente Orden, y se ubicarán en zonas reservadas al personal,
fuera de la vista del público.”, estableciendo el apartado primero del mencionado artículo 9
que: “Las cajas fuertes han de estar construidas con materiales con grado de seguridad 4
según la Norma UNE-EN 1143-1”.
Por otra parte, el artículo 21 de la expresada Orden, en relación con el artículo 130.3
del Reglamento de Seguridad Privada, establece, en el punto 2, que:“En el caso de
autoservicios la caja registradora no podrá contener una cantidad superior a la fijada en el
apartado sexto del citado Anexo II”, es decir, 1.200 euros, estableciendo el punto 3, que:
“El dinero que exceda de las cantidades fijadas en los apartados quinto y sexto del Anexo II
de la presente Orden, deberá ser introducido en la caja fuerte.”
Teniendo en cuenta lo expresado, se plantea la posibilidad de que, a fin de mejorar
la seguridad y optimizar tanto el transporte de fondos, como la detección de billetes falsos,
se autorice a instalar, en las estaciones de servicio que lo consideren oportuno, un
dispositivo de aceptación y almacenamiento de efectivo, dotado de una caja fuerte, con
grado de seguridad IV, certificada, mediante un informe emitido por parte un Organismo
destinado al efecto y autorizado por ENAC, para tal actividad.
Según se manifiesta en el escrito de consulta, el denominado aceptador de
efectivo contaría con una caja fuerte de grado IV, certificada en su fabricación por un
organismo autorizado, dotada de un detector sísmico conectado al sistema de seguridad
del establecimiento y atendido por una central de alarmas autorizada, instalado detrás del
mostrador de atención al público, lo que supondría que la caja fuerte estaría fuera de su
vista, estando, por supuesto, anclada por uno de los procedimientos previstos en la norma
UNE 108136, es decir, cumpliendo todo lo previsto en el artículo 9 de la Orden INT/317.
- 5 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
Pues bien, esta propuesta podría dar lugar a dos supuestos diferentes:
1. Que se pretendiese con este dispositivo suplir el modelo de instalación que
recoge la normativa actual ya referida.
2. Que fuese un dispositivo destinado a complementar la seguridad del
establecimiento, pero manteniendo la caja fuerte reglamentaria, con todas
las características y tipo de anclaje previstos para éstas también en la
normativa.
En el primero de los casos, la sustitución de la caja fuerte empotrada por este
nuevo modelo de sistema de almacenamiento de efectivo, llevaría aparejada la aplicación
de lo dispuesto en el artículo 130.6 del Reglamento de Seguridad Privada, sobre
dispensas, en virtud de la redacción del artículo 129.1 del mismo Reglamento, en el que se
señala que los Delegados de Gobierno podrán dispensar de todas o algunas de las
medidas de seguridad a los establecimientos cuyos titulares lo soliciten.
En dicha solicitud, dado que se produce un cambio de los elementos de seguridad,
se deberá indicar que la nueva unidad de almacenamiento supone un incremento adicional
en las medidas de seguridad exigibles, al incorporar todas las características propuestas y
ya enumeradas anteriormente.
Del mismo modo, será necesario indicar que el sistema de seguridad del
establecimiento es también complementado con un subsistema de grabación de imágenes,
igualmente conectado a una central de alarmas.
Respecto a la propuesta presentada y en este primer supuesto, cabe considerar,
vistas las características y condiciones con que el nuevo elemento de seguridad se
pretende instalar, que no existe inconveniente en permitir su instalación y utilización, por
considerarlo perfectamente asumible, dadas las condiciones de seguridad específicas con
que va a contar.
El segundo supuesto supondría solo un incremento de las medidas exigidas y, por
tanto, al ser voluntarias, únicamente sería preceptivo el cumplimiento de las características
de la caja fuerte, es decir su nivel de resistencia y su anclaje, siendo también obligatoria la
presentación, en la Unidad Territorial competente en esta materia, de la documentación
correspondiente a la certificación de la misma, en el que deberán constar las
características, el grado exigido, así como el certificado del anclaje de la misma, por si en
algún momento y por cualquier circunstancia le fueran requeridos.
En este segundo caso, se debe tener en cuenta que seguirían siendo obligatorias
todas las demás medidas y demás aspectos previstos, respecto al depósito del efectivo, en
la caja fuerte destinada y autorizada para su almacenamiento, cuando éste supere las
cantidades previstas, en el anclaje de ésta por el procedimiento establecido, es decir,
- 6 - MINISTERIO
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DE LA POLICÍA
empotrándola en hormigón, y lo referente al sistema de apertura, cerraduras y custodia de
las llaves.
Por último, cabría la posibilidad de asimilar esta segunda opción a lo previsto en la
disposición adicional tercera de la mencionada Orden INT/317, que recoge el supuesto de
la instalación de “otras unidades de almacenamiento de efectivo” y dice que: “Cuando los
establecimientos regulados en esta Orden cuenten con sistemas de dispensación y cobro
automático de dinero en efectivo, éstos deberán disponer en su interior, para el caso de
que el efectivo permanezca depositado fuera del horario de apertura o durante la noche, de
un contenedor con grado de seguridad 4 según Norma UNE-EN 1143-1 y con las
características recogidas en el artículo 9 de esta Orden”, en cuyo caso sus características
serían similares a las del primer supuesto.
También hay que señalar que, para la instalación de dicha unidad de
almacenamiento en estaciones de servicio o centros de suministro de combustible, como
sustituta de la caja fuerte autorizada, o en los casos de nuevas aperturas, será necesario,
en ambos supuestos, solicitar la preceptiva autorización gubernativa, para la preceptiva
inspección, y el devengo de las correspondientes tasas.
Respecto al lugar y forma de instalación, la norma señala claramente las
condiciones de instalación, entendiendo que la disposición de las áreas de cobro son
“zonas reservadas al personal” y que su ubicación detrás del mostrador de atención al
público, cumpliría con la premisa de quedar “fuera de la vista del público”, inicialmente
podría considerarse ajustado a las condiciones exigidas en la Orden INT/317/2011.
CONCLUSIONES
Contestando de manera concreta a las preguntas formuladas y teniendo en cuenta
las condiciones legales expuestas, cabe realizar las siguientes consideraciones:
Medidas de seguridad en estaciones de servicio
Respecto a las medidas de seguridad con que deben contar las “estaciones de
servicio y unidades de suministro de combustible y carburantes”, la nueva Orden INT/317
mantiene, en principio, las mismas que se exigían con anterioridad a su publicación, dado
que estos establecimientos siguen estando obligados a cumplir, únicamente, con el punto
primero del artículo noveno de la mencionada Orden, que les exige una caja fuerte de las
características, nivel de seguridad y anclaje, recogidas en ese punto, no teniendo, por ello,
obligación de tener instalado detector sísmico y, por tanto, un sistema de seguridad
electrónico al que conectarlo.
Tampoco es necesario que la caja fuerte cuente con un sistema de bloqueo ni
retardo, dado que la condición de que la apertura de la misma esté sometida a la
necesidad de hacer coincidir a dos personas diferentes que, en ningún caso, salvo que así
- 7 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
se requiera, puedan estar al tiempo en el establecimiento, según recoge el artículo 130 del
Reglamento, lo hace inoperante.
Por tanto, la única diferencia entre las obligaciones anteriores y las actuales
consistirá, para poder cumplir con lo establecido en la disposición adicional objeto de
consulta, en la instalación de, al menos, un equipo de grabación y registro de imágenes, en
modo local, de las características especificadas en el ya mencionado artículo 4 de la
Orden.
Esto supone que el grabador de imágenes deberá estar ubicado en el interior del
establecimiento, en un lugar no visible por el público y en el interior de un lugar o
receptáculo que goce de una protección suficiente para dificultar, en lo posible, su
detección, sustracción o destrucción. De igual manera deberá estar dotado de cualquier
tipo de dispositivo que, en caso de ser hallado, dificulte y retarde su apertura o
manipulación.
Al no estar este tipo de dispositivos definidos, por el momento, en ninguna norma,
ni determinadas específicamente sus características, deberán ser consideradas válidas
cualesquiera que cumplan la función que se persigue, que no es sino la de proteger las
imágenes grabadas, ya que son el medio de identificación y, en su caso, detención de los
autores de hechos delictivos, debiendo estar, por tanto, únicamente a disposición de la
autoridad judicial o de los cuerpos de seguridad competentes.
En cuanto a las características de las cámaras de registro de imágenes, de forma
general, y desde un punto de vista técnico, deben, en primer lugar, contar con una
definición y alcance que permita la identificación de las personas que accedan al perímetro
exterior o interior del establecimiento, según el titular considere apropiado y, en la medida
de lo necesario, estar dotadas de una lente con una cobertura muy amplia, es decir,
cámaras que tengan una amplitud de campo y definición de imagen tal, que se pueda
conseguir llegar a la identificación de un sujeto, o como textualmente recoge la normativa,
“equipos o sistemas de captación y registro, con capacidad para obtener las imágenes de
los autores de delitos contra las personas y contra la propiedad, cometidos en estos
establecimientos u oficinas, que deberán permitir la posterior identificación de aquéllos”.
Es conveniente aclarar que, en ningún caso, la función de un sistema de grabación
y registro de imágenes es vigilar exclusivamente el lugar donde se deposita el efectivo, es
decir la caja fuerte, sino actuar como un sistema de vigilancia que, salvadas las
limitaciones relativas a proteccion de datos, permita grabar imágenes de las personas que
accedan al interior o circulen por el exterior del perímetro del establecimiento, e intenten o
cometan actos delictivos contra las personas o bienes allí depositados.
Respecto al tratamiento de las imágenes grabadas, independientemente de las
obligaciones derivadas de la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), al tratarse de establecimientos
- 8 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
obligados a contar con estos dispositivos, es necesario cumplir lo que sobre ellos exige el
artículo 120 del Real Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre, que aprueba el Reglamento de
Seguridad Privada, que en sus apartados b y c regula aspectos relativos a esta materia:
b) “Los soportes destinados a la grabación de imágenes han de estar
protegidos contra robo, y la entidad de ahorro o de crédito deberá conservar
los soportes con las imágenes grabadas durante quince días al menos
desde la fecha de la grabación, en que estarán exclusivamente a disposición
de las autoridades judiciales y de las dependencias de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, a las que facilitarán inmediatamente aquellas que se
refieran a la comisión de hechos delictivos”.
c) “El contenido de los soportes será estrictamente reservado, y las imágenes
grabadas únicamente podrán ser utilizadas como medio de identificación de
los autores de delitos contra las personas y contra la propiedad, debiendo
ser inutilizados el contenido de los soportes y las imágenes una vez
transcurridos quince días desde la grabación, salvo que hubiesen dispuesto
lo contrario las autoridades judiciales o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
competentes”.
Respecto al visionado y tratamiento de las imágenes grabadas, e
independientemente de las obligaciones recogidas por la normativa de seguridad privada,
ya mencionadas, habrá que atenerse a lo que la LOPD exige al respecto, es decir, el titular
deberá atenerse a los principios del artículo 9 de la Instrucción 1/2006, de 08.11.06 sobre
Seguridad y Secreto que dice:
“El responsable deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas
necesarias que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado.
Asimismo cualquier persona que por razón del ejercicio de sus funciones tenga
acceso a los datos deberá de observar la debida reserva, confidencialidad y sigilo en
relación con las mismas.
El responsable deberá informar a las personas con acceso a los datos del deber
de secreto a que se refiere el apartado anterior.”
Por tanto no se requiere para ello que necesaria y exclusivamente sea personal de
seguridad privada, sino una persona que reúna las condiciones descritas, salvo que se
trate de un servicio de vigilancia permanente realizado de forma exclusiva por una persona,
en cuyo caso, al poderlo considerar, a todos los efectos, un supuesto contemplado en la
normativa de seguridad privada, sería necesario que tal actividad fuera desempeñada por
personal autorizado para ello, es decir por un vigilante de seguridad.
- 9 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
Por último, respecto a las estaciones de servicio, mientras no se disponga de
forma específica, por cualquiera de las alternativas que ofrece la normativa actual, como ya
ocurre en algunas provincias y comunidades, la obligación de instalar un sistema de
seguridad electrónico conectado a una central de alarmas, sería conveniente que se
aconsejara que, de forma voluntaria, dada la especial situación de este sector, se instalara
un sistema de estas características, conectado a una central de alarmas, que permitiera la
atención inmediata de cualquier intento de atraco, robo o hurto de los que ocurren en este
tipo de establecimientos.
Como en el resto de los supuestos, el plazo de adecuación del sistema de
grabación y registro de imágenes será de dos años.
Instalación de nuevos elementos del almacenamiento de efectivo
Por otra parte, y respecto a esta segunda cuestión, se considera que no existe
ningún inconveniente en la instalación de este tipo de equipos, siempre que se tengan en
cuenta las condiciones especificadas en este informe, es decir que en ambos casos sería
aceptable, ya que mejora las condiciones de seguridad del establecimiento.
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la
Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor
de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la consulta
sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un acto de los
descritos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que
contra el mismo no cabe recurso alguno.
UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA

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