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2012/013 * Sobre la necesidad de sustitución de cajas fuertes instaladas en entidades bancarias.

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2012/013 * Sobre la necesidad de sustitución de cajas fuertes instaladas en entidades bancarias.

Mensaje por 38435-6718 el Miér 30 Nov 2016, 20:49

INFORME UCSP Nº: 2012/013
FECHA 08.03.2012
ASUNTO Sobre la necesidad de sustitución de cajas fuertes instaladas en entidades bancarias.
ANTECEDENTES
Consulta de una Unidad Territorial de Seguridad Privada, con motivo de la
determinación de la necesidad de sustitución de cajas fuertes instaladas en entidades
bancarias en el año 1995, las cuales no acreditan el nivel de resistencia exigido en la
norma, conforme a la norma UNE EN 1143-1, ni bloqueo, ni retardo, así como aquellas
instaladas con anterioridad a la publicación de la Ley de Seguridad Privada.
CONSIDERACIONES
Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta
Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros
efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los
ciudadanos.
El artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana, establece la consideración de establecimientos obligados a
disponer de medidas de seguridad al disponer:
“1. El Ministerio del Interior podrá ordenar, conforme a lo que se disponga
reglamentariamente, la adopción de las medidas de seguridad necesarias en
establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios, para prevenir
la comisión de los actos delictivos que se puedan cometer contra ellos, cuando generen
riesgos directos para terceros o sean especialmente vulnerables.”
“4. Los titulares de los establecimientos e instalaciones serán responsables de
la adopción o instalación de las medidas de seguridad obligatorias, de acuerdo con las
normas que respectivamente las regulen, así como de su efectivo funcionamiento y de
la consecución de la finalidad protectora y preventiva propia de cada medida, sin
perjuicio de la responsabilidad en que al respecto puedan incurrir sus empleados.”
En el Capítulo II, del Título III, del R.D. 2364/1994 de 9 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, comprende los artículos 119 y
siguientes, donde se señala el tipo de establecimientos obligados y las medidas de
seguridad especificas exigibles. A este respecto el artículo 122, en relación con los
- 2 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
bancos, cajas de ahorro y demás entidades de crédito, establece en su apartado
primero que “Las cajas fuertes deberán tener los niveles de resistencia que determine
el Ministerio del Interior, y estarán protegidas con los dispositivos de bloqueo y apertura
automática retardada...”, dispositivos que debían cumplir las previsiones contenidas en
el los apartados a) y b) del artículo 121 del Reglamento de Seguridad Privada.
No fue hasta el 23 de abril de 1997, con la publicación de la Orden del
Ministerio del Interior, por la que se concretan determinados aspectos en materia de
medidas de seguridad en cumplimiento del Reglamento de Seguridad Privada, cuando
se determinó el nivel de resistencia exigible a las cajas fuertes instaladas en entidades
bancarias o de crédito, señalando en su artículo noveno, que “Las cajas fuertes han de
estar construidas con materiales cuyo grado de seguridad sea del nivel D, según las
normas UNE108-110-87 y 108-112-87, las cuales serán oportunamente sustituidas, en
su caso, por la norma europea UNE EN 1143-1”, norma europea que aún en la
actualidad prevalece como referente para el establecimiento de los grados de
seguridad de las cajas fuertes en virtud del artículo 9 de la Orden INT 317/2011, que
derogó a la anterior, y que señala que el grado de seguridad de esta medida será el 4.
En el caso que nos ocupa, la caja fuerte instalada lo fue en el año 1995, fecha
en la que se encontraba ya en vigor el Reglamento de Seguridad Privada actual, y en el
que no se determinaba de manera efectiva el grado de seguridad, refiriendo que los
niveles de seguridad de las mismas serán los “...que determine el Ministerio del
Interior,...”, no siendo hasta el año 1997, con la Orden Ministerial referida, cuando se
determina expresamente en el artículo noveno el grado de seguridad de los materiales
con los que debían ser construidas.
No existiendo por tanto, en la fecha de instalación de la referida caja fuerte,
posibilidad de serle exigido el cumplimento de un grado de resistencia concreto, dado
que en ese momento temporal aun no estaba especificado ni recogido ni en la norma
principal, ni en otras complementarias de regulación de este ámbito, vale de aplicación
los mismos fundamentos para las cajas fuertes instaladas con anterioridad a la
publicación del propio Reglamento el día 9 de diciembre de 1994.
En cuanto al dispositivo de bloqueo y apertura automática retardada, sí le sería
exigible su disposición dado que específicamente ya viene recogido en el punto primero
del artículo 122, en relación con el apartado a) y b) del artículo 121 del Reglamento de
Seguridad Privada. No así respecto de las cajas instaladas en fechas anteriores a la
publicación de la norma señalada en el párrafo anterior.
En cuanto a los posibles periodos de adecuación que a dicha medida física
pudieran afectarle, la Disposición Transitoria de la Orden del Ministerio del Interior de
23 de abril de 1997, en su párrafo segundo señalaba el plazo de cinco años para que
- 3 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
se adecuaran las cámaras acorazadas de efectivo y las de compartimentos de alquiler
de las Entidades de Crédito, no señalando específicamente y por tanto quedando
excluidas las cajas fuertes instaladas en dichas entidades.
Finalmente la Orden INT 317/2011, de 1 de Febrero, sobre medidas de
seguridad privada, se establece en la Disposición Transitoria única en relación con los
periodos de adecuación que:
“Los elementos de seguridad física y electrónica y los sistemas de alarma,
instalados antes de la fecha de la entrada en vigor de la presente Orden, en
establecimientos obligados y no obligados, se adecuarán a la misma en el plazo de
diez años.”
CONCLUSIONES
De todo lo anterior cabe concluir los siguientes extremos relacionados con la
consulta efectuada:
1. Las cajas fuertes instaladas con anterioridad a la entrada en vigor del R.D.
2364/1994 de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad Privada, publicado en el BOE 8 de 10 de Enero de 1995, y que
entró en vigor un día después, no tienen obligación legal ni de estar en
posesión de documentación que garantice que reúnen los niveles de
resistencia actualmente exigibles, ni de dispositivos de bloqueo y apertura
automática retardada, al no ser exigida expresamente su adecuación en la
Disposición Transitoria quinta sobre plazos de adecuación de medidas de
seguridad del Reglamento de Seguridad Privada, si bien, al igual que el
resto de elementos que componen la seguridad física de los
establecimientos obligados, deberán adecuarse al cumplimiento de las
exigencias normativas en el plazo de diez años.
2. Las cajas fuertes instaladas con posterioridad a la entrada en vigor del R.D.
2364/1994 de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad Privada, publicado en el BOE 8 de Enero de 1995, y hasta la
entrada en vigor de la Orden del Ministerio del Interior de 23 de abril de
1997, publicada en el BOE núm. 108 de 6 de mayo de 1997, que lo fue, el
día 5 de junio de 1997, tampoco tendrían obligación legal de estar en
posesión de documentación que garantice que reúnen los niveles de
resistencia actualmente exigibles, si bien, sí debían disponer, por así
encontrarse prevenido en el punto primero del artículo 122, en relación con
el apartado a) y b) del artículo 121, del citado Reglamento de Seguridad
Privada, de dispositivos de bloqueo y apertura automática retardada,
- 4 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
encontrándose esta medida, del mismo modo que las cajas anteriores,
respecto de su grado de seguridad, obligadas a su adecuación a las
exigencias normativas en vigor en el plazo de diez años, (Disposición
Transitoria única, del RD 2364/1994).
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la
Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio
decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la
consulta sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un
acto de los descritos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por lo que contra el mismo no cabe recurso alguno.
UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA

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