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2012/017 * Subcontratación entre centrales de alarmas.

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2012/017 * Subcontratación entre centrales de alarmas.

Mensaje por 38435-6718 el Miér 30 Nov 2016, 20:55

INFORME UCSP Nº: 2012/017
FECHA 27.03.2012
ASUNTO Subcontratación entre centrales de alarmas.
ANTECEDENTES
Consulta sobre la viabilidad de un proyecto de conexión entre distintas
centrales de alarmas mediante subcontratación y la participación de una denominada
“sociedad gestora” responsable de la gestión administrativa.
CONSIDERACIONES
Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta
Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros
efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los
ciudadanos.
El Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Seguridad Privada, recoge en su Sección I, Capítulo III, las
disposiciones comunes de funcionamiento en las empresas de seguridad y en su
artículo 14 dispone que “ Los servicios y actividades de seguridad deberán ser
realizados directamente por el personal de la empresa contratada para su prestación,
no pudiendo ésta subcontratarlos con terceros, salvo que lo haga con empresas
inscritas en los correspondientes Registros y autorizadas para la prestación de los
servicios o actividades objeto de subcontratación, y se cumplan los mismos requisitos y
procedimientos prevenidos en este Reglamento para la contratación. La
subcontratación no producirá exoneración de responsabilidad de la empresa
contratante”.
Por otra parte, el artículo 20 del mismo texto legal recoge las características y
condiciones que deben cumplir los contratos que realicen las empresas de seguridad
en cada una de sus actividades, posibilitando la adición, en los mismos, de cualquier
pacto no regulado en el presente Reglamento y remitiendo en cuanto a su formato,
presentación, comunicación y otros aspectos, a los artículos 16, 17 y 18 de la Orden
INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad.
Del contenido de los diferentes artículos y apartados de la mencionada
normativa de seguridad privada, que hacen referencia a la contratación y
subcontratación de servicios de seguridad, se infieren las siguientes obligaciones:
- 2 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
1.- Cualquier servicio que se preste por una empresa de seguridad debe estar
precedido de la realización de un contrato entre las partes intervinientes y su
presentación previa a la iniciación del servicio.
2.- Los servicios y actividades de seguridad que se prestan deben ser
realizados directamente por personal de la empresa contratada, pudiendo esta
subcontratar los mismos únicamente con empresas autorizadas para la misma
actividad.
3.- La subcontratación no exonera de responsabilidad a la empresa que
contrata.
4.- El contenido de los contratos debe reflejar, al menos, todos los aspectos
contemplados en los modelos arriba mencionados, pudiendo añadirles otros campos
que, sin ser obligatorios, puedan ser de interés para las partes.
5.- Existe la obligación legal de presentar los contratos en el tiempo y forma
prevista, indistintamente en cualquiera de las dependencias a las que hace referencia
la normativa antes mencionada o telemáticamente a través de los medios establecidos
al efecto.
6.- La norma no prevé, de forma expresa, cual debe ser el contenido de los
contratos realizados entre dos empresas de seguridad, en la que una de ellas
subcontrata los servicios de centralización de alarmas, que previamente ha formalizado
con sus clientes, con otra empresa autorizada para esta actividad, que será a partir de
ese momento la responsable de la prestación del servicio.
7.- Se entiende que, desde el punto de vista de la normativa de seguridad
privada, lo único que se exige para iniciar la prestación de un servicio, sea del tipo que
sea, es la comunicación del mismo mediante un contrato formalizado entre las partes lo
que lleva implícito, por parte de la administración, el conocimiento del contenido del
mismo. Es decir, esto supone que, a través de la dependencia donde se presenta el
contrato, o en su caso por medio de la aplicación donde deberían estar grabados todos
ellos, la Administración tiene conocimiento de los datos preceptivos y necesarios para
realizar sus funciones.
Si el proyecto objeto de consulta se ajustase a las obligaciones enumeradas
anteriormente, no existiría, en principio, ninguna objeción para su implantación. Sin
embargo, existen algunos puntos no explicados suficientemente que hacen dudar del
cumplimiento de la normativa de seguridad privada. Así, por ejemplo, se habla de
inactividad de las centrales denominadas “primarias” durante las noches y fines de
- 3 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
semana, sin explicar la situación de los operadores; no queda claro tampoco si la
gestión de los contratos y resto de obligaciones con los usuarios las realizan las
empresas o la sociedad de gestión y, sobre todo, no hay referencia a si este
proyecto se debe a motivos puntuales y tiene un limite en el tiempo o carácter
definitivo por razones de gestión empresarial.
A este respecto, hay que señalar que el concepto de subcontratación para la
normativa de seguridad privada, debe entenderse como una alternativa de gestión
empresarial o como una solución para situaciones concretas, como puede ser el
elevado volumen de trabajo o contratación, que no pueden ser atendidas
directamente por la empresa, subcontratando este excedente de forma puntual con
otra autorizada para su misma actividad y sujeta a las obligaciones ya señaladas.
En el supuesto sometido a consulta, parece que algunas empresas
prestasen los servicios de centralización de alarmas temporalmente (en horario
laboral de lunes a viernes), convirtiéndose el resto del tiempo en meras
intermediarias o comisionistas de las otras. En la práctica, negocian con su
autorización, no con los servicios que debería prestar en función de la actividad
autorizada, lo que podría constituir un claro fraude de ley.
El título I del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto
2364/1994, de 9 de diciembre, está dedicado íntegramente a la inscripción,
autorización y funcionamiento de las empresas de seguridad, enumerando los
requisitos y obligaciones que éstas deben cumplir, siendo significativo, respecto a la
consulta planteada, el artículo 12.1 que, bajo el epígrafe “Causas de cancelación”,
dispone que:
“Los requisitos, recursos humanos y medios materiales y técnicos exigidos
para la inscripción y autorización de las empresas de seguridad, deberán
mantenerse durante todo el tiempo de vigencia de la autorización”.
Y el punto 2, d) del mismo artículo, señala como causa de cancelación: “la
falta de inactividad de la empresa de seguridad durante el plazo de un año”.
Recordar, por último, respecto a la sociedad gestora y dado que sus funciones
no quedan claramente definidas, que en ningún caso podrá realizar ninguno de los
trámites que la legislación de seguridad privada atribuye en exclusividad a las
empresas de seguridad (contratos, comunicaciones, certificaciones….), pudiendo
formalizar cuestiones no relacionadas con la citada normativa.
- 4 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
CONCLUSIONES
En base a lo expuesto anteriormente y en el concreto caso planteado, entiende
esta Unidad que no es posible utilizar la subcontratación, ya que el proyecto pretende
que, sin aparentes causas objetivas que lo motiven, las empresas presten “a tiempo
parcial” los servicios para los que fueron autorizadas, lo que claramente desvirtuaría la
finalidad y los objetivos pretendidos por la normativa de seguridad privada para esta
figura contractual.
Todavía más clara es la imposibilidad legal, como parece apuntar el proyecto,
de prescindir de los operadores de las empresas que subcontratan, durante el tiempo
que los servicios de alarmas son prestados por las subcontratadas, ya que el artículo
12.1 del Reglamento, es taxativo en cuanto a las exigencias y medios que las
empresas deben mantener durante el tiempo de vigencia de la autorización y cuyo
incumplimiento supondría el inicio del procedimiento para su cancelación, toda vez que
los recursos humanos tienen la consideración de imprescindibles para mantener la
autorización de la actividad, en este caso, de centralización de alarmas.
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la
Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio
decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la
consulta sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un
acto de los descritos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por lo que contra el mismo no cabe recurso alguno.
UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA

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