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2012/053 * Supresión de prestación de servicio de seguridad con armas de fuego.

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2012/053 * Supresión de prestación de servicio de seguridad con armas de fuego.

Mensaje por 38435-6718 el Jue 01 Dic 2016, 17:34

INFORME UCSP Nº: 2012/053
FECHA 13.07.2012
ASUNTO Supresión de prestación de servicio de seguridad con armas de fuego.
ANTECEDENTES
Consulta de un representante sindical en una empresa de seguridad privada en
la que denuncia el incumplimiento de lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Seguridad Privada por la supresión de la prestación de un servicio de seguridad con
armas de fuego, por medio de vigilantes de seguridad privada, en las instalaciones de
los centros de repetición de comunicación.
CONSIDERACIONES
Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta
Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros
efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los
ciudadanos.
A la vista del contenido de la Ley 30/1992, de 30 de julio, de Seguridad
Privada, se infiere que la voluntad del legislador, en relación con la prestación de los
servicios de seguridad privada, es que los mismos, como regla general, se realicen sin
armas, previéndose la autorización del uso de las mismas únicamente cuando lo exijan
las concretas circunstancias.
Así, el artículo 14 de dicha Ley establece que “los vigilantes de seguridad,
previo el otorgamiento de las correspondientes licencias, sólo desarrollarán con armas
de fuego las funciones indicadas en el artículo 11, en los supuestos que
reglamentariamente se determinen, entre los que se comprenderá los de vigilancia y
protección de fábricas, depósitos o transporte de armas y explosivos, de industrias o
establecimientos peligrosos que se encuentren en despoblado y aquellos otros de
análoga significación”.
En desarrollo de tal precepto, el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado
por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, en su artículo 81, apartado 1, dispone
que “los vigilantes sólo desempeñarán con armas de fuego los siguientes servicios:
a. Los de protección del almacenamiento, recuento, clasificación, transporte y
distribución de dinero, valores y objetos valiosos o peligrosos.
- 2 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
b. Los de vigilancia y protección de:
1. Centros y establecimientos militares y aquellos otros dependientes del
Ministerio de Defensa, en los que presten servicio miembros de las
Fuerzas Armadas o estén destinados al uso por el citado personal.
2. Fábricas, depósitos y transporte de armas, explosivos y sustancias
peligrosas.
3. Industrias o establecimientos calificados como peligrosos, con arreglo a la
legislación de actividades clasificadas, por manipulación, utilización o
producción de materias inflamables o explosivas que se encuentren en
despoblado.
4. En los siguientes establecimientos, entidades, organismos, inmuebles y
buques, cuando así se disponga por la Dirección General de la Policía en
los supuestos no circunscritos al ámbito provincial, o por las Delegaciones
o Subdelegaciones del Gobierno, valoradas circunstancias tales como la
localización, el valor de los objetos a proteger, la concentración del riesgo
o peligrosidad, la nocturnidad u otras de análoga significación:
4. Centros y redes de repetidores de comunicación.
Dicho artículo, en su apartado 2, estipula que:
“cuando las empresas, organismos o entidades titulares de los
establecimientos o inmuebles entendiesen que en supuestos no incluidos en el
apartado anterior el servicio debiera ser prestado con armas de fuego, teniendo en
cuenta las circunstancias que en el mismo se mencionan, solicitarán la correspondiente
autorización a la Dirección General de la Policía respecto a supuestos no circunscritos
al ámbito provincial o a las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, que
resolverán lo procedente, pudiendo autorizar la formalización del correspondiente
contrato”.
Por su parte, el artículo 112.1.b) del referido reglamento, dispone que:
“cuando la naturaleza o importancia de la actividad económica que desarrollan
las empresas y entidades privadas, la localización de sus instalaciones, la
concentración de sus clientes, el volumen de los fondos o valores que manejen, el valor
de los bienes muebles u objetos valiosos que posean, o cualquier otra causa lo
hiciesen necesario, el Secretario de Estado de Seguridad para supuestos
supraprovinciales, o los Gobernadores Civiles, podrán exigir a la empresa o entidad
que adopte, entre otros servicios, el establecimiento del servicio de vigilantes de
seguridad, con a sin armas a cargo de personal integrado en empresas de seguridad”.
- 3 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
Por último, reseñar que mediante resolución dictada por el Director General de
la Policía, de fecha 5 de febrero de 1998, se autorizó, de conformidad con lo
establecido en el apartado 1, c) del artículo 81 del Reglamento de Seguridad Privada,
la prestación de servicios con armas de fuego, por parte de vigilantes de seguridad,
para todas las instalaciones que una empresa de comunicacion posee en todo el
territorio nacional, previa solicitud por parte de esa entidad (en base a que las
características de las instalaciones se podían subsumir en los supuestos contemplados
en el artículo 81.1.c) 3º, Centros y sedes repetidores de comunicación.
De la normativa antedicha, puesta en concomitancia con el caso que nos ocupa
y la resolución de referencia, pueden extraerse las siguientes consideraciones:
 El citado artículo 81 del RSP distingue entre los servicios que
necesariamente se prestarán con armas de fuego, sin necesidad de
autorización alguna (los del apartado 1, letras a) y b)), aquellos otros en los
que así se disponga por las autoridades competentes respecto de
determinados establecimientos o entidades (los del apartado 1, letra c), y los
sometidos a autorización previa (los comprendidos en la fórmula residual del
apartado 2), valoradas las circunstancias que en estos dos últimos
supuestos se determinan.
 En la relación de los centros o establecimientos cuya vigilancia y protección
ha de efectuarse necesariamente con vigilantes armados, no se encuentran
comprendidos todos y cada uno de los “Centros y sedes repetidores de
comunicación” por lo que la prestación de servicios con armas en tales
establecimientos, incardinados obviamente en la letra c) del apartado 1 del
artículo 81 del RSP, solamente la puede imponer la Dirección General de la
Policía o, en su caso, los Delegados del Gobierno, una vez valoradas la
localización, el valor de los objetos a proteger, la concentración del riesgo o
peligrosidad, la nocturnidad u otras circunstancias similares.
 Se trata de un establecimiento que no está obligado, con carácter general, a
disponer de un servicio de vigilantes de seguridad en sus instalaciones.
 El servicio de vigilantes de seguridad se presta por iniciativa del propio
establecimiento (voluntariamente), con la autorización previa del Director
General de la Policía (no imposición del mismo, a través de una orden
administrativa, sino a petición de la propia empresa interesada).
 Al hilo de lo anterior, la Dirección General de la Policía entiende, y así lo ha
venido aplicando en la práctica, que, aún tratándose de establecimientos o
entidades contempladas en el apartado 1.c) del artículo 81 del RSP, podrán
- 4 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
sus titulares solicitar la correspondiente autorización de prestación de
servicios con armas, por aplicación del apartado 2 del artículo 81. En efecto,
si el repetido reglamento habilita a la Administración para adoptar una orden
preventiva imponiendo forzosamente al destinatario la prestación de
servicios con armas, no se puede hacer ninguna objeción jurídica a que sea
el propio afectado el que solicite una autorización para la adopción de tales
servicios voluntariamente.
CONCLUSIONES
Consecuentemente, en este caso concreto, puesto que el servicio en cuestión
no ha sido impuesto obligatoriamente, sino que se ha establecido con carácter
voluntario, la prestación del mismo, con armas o sin armas, debe de quedar a criterio
del cliente (empresa de comunicación) con el informe del Jefe de Seguridad de la
empresa prestataria del servicio en el que se aporte el análisis de las situaciones de
riesgo, viniendo obligada la empresa de seguridad a comunicar las posibles variaciones
del contrato.
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la
Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio
decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la
consulta sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un
acto de los descritos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por lo que contra el mismo no cabe recurso alguno.
UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA

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