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2012/065 * Traspaso de sede social entre empresas de seguridad.

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2012/065 * Traspaso de sede social entre empresas de seguridad.

Mensaje por 38435-6718 el Jue 01 Dic 2016, 17:49

INFORME UCSP Nº: 2012/065
FECHA 15.10.2012
ASUNTO Traspaso de sede social entre empresas de seguridad.
ANTECEDENTES
Consulta efectuada por una Asociación relativa al traspaso del domicilio social
entre una empresa de seguridad autorizada y otra que pretende constituirse en
empresa de seguridad.
CONSIDERACIONES
Se participa que los informes o respuestas que emite esta Unidad tienen un
carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para quien los emite y
para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones
distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos.
La existencia de un derecho cierto crea seguridad jurídica. El procedimiento
legal y sus diferentes fases para la autorización de empresas de seguridad viene
taxativamente reglado por el Reglamento de Seguridad Privada, especialmente en sus
Art. 4 y 5. Así se determina que “El procedimiento de autorización constará de tres
fases, que requerirán documentaciones específicas y serán objeto de actuaciones y
resoluciones sucesivas…” y en el art. 5.1 sobre documentación: “El procedimiento
de autorización se iniciará a solicitud de la sociedad o persona interesada…”,
desarrollándose a continuación el procedimiento en tres fases sucesivas de
actuaciones y resoluciones. Y así es en la fase tercera y última, sobre documentación
complementaria y resolución, es donde el solicitante debe presentar ante el órgano
administrativo competente un “Certificado acreditativo de la instalación de un sistema
de seguridad de las características que determine el Ministerio del Interior” en el
domicilio social de la empresa o delegación, domicilio que necesariamente ya debe
figurar en la presentación de la escritura pública de constitución( Fase Primera), si se
trata de personas jurídicas, e inscrito en el Registro Mercantil.
Las características del tal sistema de seguridad ya fueron establecidas en la
vigente Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada,
que vienen a desarrollar el precepto legal anterior.
Es por tanto que la norma aplicable al caso resultará ser la vigente en la fecha
de la presentación de la solicitud de autorización en el correspondiente Registro, por lo
que tanto el Proyecto de Instalación como el Certificado de Instalación de las medidas
- 2 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
de seguridad deben ser emitidos por una empresa autorizada de instalación ajustados
a los requerimientos legales en vigor en el momento de presentación de la solicitud de
autorización.
No parece que resulten equiparables las situaciones de establecimientos
obligados y empresas de seguridad, en lo que se denomina situaciones de “traspaso”,
dado que en los establecimientos obligados si puede presentarse esta situación cuando
el titular cambia y el establecimiento no ha cesado en la actividad, al tratarse de una
autorización administrativa de carácter real, por lo que permanece vigente el acto
administrativo de autorización de entrada en funcionamiento.
La cuestión que se plantea no se refiere a la autorización de entrada en
funcionamiento de la empresa, ni hace referencia a procesos de fusión o absorción
entre empresas, en los que si se produciría una subrogación en los derechos y
obligaciones de las absorbida o fusionadas, que al afectar a la totalidad de la empresa
y actividad autorizada, abarcaría igualmente al ajuste a la legalidad de las medidas de
seguridad con las que autorizaron, en su momento, estas últimas.
Si el establecimiento obligado (joyería, etc.) cesa con carácter definitivo, la
autorización administrativa no se ha de entender prolongada en el tiempo, por lo que si
el local- ya exento de su carácter de establecimiento obligado- es adquirido para
desarrollar nuevamente la actividad, recuperando tal carácter, deberá de disponer de
nueva autorización administrativa y de medidas de seguridad homologadas conforme a
la normativa vigente.
Lo expuesto en la consulta podría implicar que una empresa que pretende
iniciar el trámite de autorización como empresa de seguridad, para obtener cierta
ventaja futura sobre aquellas otras que vayan a disponer de forma más “habitual” de un
domicilio social, adquiera lo que constituye el domicilio social de otra ya autorizada en
el que desarrolla legalmente sus actividades de seguridad privada, con la pretensión de
subrogarse en los derechos reconocidos a la anterior. Esto más bien podría representar
un salto de pértiga sobre la legalidad
También cabe entender que si la empresa de seguridad cesa definitivamente
en su actividad, el domicilio social perdería su consideración de tal desde el punto de
vista de seguridad privada, por lo que de ser traspasado lo sería en condición de local,
desprovisto de los derechos y obligaciones derivados de la autorización registral de la
empresa en cese, y por tanto no puede constituirse en objeto de subrogación en el
sentido que se pretende.
- 3 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
CONCLUSIONES
En base a las consideraciones expuestas, exceptuando situaciones de
absorción o fusión entre empresas de seguridad habilitadas no planteadas en la
consulta, la pretensión de adquisición del domicilio social de una empresa de seguridad
habilitada en activo por parte de una empresa que pretende iniciar los trámites para su
autorización no cumple las fases del procedimiento establecido para la autorización de
las empresas de seguridad.
Tampoco se estima que sean comparables las autorizaciones administrativas
en los establecimientos obligados con respecto a las correspondientes a las empresas
de seguridad, ya que en los primeros la autorización es de carácter real y se agota en
la disponibilidad y funcionamiento de medidas de seguridad para prevenir actos
delictivos, en tanto que la autorización registral de las empresas de seguridad se basa
en el cumplimiento de una serie de fases procedimentales que posibiliten la prestación
eficaz de actividades y servicios complementarios y subordinados a la seguridad
pública.
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la
Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio
decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la
consulta sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un
acto de los descritos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por lo que contra el mismo no cabe recurso alguno.
UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA

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