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2012/073 * Posible colisión LSP-LOPD.

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2012/073 * Posible colisión LSP-LOPD.

Mensaje por 38435-6718 el Jue 01 Dic 2016, 17:59

INFORME UCSP Nº: 2012/073

FECHA 27.11.2012

ASUNTO Posible colisión LSP-LOPD.

ANTECEDENTES

En relación con la obligación que el Estado impone a las empresas de
seguridad, de implantar determinadas medidas, a través de la normativa específica de
seguridad privada, una empresa de Seguridad considera necesaria una aclaración, por
parte de la Administración, en cuanto a su compatibilidad, entre las obligaciones
impuestas por la citada Ley de Seguridad Privada, Ley 23/1992 de 30 de julio y la
obligación de recabar el consentimiento de los afectados cuando se obtengan datos de
carácter personal, captación de imágenes, establecida por la Ley Orgánica de
Protección de Datos, Ley Orgánica 15/1999, de 15 de diciembre.

CONSIDERACIONES

Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta
Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros
efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los
ciudadanos.

Reiteradamente, en diversas sentencias en materia de seguridad privada,
dictadas en primera o segunda instancia por la jurisdicción contencioso-administrativa
de la Audiencia Nacional, se insiste en considerar a las empresas de seguridad, en
cuanto que prestan servicios privados de seguridad, como servicios complementarios y
subordinados respecto a los de seguridad pública, mediante cesión por parte del
Estado de uno de los pilares básicos de la convivencia, la seguridad, que antes ejercía
en régimen de monopolio, y que mediante la correspondiente autorización y fuertes
controles de las empresas y su personal, impensables en otras áreas de la actividad
económica o empresarial, se ejerce por el sector privado.

A este respecto, el artículo 7.2 c) de la LSP establece que: “Para la prestación
de los servicios y actividades de seguridad privada contemplados en esta Ley, las
empresas de seguridad deberán obtener la oportuna autorización administrativa por el
procedimiento que se determine reglamentariamente, a cuyo efecto deberán reunir los
siguientes requisitos:

c) “Contar con los medios humanos, de formación, financieros, materiales y
técnicos, que se determinen reglamentariamente. En particular, cuando se presten
servicios para los que se precise el uso de armas, habrán de adoptarse las medidas
que garanticen su adecuada custodia, utilización y funcionamiento, en la forma que se
determine.”

Por su parte, la LOPD al establecer como premisa en su artículo 6 la
obligatoriedad de recabar el consentimiento del afectado, cuando se obtengan datos de
carácter personal, entendiendo que revisten tal carácter, según el artículo 5.1 f) del
Reglamento de Protección de Datos: “Cualquier información numérica, alfabética,
gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas
identificadas o identificables”. Lo cual habría que poner en conexión con la obligación
impuesta a las empresas de seguridad, de contar con los “medios técnicos que se
determinen reglamentariamente”. Obligación que entraría dentro de la excepción
prevista en propio artículo 6 de la LOPD al continuar afirmando:”……salvo que la Ley
disponga otra cosa”.

Al mismo tiempo, y en relación con lo anterior, como requisito previo para la
autorización e inscripción de las empresas de seguridad, estas deberán pasar por un
procedimiento de autorización establecido, entre otros, en el artículo 5 del RSP, por el
que deberán presentar una serie de documentación, entre la que se encuentra un:

“Certificado acreditativo de la instalación de un sistema de seguridad de la
características que determine el Ministerio del Interior”.

Para la especificación de tales características, la Orden INT/ 314/2011, en su
artículo 5, apartado c) es determinante en las características del sistema de seguridad
exigidas reglamentariamente, al concretar que deberán disponer:”c) Equipos o
sistemas de captación y registro de imágenes, en su interior o exterior, indistintamente.”
Así mismo, la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española
de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de
vigilancia a través de cámaras o videocámaras establece en su artículo 1 su ámbito de
aplicación determinado:

1. “La presente Instrucción se aplica al tratamiento de datos personales de
imágenes de personas físicas, identificadas o identificables, con fines de vigilancia a
través de sistemas de cámaras y videocámaras.

El tratamiento objeto de esta Instrucción comprende la grabación, captación,
transmisión, conservación, y almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción o
emisión en tiempo real, así como el tratamiento que resulte de los datos personales
relacionados con aquellas.”

Correlativamente, y en respuesta a la normativa anterior, es necesario referirse
al artículo 7 de la ya expuesta Orden 314 del Ministerio del Interior, que dentro del
Capítulo dedicado a las medidas específicas que deberán adoptar las empresas de
seguridad, según a la actividad a la que se dediquen, y en concreto las que deben
establecer las que se dediquen a depósito de efectivo o valores, dispone:

“1. Las empresas que se constituyan para la actividad de depósito, custodia y
tratamiento de monedas y billetes, títulos valores y objetos valiosos o peligrosos,
excepto explosivos, además del sistema descrito en el artículo 5 c), “equipos o
sistemas de captación y registro de imágenes, en su interior o exterior, indistintamente”,
dispondrán en los locales en que se pretendan desarrollar dicha actividad, de un
sistema de seguridad compuesto, como mínimo por:

a) Equipos o sistemas de captación y registro de imágenes, con capacidad
para facilitar la identificación de los autores de delitos contra las personas y contra la
propiedad, para la protección perimetral del inmueble, controles de accesos de
personas y vehículos y zonas de carga y descarga, recuento y clasificación, cámara
acorazada, antecámara y pasillo de ronda de la cámara acorazada.

b) Los soportes destinados a la grabación de imágenes deberán conservarse
durante treinta días desde la fecha de grabación. Las imágenes estarán
exclusivamente a disposición de las autoridades judiciales y de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad competentes. Cuando las imágenes se refieran a la comisión de hechos
delictivos serán inmediatamente puestas a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

c) El contenido de los soportes será estrictamente reservado. Las imágenes
grabadas podrán ser utilizadas únicamente como medio de identificación de los autores
de los hechos delictivos, debiendo ser inutilizados tanto los contenidos de los soportes
como las imágenes, una vez transcurridos treinta días desde la grabación, salvo que
hubiesen dispuesto lo contrario las autoridades judiciales o las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad competentes.”

CONCLUSIONES

De todas las consideraciones anteriormente enunciadas, se desprende, “prima
facie” una excepción genérica, de las garantías que establece la LOPD, derivada de la
cesión que la Administración realiza de una de sus competencias básicas, la seguridad,
en una parte del sector privado, al que impone la adopción de fuertes medidas de
seguridad y un estricto control, por parte de aquella, de los requisitos que deben reunir
y las autoridades a cuya disposición deben quedar los soportes de todos los datos
automatizados, sin menoscabo de los derechos de los administrados.

Al objeto de dar carta de naturaleza a la asunción de esas competencias
estatales, con carácter complementario y subordinado, y con el fin de evitar colisiones
en el orden legislativo entre materias, aparentemente contrapuestas, la propia LOPD
establece, en garantía del administrado, una excepción, con fuerza de Ley (LSP), y que
viene representada por las medidas de seguridad que necesariamente deben de
adoptar las empresas dedicadas a este sector, y todo ello porque la Administración no
puede ir en contra de sus propios actos, imponiendo una serie de obligaciones
normativas, por un lado, y por otro, vaciarlas de contenido, mediante el establecimiento
de exigencias que, en todo o en parte, se contrapongan.

Por todo lo anterior cabe colegir que las empresas de seguridad, y
concretamente las constituidas para la actividad de depósito, custodia y tratamiento de
monedas y billetes, títulos valores y objetos peligrosos, estarían dentro de la excepción
del artículo 6 de la LOPD, y en cumplimiento del mandato legal específico de seguridad
privada, dichas empresas deberán instalar sistemas de captación y registro de
imágenes en todas las zonas descritas, incluidos los perímetros colindantes de
titularidad pública, sin contravención, por ello, del resto de normativa de dicha Ley no
incluida en la referida excepción.

Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la
Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio
decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la
consulta sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un
acto de los descritos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por lo que contra el mismo no cabe recurso alguno.

UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA

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