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2012/082 * Compraventa de oro en el exterior del establecimiento, hoteles o el territorio nacional

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2012/082 * Compraventa de oro en el exterior del establecimiento, hoteles o el territorio nacional

Mensaje por 38435-6718 el Vie 02 Dic 2016, 08:35

INFORME UCSP Nº: 2012/082
FECHA 18.12.2012
ASUNTO Compraventa de oro en el exterior del establecimiento, hoteles o el territorio nacional.
ANTECEDENTES
Escrito consulta de una particular sobre la posibilidad de realizar la actividad de
compraventa de oro fuera del establecimiento respetando las medidas que para ello se
exijan, o en hoteles o similares.
CONSIDERACIONES
Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta
Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros
efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los
ciudadanos.
La Ley Orgánica1/1992, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
determina en su art. 13.1 que “el Ministerio del Interior podrá ordenar, conforme a lo
que se disponga reglamentariamente, la adopción de las medidas de seguridad
necesarias en establecimientos o instalaciones industriales, comerciales y de servicio,
para prevenir la comisión de los actos delictivos que se puedan cometer contra ellos,
cuando generen riesgos directos para terceros o sean especialmente vulnerables”.
Por otra parte La Ley de Seguridad Privada 23/92, de 30 de Julio, confiere
facultades inspectoras al Cuerpo Nacional de Policía al señalar en su preámbulo, “...
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han de estar permanentemente
presentes en el desarrollo de las actividades privadas de seguridad...”, del mismo modo
en el punto segundo de su Art. 2, establece que “De conformidad con lo dispuesto en la
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, corresponde al Cuerpo Nacional de
Policía el control de las entidades, servicios o actuaciones y del personal y medios en
materia de seguridad privada”.
Esta actividad inspectora es contemplada específicamente en la norma referida
desde dos puntos de vista en el caso de los establecimientos de compraventa de oro:
1º) Desde el ámbito de Policía Judicial, al señalar el artículo 12: “las personas
naturales o jurídicas que desarrollen actividades relevantes para la seguridad
ciudadana, como las de hospedaje, el comercio o reparación de objetos usados, el
- 2 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
alquiler o el desguace de vehículos de motor, o la compraventa de joyas y metales
preciosos, deberán llevar a cabo las actuaciones de registro documental e información
previstas en la normativa vigente”.
Este control se realiza mediante la comprobación e inspección de la
observancia de los requisitos obligatorios de libros-registro de operaciones de
compraventa, así como el tiempo de depósito de los objetos adquiridos, pues todas las
operaciones de compraventa de oro, metales y objetos preciosos, realizadas en dichos
establecimientos, habrán de anotarse necesariamente en ellos y mantener
temporalmente su custodia, para su debido control policial
2º) Desde el ámbito de la Seguridad Privada, la L.O 1/92, establecía la
posibilidad de exigir a ciertos establecimientos, en base a sus actividades y a su
especial vulnerabilidad y riesgo, determinadas medidas de seguridad para prevenir la
comisión de actos delictivos contra los mismos, condicionando su apertura a la
comprobación por las autoridades competentes de su idoneidad y suficiencia, tal y
como señala el artículo 13, correspondiendo dicha función a la Unidad Central de
Seguridad Privada y sus Unidades Territoriales, significando que serán los titulares de
los establecimientos e instalaciones los responsables de la adopción o instalación de
dichas medidas de seguridad obligatorias, así como de su efectivo funcionamiento y de
la consecución de la finalidad protectora y preventiva propia de cada medida.
Por otro lado, el RD 2364/1994, por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad Privada, en su artículo 127.1, recoge específicamente las medidas de
seguridad aplicables a “los establecimientos de joyería y platería, así como en aquellos
otros en los que se fabriquen o exhiban objetos de tal industria”, relacionando las
consideradas como obligatorias para tales establecimientos.
De entre las medidas obligatorias, cabe señalar que también la Disposición
Adicional Primera de la Orden INT/317/20011 establece que: “Los establecimientos
obligados a disponer de una unidad de almacenamiento de seguridad, de las reguladas
por la Norma UNE-EN 1143-1, deberán conectar su sistema de alarmas a una empresa
de seguridad autorizada para la actividad de central de alarmas, o en su caso, a una
central de uso propio. Tales instalaciones contarán, entre sus elementos con un
sistema de registro de imágenes, con las características recogidas en el artículo 4 de la
presente Orden, permitiendo con ello, a la central de alarmas, la verificación de las
señales que pudiesen producirse” Dichos equipos son utilizados por los grupos de
Policía Judicial específicamente como medio de investigación de ilícitos cometidos en
los establecimientos y frecuentemente como apoyo de otras investigaciones penales,
no relacionadas directamente con el propio establecimiento.
- 3 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
Abundando en lo anterior la Dirección Adjunta Operativa estableció, el pasado
mes de marzo un Plan Operativo Funcional relativo al control de ilícitos vinculados a la
compraventa de metales preciosos, en el que señala como objetivo específico
incrementar al actividad inspectora tanto Seguridad Privada como de Policía Judicial
respectos del cumplimiento de medidas de seguridad y actividades realizadas
Por todo lo anteriormente expuesto la modalidad de negocio consistente en la
compra de oro a domicilio o ambulante, se considera inviable al no poder ajustarse
debidamente a las exigencias legales sobre medidas de seguridad que rigen para los
establecimientos de compraventa de oro, dado que según refiere en su escrito, las
transacciones se llevarían a cabo en el exterior del local, siendo atendidos los cliente
directamente a domicilio. La inexistencia de oficina física implicaría la imposibilidad de
ubicar la unidad de almacenamiento, donde alojar transitoriamente, por el plazo
establecido en la ley, los artículos adquiridos. Hecho que impide implícitamente la
realización de la labor inspectora, tanto de Seguridad Privada como de Policía Judicial.
Por otra parte la inexistencia de un establecimiento físico, pues según refiere
las transacciones se realizarían en el exterior del establecimiento, hace inviable poseer
equipos o sistemas de captación de imágenes, exigidos por la normativa, produciendo
una merma de la Seguridad Pública, por cuanto se impide la disposición a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad de las imágenes que hagan posible la grabación y posterior
identificación de los autores de los delitos contra las personas y la propiedad o las
relacionadas con la venta de objetos preciosos cuya procedencia pudiera ser objeto de
investigación policial.
CONCLUSIONES
De todo lo anterior cabe concluir los siguientes extremos relacionados con las
cuestiones planteadas:
No procede la autorización para realizar operaciones de compraventa de oro y
metales preciosos, en la modalidad de compra a domicilio o ambulante, al carecer en
este tipo de transacciones de un local en su concepto tradicional de “establecimiento”,
recogido en la normativa de seguridad privada, pudiéndose entender por tal a los
locales o inmuebles donde se ejerce una profesión y cuya características constructivas
conllevan un determinado grado de seguridad física, provocando su ejecución tal y
como refiere querer ser concebida una situación de indefensión ante cualquier tipo de
ataque a las personas que realicen dicha actividad, que se incrementa por el valor de
las joyas adquiridas.
La compraventa de oro ocasional en locales o establecimientos no dedicados
habitualmente a esta actividad, como pudieran ser los hoteles que refiere en su
- 4 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
consulta, estarán sujetos a lo dispuesto en el art.128 del Reglamento de Seguridad
Privada que exige “la comunicación del asentamiento temporal de la misma , con al
menos, quince días de anticipación, a la Subdelegación del Gobierno que en cada
ámbito territorial corresponda, la que, en relación a las medidas de seguridad recabará
los informes pertinentes para la implantación de las medidas de vigilancia y seguridad
que considere adecuadas al caso”.
En cuanto a los representantes de joyería que alude en su pregunta en este
caso no existe analogía puesto que estos sí están autorizados de manera específica en
el art.32 del Reglamento de Seguridad Privada para esa actividad que dice:”Solamente
podrán llevar consigo reproducciones de joyas u objetos preciosos cuya venta
promocionen, o las piezas originales, cuando su valor no exceda en su conjunto de la
cantidad que determine el Ministerio del Interior”., así el art 19 de la Orden
INT/317/2011 establece que:”éstos sólo están autorizados para portar muestrarios de
joyería cuyo valor no exceda de 450.000 euros”
En cuanto a la pregunta de si es posible realizar la actividad de venta de oro en
todo el territorio nacional fuera del establecimiento ésta ya queda contestada con lo
anterior al quedar excluida esta actividad de venta ambulante, no obstante si se refiere
a transportar la mercancía vendida previamente en un establecimiento autorizado las
empresas comerciales, industriales y de servicios podrán efectuar el transporte de sus
fondos u objetos valiosos directamente, no obstante, si contratan este transporte con
un tercero, éste deberá ser una empresa de seguridad autorizada para esta actividad,
por cuanto la empresa contratada estaría prestando un servicio de seguridad a terceros
ya que, toda prestación a terceros de servicios o actividades de seguridad privada y, el
transporte de fondos y distribución de monedas, billetes y objetos valiosos o
peligrosos es un de ellas, deberá realizarse, en todo caso, por empresa de seguridad.
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la
Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio
decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la
consulta sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un
acto de los descritos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por lo que contra el mismo no cabe recurso alguno.
.
UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA

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