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» Consulta sobre los ejercicios de tiro obligatorios establecidos para los vigilantes de seguridad y la renovación de sus licencias de armas.
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» Interpretación aplicativa del artículo 41, de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, sobre servicios de vigilancia y protección de eventos deportivos.
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» Controles de acceso, del artículo 6.2, de la Ley 5/2014.
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2013/006 * Cuestiones sobre casas de compra venta de oro.

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2013/006 * Cuestiones sobre casas de compra venta de oro.

Mensaje por 38435-6718 el Vie 02 Dic 2016, 08:53

INFORME UCSP Nº: 2013/006
FECHA 04/01/2013
ASUNTO Cuestiones sobre casas de compra venta de oro.
ANTECEDENTES
Escrito consulta de una Delegación de Gobierno, sobre la actividad comercial,
medidas de seguridad y otras cuestiones en establecimientos dedicados a la
compraventa de oro y metales preciosos, dimanante de la consulta efectuada por un
particular, en representación de un Grupo Empresarial.
CONSIDERACIONES
Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta
Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros
efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los
ciudadanos.
La Ley Orgánica 1/1992, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, en su
Art. 13.1, determina que:
“el Ministerio del Interior podrá ordenar, conforme a lo que se disponga
reglamentariamente, la adopción de las medidas de seguridad necesarias en
establecimientos o instalaciones industriales, comerciales y de servicio, para prevenir la
comisión de los actos delictivos que se puedan cometer contra ellos, cuando generen
riesgos directos para terceros o sean especialmente vulnerables”.
En este sentido, la Ley de Seguridad Privada 23/92, de 30 de Julio, confiere
facultades inspectoras al Cuerpo Nacional de Policía al señalar en su preámbulo que
“las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han de estar permanentemente
presentes en el desarrollo de las actividades privadas de seguridad”, indicando en su
Art. 2, que “De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, corresponde al Cuerpo Nacional de Policía el control de las entidades,
servicios o actuaciones y del personal y medios en materia de seguridad privada”.
Esta actividad inspectora es contemplada específicamente desde dos puntos
de vista en el caso de los establecimientos de compraventa de oro:
- 2 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
1º) Desde el ámbito de Policía Judicial, al señalar el artículo 12 de la L.O. 1/92,
que “las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades relevantes para la
seguridad ciudadana, como las de hospedaje, el comercio o reparación de objetos
usados, el alquiler o el desguace de vehículos de motor, o la compraventa de joyas y
metales preciosos, deberán llevar a cabo las actuaciones de registro documental e
información previstas en la normativa vigente”.
Este control se realiza mediante la comprobación e inspección de la
observancia de los requisitos obligatorios de libros-registro de operaciones de
compraventa, así como el tiempo de depósito de los objetos adquiridos, pues todas las
operaciones de compraventa de oro, metales y objetos preciosos, realizadas en dichos
establecimientos, habrán de anotarse necesariamente en ellos y mantener
temporalmente su custodia, para su debido control policial.
2º) Desde el ámbito de la Seguridad Privada, la L.O. 1/92, establecía la
posibilidad de exigir a ciertos establecimientos, en base a sus actividades y a su
especial vulnerabilidad y riesgo, determinadas medidas de seguridad para prevenir la
comisión de actos delictivos contra los mismos, condicionando su apertura a la
comprobación por las autoridades competentes de su idoneidad y suficiencia, tal y
como señala el artículo 13, correspondiendo dicha función a la Unidad Central de
Seguridad Privada y sus Unidades Territoriales, significando que serán los titulares de
los establecimientos e instalaciones, los responsables de la adopción o instalación de
dichas medidas de seguridad obligatorias, así como de su efectivo funcionamiento y de
la consecución de la finalidad protectora y preventiva propia de cada medida.
Por otro lado, el RD 2364/1994, por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad Privada, en su artículo 127.1, recoge específicamente “las medidas de
seguridad aplicables a los establecimientos de joyería y platería, así como en aquellos
otros en los que se fabriquen o exhiban objetos de tal industria”, relacionando las
consideradas como obligatorias para tales establecimientos.
De entre las medidas obligatorias, cabe señalar que también la Disposición
Adicional Primera, de la Orden INT/317/2011, sobre Medidas de Seguridad, establece
que “Los establecimientos obligados a disponer de una unidad de almacenamiento de
seguridad, de las reguladas por la Norma UNE-EN 1143-1, deberán conectar su
sistema de alarmas a una empresa de seguridad autorizada para la actividad de central
de alarmas, o en su caso, a una central de uso propio. Tales instalaciones contarán,
entre sus elementos con un sistema de registro de imágenes, con las características
recogidas en el artículo 4 de la presente Orden, permitiendo con ello, a la central de
alarmas, la verificación de las señales que pudiesen producirse”, equipos que son
utilizados por los grupos de Policía Judicial específicamente como medio de
investigación de ilícitos cometidos en los establecimientos y frecuentemente como
- 3 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
apoyo de otras investigaciones penales, no relacionadas directamente con el propio
establecimiento.
Por otro lado, el Reglamento de Objetos Fabricados con Metales Preciosos,
establece en su artículo 87, que:
“Las casas de compraventa, las casa de empeño o préstamo en general,
quienes se dediquen al comercio de objetos usados de oro, plata o platino, con o sin
piedras preciosas o perlas finas deberán comunicar a los Delegados del Gobierno el
comienzo y cese de sus actividades, cumplir cuantos requisitos exija la legislación
vigente para el ejercicio de dichas actividades y figurar dados de alta en el epígrafe o
epígrafes correspondientes de la Licencia Fiscal del Impuesto Industrial”.
En este mismo sentido, el Capítulo II, del Reglamento de Comercio y Reciclaje
de objetos Usados que Contengan en su Composición Metales Preciosos, en los
artículos 87 al 89, enumera una serie de obligaciones a cumplir por este tipo de
establecimientos.
No obstante lo anteriormente expuesto, habrá de tenerse en cuenta que el
artículo 129.1, del citado Reglamento de Seguridad Privada, determina que “teniendo
en cuenta el reducido volumen de negocio u otras circunstancias que habrán de ser
debidamente acreditadas, los Delegados de Gobierno podrán dispensar de todas o
algunas de las medidas de seguridad previstas en el artículo 127 del Reglamento a los
establecimientos cuyos titulares lo soliciten“.
CONCLUSIONES
De todo lo anterior cabe concluir los siguientes extremos relacionados con las
cuestiones planteadas:
1. En atención a la normativa citada las joyerías, platerías, así como en
“aquellos otros establecimientos en los que se fabriquen o exhiban objetos
de tal industria”, a los que alude el Reglamento de Seguridad Privada, y
que define el Reglamento de Objetos Fabricados con Metales Preciosos,
en los que en base a su especial riesgo para la seguridad ciudadana, de
forma habitual se producen operaciones comerciales de compra, venta, o
ambas, de objetos de joyería o platería, deben quedar enmarcados en la
literalidad del Art. 127.1 del citado Reglamento y normativa
complementaria, con idénticas condiciones de autorización de entrada en
funcionamiento y medidas de seguridad obligatorias que las joyerías
convencionales, todo ello sin perjuicio de que sus titulares puedan
acogerse a su derecho, así previsto, a solicitar la dispensa de las medidas
- 4 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
de seguridad que, en cada caso, estimen convenientes, correspondiendo a
los Delegados, Subdelegados de Gobierno o autoridades autonómicas
competentes del territorio en que se encuentren físicamente ubicados los
establecimientos obligados, previa valoración de los informes y actas de
inspección que se emitan por parte de los funcionarios de Seguridad
Privada del cuerpo policial competente, del análisis de la criminalidad
territorial, así como de las solicitudes de dispensa de medidas de seguridad
que eventualmente puedan solicitar los interesados, pudiendo instar
además, la elaboración de informes adicionales y realizar las consultas
legalmente previstas que estimen pertinentes para la resolución del
procedimiento de autorización.
2. El disponer de un recinto blindado o bunker no está previsto, en principio,
en la normativa de seguridad privada, como medida de seguridad
obligatoria para este tipo de establecimientos, por lo que su existencia en
un establecimiento de compraventa de oro, no lo exime de cumplir las
medidas obligatorias previstas en la normativa vigente, entre las que se
encuentran el disponer, de acuerdo con el Art. 17 de la Orden
INT/317/2011, de una puerta blindada en todos los accesos al
establecimiento, con clase de resistencia 5, según norma UNE EN 1627,
para la parte opaca y con resistencia P6B, al ataque manual, según norma
UNE EN 356, para la parte acristalada, además de cierres metálicos en el
exterior. Si bien, por causa debidamente motivada, que sería objeto de
valoración, podría solicitar la dispensa prevista en el Art. 129 del RSP,
pudiendo ser tenido en consideración, para la estimación de la misma, la
existencia de un recinto blindado instalado con carácter voluntario, dado los
elevados niveles de seguridad que aportan en la operativa de este tipo de
establecimiento.
3. La modalidad de negocio consistente en la compra de oro a domicilio o
ambulante, se considera inviable al no poder ajustarse debidamente a las
exigencias legales sobre medidas de seguridad obligatorias que rigen para
los establecimientos de compraventa de oro, dado que la inexistencia de
oficina física implicaría la imposibilidad de ubicar la unidad de
almacenamiento, donde alojar transitoriamente, por el plazo establecido en
la ley, la mercancía adquirida, hecho que a su vez impide la realización de
la labor inspectora, tanto de Seguridad Privada como de Policía Judicial,
debiendo tenerse en cuenta que, la inexistencia de un establecimiento
físico, hace inviable la utilización de equipos o sistemas de captación de
imágenes, exigidos por la normativa, produciendo una merma de la
Seguridad Pública, por cuanto se impide la disposición a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad de las imágenes que hagan posible la grabación y
- 5 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
posterior identificación de los autores de los delitos contra las personas y la
propiedad, o las relacionadas con la venta de objetos preciosos cuya
procedencia pudiera ser objeto de investigación policial, circunstancias que
del mismo modo, son exigidas por las normas legales. Por lo tanto no
procede la autorización para realizar operaciones de compraventa de oro y
metales preciosos, en la modalidad de compra a domicilio, así como
tampoco procede la concesión de la exención de medidas al carecer de un
local en su concepto tradicional de “establecimiento”, recogido en la
normativa de seguridad privada, pudiéndose entender por tal a los locales o
inmuebles donde se ejerce una profesión, y cuyas características
constructivas conllevan un determinado grado de seguridad física,
pudiendo provocar dicha actividad una situación de indefensión ante
cualquier ataque a las personas que la realicen, incrementada tanto por el
valor de las joyas adquiridas o transportadas, así como por los fondos que
se deben portar para el abono de las transacciones, hecho que de forma
innegable, tiene una repercusión en la seguridad pública.
4. Respecto las medidas de seguridad, serán exigibles en cualquier
establecimiento que se dedique a la actividad normativamente regulada y
ahora objeto de consulta, independientemente del periodo de tiempo que
los artículos adquiridos o tasados, permanezcan en posesión del
establecimiento obligado, no regulando la normativa ninguna excepción
relativa al mayor o menor tiempo de almacenaje de los mismos, para eximir
de dichas medidas de seguridad, debiendo contar igualmente con los
Libros Registro obligatorios.
5. Respecto al parámetro introducido por la normativa denominado “cuantía
mínima de negocio”, en relación a la dispensa de la adopción de medidas
de seguridad obligatorias, la normativa no establece ninguna cantidad
determinada, debiendo valorarse principalmente, como ya se ha referido
anteriormente, las circunstancias concretas del riesgo incidente en cada
territorialidad para proceder a su concesión.
6. Respecto a la cuestión relativa a la compra de objetos usados, como ya se
ha señalado previamente, la normativa aplicable no diferencia en su
regulación, que dichos objetos tengan la consideración de nuevos o
usados, exigiéndose en ambos casos las medidas de seguridad
prevenidas.
En relación con las consultas efectuadas por el representante del Grupo
Empresarial, se significa que casi con idéntico literal o trasfondo de las cuestiones, ya
han sido efectuadas ante esta misma Unidad Central de Seguridad Privada con
- 6 - MINISTERIO
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DE LA POLICÍA
anterioridad, por el mismo administrado o personal de su Grupo. Siéndoles remitidos
los correspondientes informes de fechas 25/09/12; 15/10/12 y 13/12/12, así como
aclaradas cuantas consultas por vía telefónica y que de forma personal en
dependencias policiales, fueron planteadas por aquellos y resueltas en el mismo
sentido en que se expresa el presente informe.
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la
Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio
decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la
consulta sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un
acto de los descritos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por lo que contra el mismo no cabe recurso alguno.

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