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2013/009 * Actividad comercial y medidas de seguridad en establecimientos de compraventa de oro.

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2013/009 * Actividad comercial y medidas de seguridad en establecimientos de compraventa de oro.

Mensaje por 38435-6718 el Vie 02 Dic 2016, 08:59

INFORME UCSP Nº: 2013/009

FECHA 23/01/2013

ASUNTO Actividad comercial y medidas de seguridad en establecimientos de compraventa de oro.

ANTECEDENTES

Escritos consultas de una Subdelegación de Gobierno, sobre la actividad
comercial, medidas de seguridad y otras cuestiones en establecimientos dedicados a la
compraventa de oro y metales preciosos dimanante de la consulta efectuada por un
representante de un Grupo Empresarial.

CONSIDERACIONES

Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta
Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros
efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los
ciudadanos.

La Ley Orgánica 1/1992, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, en su art.
13.1, determina que “el Ministerio del Interior podrá ordenar, conforme a lo que se disponga
reglamentariamente, la adopción de las medidas de seguridad necesarias en
establecimientos o instalaciones industriales, comerciales y de servicio, para prevenir la
comisión de los actos delictivos que se puedan cometer contra ellos, cuando generen
riesgos directos para terceros o sean especialmente vulnerables”.
En este sentido, la Ley de Seguridad Privada 23/92, de 30 de Julio, confiere
facultades inspectoras al Cuerpo Nacional de Policía al señalar en su preámbulo que “las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han de estar permanentemente presentes en
el desarrollo de las actividades privadas de seguridad”, indicando en su art. 2, que “De
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
corresponde al Cuerpo Nacional de Policía el control de las entidades, servicios o
actuaciones y del personal y medios en materia de seguridad privada”.
Esta actividad inspectora es contemplada específicamente desde dos puntos de
vista en el caso de los establecimientos de compraventa de oro:
1º) Desde el ámbito de Policía Judicial, al señalar el artículo 12 de la L.O. 1/92,
que “las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades relevantes para la
seguridad ciudadana, como las de hospedaje, el comercio o reparación de objetos usados,
el alquiler o el desguace de vehículos de motor, o la compraventa de joyas y metales
- 2 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
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DE LA POLICÍA
preciosos, deberán llevar a cabo las actuaciones de registro documental e información
previstas en la normativa vigente”.
Este control se realiza mediante la comprobación e inspección de la observancia
de los requisitos obligatorios de libros-registro de operaciones de compraventa, así como el
tiempo de depósito de los objetos adquiridos, pues todas las operaciones de compraventa
de oro, metales y objetos preciosos, realizadas en dichos establecimientos, habrán de
anotarse necesariamente en ellos y mantener temporalmente su custodia, para su debido
control policial.
2º) Desde el ámbito de la Seguridad Privada, la L.O. 1/92, establecía la posibilidad
de exigir a ciertos establecimientos, en base a sus actividades y a su especial
vulnerabilidad y riesgo, determinadas medidas de seguridad para prevenir la comisión de
actos delictivos contra los mismos, condicionando su apertura a la comprobación por las
autoridades competentes de su idoneidad y suficiencia, tal y como señala el artículo 13,
correspondiendo dicha función a la Unidad Central de Seguridad Privada y sus Unidades
Territoriales, significando que serán los titulares de los establecimientos e instalaciones, los
responsables de la adopción o instalación de dichas medidas de seguridad obligatorias, así
como de su efectivo funcionamiento y de la consecución de la finalidad protectora y
preventiva propia de cada medida.
Por otro lado, el RD 2364/1994, por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad Privada, en su artículo 127.1, recoge específicamente las medidas de seguridad
aplicables a los establecimientos de joyería y platería, así como en aquellos otros en los
que se fabriquen o exhiban objetos de tal industria”, relacionando las consideradas como
obligatorias para tales establecimientos.
De entre las medidas obligatorias, cabe señalar que también la Disposición
Adicional Primera, de la Orden INT/317/2011, sobre Medidas de Seguridad, establece que
“Los establecimientos obligados a disponer de una unidad de almacenamiento de
seguridad, de las reguladas por la Norma UNE-EN 1143-1, deberán conectar su sistema de
alarmas a una empresa de seguridad autorizada para la actividad de central de alarmas, o
en su caso, a una central de uso propio. Tales instalaciones contarán, entre sus elementos
con un sistema de registro de imágenes, con las características recogidas en el artículo 4
de la presente Orden, permitiendo con ello, a la central de alarmas, la verificación de las
señales que pudiesen producirse”, equipos que son utilizados por los Grupos de Policía
Judicial específicamente como medio de investigación de ilícitos cometidos en los
establecimientos y frecuentemente como apoyo de otras investigaciones penales, no
relacionadas directamente con el propio establecimiento.
Por otro lado, el Reglamento de Objetos Fabricados con Metales Preciosos,
establece en su artículo 87, que “Las casas de compraventa, las casa de empeño o
préstamo en general, quienes se dediquen al comercio de objetos usados de oro, plata o
platino, con o sin piedras preciosas o perlas finas deberán comunicar a los Delegados del
- 3 - MINISTERIO
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Gobierno el comienzo y cese de sus actividades, cumplir cuantos requisitos exija la
legislación vigente para el ejercicio de dichas actividades y figurar dados de alta en el
epígrafe o epígrafes correspondientes de la Licencia Fiscal del Impuesto Industrial”.
En este mismo sentido, el Capítulo II, del Reglamento de Comercio y Reciclaje de
objetos Usados que Contengan en su Composición Metales Preciosos, en los artículos 87
al 89, enumera una serie de obligaciones a cumplir por este tipo de establecimientos.
No obstante lo anteriormente expuesto, habrá de tenerse en cuenta que el artículo
129.1, del citado Reglamento de Seguridad Privada, determina que “teniendo en cuenta el
reducido volumen de negocio u otras circunstancias que habrán de ser debidamente
acreditadas, los Delegados de Gobierno podrán dispensar de todas o algunas de las
medidas de seguridad previstas en el artículo 127 del Reglamento a los establecimientos
cuyos titulares lo soliciten“.
CONCLUSIONES
De todo lo anterior cabe concluir los siguientes extremos relacionados con las
cuestiones planteadas:
1. En atención a la normativa citada las joyerías, platerías, así como en “aquellos
otros establecimientos en los que se fabriquen o exhiban objetos de tal industria”, a los que
alude el Reglamento de Seguridad Privada, y que define el Reglamento de Objetos
Fabricados con Metales Preciosos, en los que en base a su especial riesgo para la
seguridad ciudadana, de forma habitual se producen operaciones comerciales de compra,
venta, o ambas, de objetos de joyería o platería, deben quedar enmarcados en la literalidad
del art. 127.1 del citado Reglamento y normativa complementaria, con idénticas
condiciones de autorización de entrada en funcionamiento y medidas de seguridad
obligatorias que las joyerías convencionales, todo ello sin perjuicio de que sus titulares
puedan acogerse a su derecho, así previsto, a solicitar la dispensa de las medidas de
seguridad que, en cada caso, estimen convenientes, correspondiendo a los Delegados,
Subdelegados de Gobierno o autoridades autonómicas competentes del territorio en que
se encuentren físicamente ubicados los establecimientos obligados, previa valoración de
los informes y actas de inspección que se emitan por parte de los funcionarios de
Seguridad Privada del cuerpo policial competente, del análisis de la criminalidad territorial,
así como de las solicitudes de dispensa de medidas de seguridad que eventualmente
puedan solicitar los interesados, pudiendo instar además, la elaboración de informes
adicionales y realizar las consultas legalmente previstas que estimen pertinentes para la
resolución del procedimiento de autorización.
2. El disponer de un recinto blindado o bunker no está previsto, en principio, en la
normativa de seguridad privada, como medida de seguridad obligatoria para este tipo de
establecimientos, por lo que su existencia en un establecimiento de compraventa de oro,
no lo exime de cumplir las medidas obligatorias previstas en la normativa vigente, entre las
- 4 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
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que se encuentran el disponer, de acuerdo con el art. 17 de la Orden INT/317/2011, de una
puerta blindada en todos los accesos al establecimiento, con clase de resistencia 5, según
norma UNE EN 1627, para la parte opaca y con resistencia P6B, al ataque manual, según
norma UNE EN 356, para la parte acristalada, además de cierres metálicos en el exterior.
Si bien, por causa debidamente motivada, que sería objeto de valoración, podría solicitar la
dispensa prevista en el art. 129 del RSP, pudiendo ser tenido en consideración, para la
estimación de la misma, la existencia de un recinto blindado instalado con carácter
voluntario, dado los elevados niveles de seguridad que aportan en la operativa de este tipo
de establecimiento.
3. La modalidad de negocio consistente en la compra de oro a domicilio o
ambulante, se considera inviable al no poder ajustarse debidamente a las exigencias
legales sobre medidas de seguridad obligatorias que rigen para los establecimientos de
compraventa de oro, dado que la inexistencia de oficina física implicaría la imposibilidad de
ubicar la unidad de almacenamiento, donde alojar transitoriamente, por el plazo establecido
en la ley, la mercancía adquirida, hecho que a su vez impide la realización de la labor
inspectora, tanto de Seguridad Privada como de Policía Judicial, debiendo tenerse en
cuenta que, la inexistencia de un establecimiento físico, hace inviable la utilización de
equipos o sistemas de captación de imágenes, exigidos por la normativa, produciendo una
merma de la Seguridad Pública, por cuanto se impide la disposición a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad de las imágenes que hagan posible la grabación y posterior
identificación de los autores de los delitos contra las personas y la propiedad, o las
relacionadas con la venta de objetos preciosos cuya procedencia pudiera ser objeto de
investigación policial, circunstancias que del mismo modo, son exigidas por las normas
legales. Por lo tanto no procede la autorización para realizar operaciones de compraventa
de oro y metales preciosos, en la modalidad de compra a domicilio, así como tampoco
procede la concesión de la exención de medidas al carecer de un local en su concepto
tradicional de “establecimiento”, recogido en la normativa de seguridad privada,
pudiéndose entender por tal a los locales o inmuebles donde se ejerce una profesión, y
cuyas características constructivas conllevan un determinado grado de seguridad física,
pudiendo provocar dicha actividad una situación de indefensión ante cualquier ataque a las
personas que la realicen, incrementada tanto por el valor de las joyas adquiridas o
transportadas, así como por los fondos que se deben portar para el abono de las
transacciones, hecho que de forma innegable, tiene una repercusión en la seguridad
pública.
4. Respecto las medidas de seguridad, serán exigibles en cualquier
establecimiento que se dedique a la actividad normativamente regulada y ahora objeto de
consulta, independientemente del periodo de tiempo que los artículos adquiridos o tasados,
permanezcan en posesión del establecimiento obligado, no regulando la normativa ninguna
excepción relativa al mayor o menor tiempo de almacenaje de los mismos, para eximir de
dichas medidas de seguridad, debiendo contar igualmente con los Libros Registro
obligatorios.
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DE LA POLICÍA
5. Respecto al parámetro introducido por la normativa denominado “cuantía
mínima de negocio”, en relación a la dispensa de la adopción de medidas de seguridad
obligatorias, la normativa no establece ninguna cantidad determinada, debiendo valorarse
principalmente, como ya se ha referido anteriormente, las circunstancias concretas del
riesgo incidente en cada territorialidad para proceder a su concesión.
6. Respecto a la cuestión relativa a la compra de objetos usados, como ya se ha
señalado previamente, la normativa aplicable no diferencia en su regulación, que dichos
objetos tengan la consideración de nuevos o usados, exigiéndose en ambos casos las
medidas de seguridad prevenidas.
7. En relación con las consultas efectuadas por el representante del Grupo
Empresarial, se significa que casi con idéntico literal o trasfondo de las cuestiones, ya han
sido efectuadas ante esta misma Unidad Central de Seguridad Privada con anterioridad,
por el mismo administrado o personal de su Grupo, siéndoles remitidos los
correspondientes informes de fechas 25/09/12, 15/10/12 y 13/12/12, así como aclaradas
cuantas consultas por vía telefónica y que de forma personal en dependencias policiales,
fueron planteadas por aquellos y resueltas en el mismo sentido en que se expresa el
presente informe. Del mismo modo, esta UCSP, elaboró a solicitud de una Subdelegación
de Gobierno el informe nº 16.430 de fecha 04/01/13 en el que el administrado efectuó las
mismas consultas de modo literal que las que motivan la presente.
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la
Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio
decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la
consulta sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un
acto de los descritos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por lo que contra el mismo no cabe recurso alguno.

UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA

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