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2013/012 * Abandono del puesto de trabajo

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2013/012 * Abandono del puesto de trabajo

Mensaje por 38435-6718 el Vie 02 Dic 2016, 09:04

INFORME UCSP Nº: 2013/012

FECHA 11/02/2013

ASUNTO Abandono del puesto de trabajo.

ANTECEDENTES

El presente informe se emite a petición de un vigilante de seguridad, que
solicita información sobre las consecuencias jurídicas que podría conllevar un
abandono de puesto de trabajo en labores de auxilio a requerimiento de otro vigilante
de distinto departamento y empresa.

CONSIDERACIONES

Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta
Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros
efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los
ciudadanos.

La consulta viene referida a la responsabilidad en que pudiera incurrir un
vigilante de seguridad que, estando de servicio y protegiendo un bien privado para el
que ha sido contratado, acude en auxilio de otro vigilante que pertenece a otra empresa
y realiza su servicio en otro lugar próximo, dejando para ello su puesto de trabajo.
En este sentido, recordar que las funciones del vigilante de seguridad, están
recogidas en el artículo 11 de La Ley 23/1992 de Seguridad Privada, en relación con el
art. 71 del Reglamento que la desarrolla, siendo éstas:

a) Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la
protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos.

b) Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles
determinados, sin que en ningún caso puedan detener la documentación personal.

c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de
su protección.

d) Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así
como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al
interrogatorio de aquéllos.

e) Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte
de dinero, valores y objetos valiosos.

f) Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la
prestación de servicios de respuesta de las alarmas que se produzcan, cuya
realización no corresponda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

“El personal de seguridad privada se atendrá en sus actuaciones a los principios
de integridad y dignidad; protección y trato correcto a las personas, evitando abusos,
arbitrariedades y violencias y actuando con congruencia y proporcionalidad en la
utilización de sus facultades y de los medios disponibles” (artículo 1.3 de la L.S.P.).
El ejercicio de estas funciones ha de estar adecuado a los principios básicos de
actuación que establece el artículo 31 de la Orden INT318/2011, de 1 de febrero,
sobre personal de seguridad privada, en desarrollo del artículo 67 del Reglamento de
seguridad privada y, entre los que, además del principio de legalidad, congruencia y
proporcionalidad, se encuentra:

“La protección, que implica desarrollar efectivamente sus responsabilidades
para conseguir los niveles de seguridad establecidos, sin permitirse ninguna forma de
inhibición en su función de evitar hechos ilícitos o peligrosos”.

Por otra parte, es conducta exigida a cualquier persona el deber de acudir en
socorro de otra, por lo que nuestro ordenamiento jurídico, concretamente el artículo 95
del Código Penal, establece:

“1.- El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro
manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será
castigado con la pena de multa de tres a doce meses.

2.- En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no
demande con urgencia auxilio ajeno.

3.- Si la victima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que
omitió el auxilio, la pena será de prisión de 6 a 18 meses y si el accidente se debiere a
imprudencia, la de prisión de seis meses a cuatro años.”

En otro orden de cosas, se ha de tener presente que el tan referido
Reglamento de Seguridad Privada, en su artículo 74.2 dispone que “cuando, por
enfermedad u otra causa justificada, un Vigilante que se encontrara prestando servicio
hubiese de ser relevado por otro, lo comunicará a los responsables de seguridad del
establecimiento o inmueble y a los de la empresa en que se encuentre encuadrado,
con objeto de que puedan asegurar la continuidad del servicio”.

CONCLUSIONES

Por todo ello, una vez analizadas las cuestiones previas, cabe concluir que:
La normativa de seguridad privada, establece las funciones a realizar por el
vigilante de seguridad, al mismo tiempo que establece unos principios básicos de
actuación, y aunque no contempla expresamente la cuestión planteada, en ningún caso
prohíbe responder a la demanda de auxilio de alguien que lo necesita, dejando a la
profesionalidad del actuante la valoración de la intensidad del ataque, debiendo evitar
en todo momento causar un daño mayor que el que se pretende evitar.

Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la
Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio
decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la
consulta sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un
acto de los descritos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por lo que contra el mismo no cabe recurso alguno.



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