Muchas respuestas y pocas soluciones ante la inmigración en Europa

Suiza empieza a cerrar sus puertas. Con el triunfo del “sí” en el referéndum contra la inmigración masiva, el país pretende instaurar cuotas sobre el número máximo de extranjeros que pueden residir en él, con Croacia como primer país en sufrir las consecuencias de esta medida. Con esta decisión se desmarca del acuerdo de libre circulación de personas que firmó con la Unión Europea en 2002, y que un año después también intentó esquivar al no querer aceptar la libre circulación de los nuevos socios de la UE.

Los argumentos para haber tomado esta decisión son muchos, entre ellos el no poder hacer frente a los 80.000 inmigrantes que acoge cada año una población de sólo 8 millones de habitantes. Sin embargo, con un paro del 3,5% y una previsión de crecimiento del PIB de un 2,4% este año, los factores que han motivado esta decisión no son, desde luego, económicos. En 2009 también se vio en el centro del debate cuando, en un intento de frenar la “islamización” que sufría el país,- que cuenta con 400.000 musulmanes – se aprobó por mayoría la prohibición de construir Minaretes en sus mezquitas.

Aunque Suiza no ha sido el único en tomar medidas drásticas contra la inmigración, sí ha sido el único que lo ha hecho teniendo una economía saneada y afectando con su decisión a los propios estados de la UE. Francia, Reino Unido, España o Italia también figuran en la lista de países que han tomado medidas estrictas – y polémicas – en los últimos tiempos para frenar y reducir la inmigración. Estos dos últimos son uno de los principales lugares de entrada para los africanos, y durante mucho tiempo se han visto solos ante el problema. Bajo el argumento de “cada país socio es plenamente responsable de sus fronteras”, la UE se desentendía del problema y no fue hasta 2005 en que los distintos países se reunieron para abordar una `solución conjunta.

Por su parte, Francia ha sido uno de los estados que ha impuesto una política más estricta. Además de actos como la prohibición del burka y el nikab en espacios públicos, el entonces primer ministro Nicolas Sarkozy anunció en 2010 el desmantelamiento de la mitad de los campamentos ilegales de gitanos y nómadas, con la expulsión a sus países de origen de aquellos que hubieran cometido algún delito. La respuesta de la ONU fue rápida, y acusó a Francia de no tener voluntad política para afrontar el aumento de los actos racistas.

En Italia, el primer ministro Silvio Berlusconi aprobó en 2002 una ley en materia de inmigración que incluía entre otras cosas, multar a los inmigrantes clandestinos con cifras de entre 5.000 y 10.000 euros o la obligación de los funcionarios públicos de denunciar a aquellos inmigrantes ilegales residentes en Italia. Fue una ley muy restrictiva y duramente criticada, que tuvo que replantearse después del incidente de Lampedusa. Un de los mayores dramas que ha sufrido Italia en este aspecto, en el que murieron más de 130 personas frente a las costas de Sicilia.

La reina Isabel II fue la encargada de leer las nuevas medidas en materia de inmigración que se aplicarían en Reino Unido, recogidas en el programa del tradicional “Discurso de la reina”, el pasado mayo. Entre ellas, decisión del primer ministro David Cameron, destacaban limitar el acceso de los extranjeros a la sanidad pública; las ayudas a la vivienda o que fuese más fácil deportar delincuentes de otras nacionalidades. Cameron quiso, además, que perdieran el derecho a cobrar el desempleo si están un máximo de 6 meses sin buscar trabajo activamente.

En España la inmigración es ahora mismo uno de los aspectos más importantes y que más polémica generan desde hace días. Primero fue la colocación de concertinas en la valla de Melilla, y ahora, la muerte de 15 inmigrantes en la costa de Ceuta, después de la actuación “disuasoria” de los agentes de la Guardia Civil.

Hoy se debate una reforma en la Ley de Extranjería española, en la que se prevé un endurecimiento pero que no ha sido concretada de momento. El presidente de Melilla ha pedido que se legalicen las devoluciones automáticas de los inmigrantes que saltan la valla y el Ministro de Interior, Fernández Díaz, sólo se ha limitado a decir que “se buscará una fórmula para adaptar la legislación española a la comunitaria en la situación de los inmigrantes que son “rechazados en la frontera”. Solución que dejaremos que nos sorprenda en los próximos días, pero que posiblemente, no estará exenta de su habitual polémica.


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Estos lo tienen claro a estos nadie els dice quien manda en su pais, me gusta Suiza aunque solo sea por esto y por sus chocolates.