AUGC teme por el futuro de los agentes que trabajan en la cárcel

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La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia la privatización de la seguridad en los centros penitenciarios del país, después de que el Consejo de Ministros aprobase el pasado 30 de mayo la contratación de empresas de seguridad privada, consolidando un proyecto piloto iniciado el pasado año. Los vigilantes realizarán labores que hasta ahora eran responsabilidad de Guardia  Civil y Policía Nacional, lo que supondrá, a juicio de la asociación, una reducción de los efectivos de las Fuerzas y  Cuerpos de Seguridad del Estado, con traslados forzosos.

El proyecto piloto se puso en marcha en 21 de los 67 centros dependientes del Ministerio de Interior, con la contratación de 254 vigilantes y un presupuesto de 7 millones de euros. Con el nuevo contrato, el servicio se extiende a todas las prisiones españolas, ampliando el número de efectivos hasta 800 y  con un coste de 33 millones de euros. De acuerdo con los datos facilitados por Jesús Pérez, secretario provincial de AUGC, en el centro penitenciario de Burgos se cuenta con 80 guardias civiles que realizan todo tipo de trabajos de seguridad, vigilancia y traslado de internos.

Reducción de plantilla
Los agentes no trabajan en exclusiva para la cárcel, sino que realizan labores similares en Subdelegación del Gobierno, Comandancia de la Guardia Civil y cuarteles, además de en el Aeropuerto y la Fábrica de la Moneda, de manera esporádica. Con la llegada de la seguridad privada, estos profesionales se dedicarían únicamente a traslado y custodia de penados e internos, quedando las labores de vigilancia, control de accesos y circuito cerrado de televisión para los nuevos contratados. Por ello, Pérez avanza que se producirán cambios de destino “forzosos y encubiertos”, aunque el Gobierno Central lo niegue.

La justificación del Ministerio de Interior se centra en asegurar que se busca destinar al mayor número posible de efectivos de la Guardia  Civil y la Policía Nacional a “la realización de funciones exclusivas”, además de compensar la falta de personal ante una disminución de la Oferta Pública de Empleo. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles insisten en que estas razones se caen por su propio peso, puesto que si no hay dinero para la Oferta Pública de Empleo, tampoco lo tendría que haber para contratar servicios de seguridad privada por 33 millones de euros.

El contrato se estructura en cuatro lotes, divididos por zonas geográficas, y Castilla y León se oferta junto con Asturias, Cantabria, Galicia  y La Rioja, por un montante de 8,5 millones. La adjudicación será por un año y el servicio comenzará a prestarse el 22 de junio. Para la AUGC, el Gobierno Central pretende “rescatar a las empresas de seguridad privada” del país.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles considera que si hay dinero para contratar empresas privadas, también lo hay para sacar una nueva oferta pública de empleo
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Pues yo no temo, seguro que en algún sitio los colocaran, si no están en las cárceles , estarán en otros lugares, pero seguirán trabajando.

Yo temo por el futuro de aquellos vvss y en general por aquellos trabajadores que
su empresa acaba contrato y si que sabe donde colocarlos, para eso la empresa privada es muy lince, al paro directamente, por estos sufro, pero la policía , si salen de un sitio, iran a otro y seguirán trabajando y su familia seguirá comiendo.

caso que en algunas casas de vvss se pasa mal , muy mal.
Pero yo entiendo que reivindiquen lo suyo , como no podría ser de otra forma

Y por supuesto que también estoy de acuerdo en algunas cosas como por ejemplo la ultima frase subrayada del articulo,tienen toda la razón y si no la tienen se la doy , porque asi pienso tambien

saludos