Hacienda prohíbe a la filial de Seguridad Privada de Eulen obtener contratos públicos durante siete meses

El veto rige hasta noviembre y se debe a una sanción de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid por una infracción “muy grave”: actos “contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores”


Antonio M. Vélez / Carlos Sosa

3 de mayo de 2023 22:20 h
Actualizado el 04/05/2023 05:30h

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha inhabilitado a Eulen Seguridad, SA, la división de seguridad privada del gigante español de los servicios Eulen, para obtener contratos públicos de la Administración durante siete meses. El motivo es una sanción “muy grave” de la autoridad laboral en la Comunidad de Madrid por atentar contra la dignidad de trabajadores de la filial multinacional española.


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Según documentación oficial a la que ha tenido acceso elDiario.es, la prohibición de contratar en el ámbito del sector público para esta empresa ha sido ordenada por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, mediante una resolución dictada el 24 de febrero. El veto entró en vigor el pasado 19 de abril y estará vigente hasta el próximo 18 de noviembre.


La prohibición ya figura en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, tal y como establece la legislación. Eulen ha declinado hacer comentarios sobre este asunto.

Fuentes conocedoras del proceso explican que la filial fue objeto de un expediente sancionador por parte del director general de Trabajo de la Comunidad de Madrid. La autoridad laboral competente instruyó un acta de infracción tipificada como “muy grave” en materia social, recogida en el artículo 8.11 del Real Decreto-Ley 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.


Ese artículo castiga “los actos del empresario que fueren contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores”.

La resolución sancionadora fue notificada a la empresa el 14 de mayo de 2021 y fue declarada firme un mes después. Tal y como establece la ley, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid informó de la resolución sancionadora a la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado el 8 de abril de 2022. La sanción de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid fue remitida a la junta de contratos junto a las infracciones en materia laboral o social de otras 22 empresas.


La junta estatal de contratos acordó iniciar la tramitación de expediente administrativo para determinar el alcance y la duración de la prohibición para contratar, al concurrir la causa descrita en el artículo 71.1.b de la ley 9/2017, de contratos públicos. Y, tras analizar el caso, la junta abogó por aplicar esa prohibición a Eulen Seguridad durante el plazo de 7 meses, tal y como finalmente se ha aplicado por orden de la ministra.

La ley de contratos públicos regula en su artículo 71 los motivos para activar la prohibición de contratar con la Administración para las empresas. Entre otros, el falsear datos ante la Administración, haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, financiación de partidos políticos, blanqueo de capitales o contra los trabajadores o por infracción muy grave en materia laboral o social, como en este caso.

Otros supuestos de inhabilitación como contratista de la Administración son haber sido sancionadas en firme por falsear la competencia, por discriminación, por infracciones muy graves de la normativa medioambiental o por no estar al corriente de pago con la Seguridad Social o con Hacienda. En el caso de la participación en cárteles, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quiere empezar a aplicar ese veto directamente, sin pasar por esa junta de contratos.


Decana del sector.

Constituida en marzo de 1974 y con sede en las oficinas de Eulen en la urbanización La Florida, en Madrid, Eulen Seguridad es, como recuerda en su último informe de gestión, correspondiente a 2021, la empresa decana de servicios globales de seguridad en España, “con unos pilares sólidos sobre los que cada día, todos lo que trabajamos en Eulen Seguridad tratamos de desarrollar un concepto de protección física, lógica, reputacional, etc. que pasa por el uso prioritario de la inteligencia y la tecnología, sin olvidarnos por supuesto de las personas y los procedimientos”.


En sus últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, de 2021 y accesibles a través de Insight View, el grupo no hace ninguna mención a esa sanción por vulnerar la dignidad de su plantilla, que se le impuso en ese ejercicio, más allá de reseñar un impacto fiscal de 64.000 euros por “sanciones y expedientes laborales y administrativos”. En esas cuentas indica que en ese ejercicio la filial tuvo unas ventas de 218 millones de euros y un beneficio de apenas 426.000 euros, con 6.588 empleados y unos gastos de personal de 192 millones.

Estas cifras dan idea del impacto que puede tener para la división de Seguridad Privada de Eulen quedarse fuera durante más de la mitad del presente ejercicio del acceso a contratos públicos en España, que es su principal mercado. En el sector de la seguridad privada, el 85% de los gastos de explotación de las empresas suele corresponder a costes laborales. La facturación de Eulen Seguridad equivale a cerca del 15% de las ventas totales del grupo Eulen. El veto aplica únicamente a esa subsidiaria, no al conjunto del grupo.

En sus cuentas, Eulen Seguridad explica que “presta numerosos servicios de seguridad para grandes clientes, algunos de los cuales (fundamentalmente las administraciones públicas) requieren la formalización del contrato a través del correspondiente concurso”.

Su informe de gestión de 2021 se extiende en advertencias sobre las consecuencias de la guerra en Ucrania, su efecto en los precios y “el posible impacto en contratos que puedan devenir onerosos”. También incluye cálculos sobre el incremento de la deuda pública de España en los últimos ejercicios o el aumento del gasto público, pero no precisa cuál es el peso del sector público en su facturación.

La filial es una de las principales patas de negocio de Eulen, un gigante que, tal y como explica en su web, factura más de 1.530 millones al año (el 81% en España), con cerca de 75.000 empleados (el 64% en España) y presencia en Chile, México, Perú, Colombia o Estados Unidos.

Pese a esa elevada facturación, la empresa “da un retorno del 1,5%”, según decía María José Álvarez hace años en una entrevista en la que confirmaba que la guerra con sus hermanos “está igual”. Álvarez, que heredó de su padre (fallecido en 2015) el 60% de las acciones de Eulen, contaba que algunos empresarios le habían ofrecido mediar en un conflicto de difícil solución: “Tengo algunos que me dicen: 'Yo os voy a juntar a comer'. Y respondo que vale, pero que no ponga ni tenedores ni cuchillos. Aprecio el esfuerzo, pero mejor que no”.

Las últimas cuentas de la filial sancionada por Hacienda están firmadas por la propia María José Álvarez y por su sobrina y nieta del fundador, Carlota Álvarez Becerril, que en 2021 se casó con un hijo del naviero valenciano Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

En Eulen Seguridad, como en otras filiales del grupo, figura como apoderada Micaela Núñez Feijóo, hermana del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que es directora de Eulen para el noroeste de España desde hace años.

Fuente: elDiario.es