ENRIC FUCHO ABOGADO ESPECIALISTA SEGURIDAD PRIVADA

Enric Fucho y asociados. Gabinete jurídico y de investigación

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Mordidas del 20% de CEA, UGT y CCOO en los cursos de formación para parados y empleados

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Mordidas del 20% de CEA, UGT y CCOO en los cursos de formación para parados y empleados

Mensaje por josepmarti el Jue 16 Oct 2014, 09:55

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Un encargado de la inspección dice que muchas de las acciones formativas eran "totalmente inútiles y de baja calidad".

Toda la prensa andaluza se hace eco hoy de la nueva declaración de uno de los testigos más relevantes del fraude de la formación, el funcionario de la Junta de Andalucía encargado de la inspección, Teodoro Montes. Tras otras cinco horas de declaración ante la juez Alaya, describió prácticas corruptas, entre ellas las que que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos UGT y CCOO pusieron en marcha para obtener cursos de formación para parados y empleados, no darlos sino subcontratarlos y pedir a cambio el 20% del importe subvencionado por la Junta. Según El País, el testigo realizó una acusación sin pruebas.

Al parecer, la Junta destinaba tal cantidad de cursos a estos agentes sociales que éstos no podían realizar todos los cursos. Montes, refiere ABC, dijo que sólo en la provincia de Sevilla se podían impartir 3.000 cursos de formación en un año. En toda Andalucía, el número de cursos subvencionados podrías haber llegado anualmente a 20.000. Si la media de cada curso era de quince alumnos, las acciones formativas deberían haber afectado a 300.000 personas en un solo año (45.000 sólo en la provincia de Sevilla). cada año unos 45.000 personas eran destinatarios de esos cursos solo en la provincia de Sevilla.

Como no disponían de medios para desarrollarlos todos, los subcontrataban con otras entidades. Para lograrlo, el director general competente debía autorizar la "transferencia de la acción formativa", Una vez obtenida, los agentes sociales cobraban hasta un 20% de comisión de la que no se informaba a la Junta, afirmación que El Mundo atribuye a Montes. Es decir, la comisión exigida era ilegal, sin facturas y se solicitaba con anterioridad a que se impartiera el citado curso.

Teodoro Montes reiteró ante la juez que, en su opinión de experto, muchas de estas acciones formativas eran totalmente inútiles y de baja calidad. Es más, precisó que en un baremo de calidad del 0 al 10, para él sólo obtendrían un 2. Además, Montes dijo haber comprobado que se impartían cursos a personas discapacitadas casi en condiciones de maltrato físico y psicológico. Por ejemplo, fue testigo de que se daban los cursos a los discapacitados en pleno verano en locales cerrados en los que soportaban temperaturas de más de cincuenta grados en un aula de cristal.

La entidad que realizó el curso se llama Faisem, una fundación de la Junta para la integración social de personas con enfermedad mental. Curiosamente, en ella trabajó mucho tiempo la esposa de Manuel Pastrana, María Fernández Domenech. Por si fuera poco, relató que para que los alumnos discapacitados no se quejaran o armaran algún escándalo les suministraban tranquilizantes, motivo por el cual cuando supervisó el curso al que se refería encontró a los alumnos dormidos y anuló el curso por maltrato físico o psicológico. Sin embargo no fue al juzgado a denunciar los hechos.

Como colofón, aludió a que algunas de las empresas subcontratistas de los cursos concedidos a CEA, UG y CC.OO usaban a los alumnos como mano de obra gratuita. La Confederación de Empresarios de Andalucía negó ayer el cobro de comisiones irregulares por subcontratar cursos del que dijo Montes necesitaba mucho más tiempo para explicar con detalle cómo se cobraban. La CEA estudia querellarse contra el funcionario por estas afirmaciones. La CEA dijo no haber impartido nunca cursos a discapacitados, algo que no dijo Montes. La CEA sólo imparte cursos de formación continua para el empleo, tanto a trabajadores en activo como a personas desempleada

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, indicó que cada subvención de la Junta incluye un porcentaje que se imputa en concepto de "gastos estructurales" y que son porcentajes "totalmente legales" y amparados en una normativa de 2009 del Gobierno andaluz.. Ciertamente, el decreto que en 2009 reguló la Formación Profesional establece la posibilidad de justificar hasta el 20% de ciertos gastos al subcontratar con terceras entidades los cursos, pero, como aclara El País, la denuncia de Montes se refiere a mordidas ajenas a todo tipo de justificación del gasto, unas comisiones que conoció gracias a que se lo contaron los propios empresarios pagadores
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