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Los sindicatos y la quiebra de las cajas

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Los sindicatos y la quiebra de las cajas

Mensaje por josepmarti el Mar 13 Ene 2015, 23:02

Los sindicatos y la quiebra de las cajas
Posted: 13 Jan 2015 04:52 AM PST
Los sindicatos y la quiebra de las cajas

LD Emilio J. González
¿Cómo pueden pedir los sindicatos a nadie cuentas por la crisis de las cajas de ahorros cuando ellos han participado y participan en sus órganos de gestión y control? Por tanto también son responsables y no pueden alegar que desconocían lo que sucedía.

Comisiones Obreras de Andalucía ha pedido la detención del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al que imputa la responsabilidad de la crisis de las cajas de ahorros. Hasta ahí vamos bien, pero ni MAFO es el único responsable, ni su conducta se explica sobre la base de justificar los recortes sociales de que habla CCOO.

En todo lo que está ocurriendo con las cajas de ahorros el Banco de España tiene una responsabilidad clara. Desde que MAFO llegó al puesto de gobernador, el banco dejó de emitir circulares para reducir el crédito inmobiliario y los préstamos hipotecarios. Con Jaime Caruana al frente, el banco siguió esa política para frenar la burbuja inmobiliaria, deshincharla de forma progresiva y no traumática y evitar que los riesgos relacionados con los préstamos hipotecarios y a promotores acabaran con las cajas si subían los tipos de interés. Pero aparecer MAFO en el supervisor bancario y acabarse esta estrategia fue todo uno. El resultado es de sobra conocido: la burbuja siguió inflándose y en cuanto el BCE subió los tipos de interés, ésta estalló con las consecuencias nefastas en forma de crisis económica, aumento del paro, embargos de pisos y promociones y dificultades del sector financiero que todos conocemos bien.

Ahora bien, cuando se trata de imputar responsabilidades conviene tener presente dos cuestiones. En primer lugar, el Banco de España está sometido a las directrices del Gobierno en materia de supervisión financiera, a través del Ministerio de Economía. La cuestión por tanto es si el Departamento de Elena Salgado [y antes de Solbes] sabía lo que pasaba y lo consentía o si, directamente, había dado instrucciones al gobernador para que el crédito siguiera fluyendo hacia el sector del ladrillo, auténtico motor del crecimiento económico y del empleo en los años que precedieron a la crisis. Sea como fuere, el Gobierno también tiene su cuota de responsabilidad en todo ello. Los sindicatos, sin embargo, callan al respecto cuando deberían pedir al Ejecutivo cuentas de sus actuaciones en este sentido.

Claro que, en el fondo, ¿cómo pueden pedir los sindicatos a nadie cuentas por la crisis de las cajas de ahorros cuando ellos han participado y participan en sus órganos de gestión y control? Ellos, por tanto, también son responsables de todo cuanto está sucediendo y no pueden alegar que desconocían lo que sucedía en tal o cual entidad porque su obligación, como miembros de los órganos rectores de las cajas, era saberlo y denunciartodo lo que hubiera que denunciar. Por ello, culpar sólo a MAFO, que indudablemente es responsable, porque se atrevió a hablar de reforma laboral no es de recibo cuando los representantes sindicales en los consejos de las cajas se las comieron una detrás de otra.

Los sindicatos y el mercado laboral (2)
Posted: 13 Jan 2015 04:51 AM PST
Los sindicatos y el mercado laboral (2)

Historia de los privilegios sindicales
LD Carlos Bustelo

No se comprende la actitud de los empresarios españoles y de los gobiernos de la UCD y del PP ante este desastre económico y social que ha durado más de treinta y cinco años.

Es obvio que estas actitudes de confrontación de los sindicatos fueron sustituyéndose por una política de diálogo y concertación a medida que adquirían atribuciones, competencias, poderes y responsabilidad.

La bajísima afiliación de nuestros sindicatos les obliga a vivir de las subvenciones que les conceden tanto el gobierno central como los gobiernos autonómicos y municipales. Y, sin embargo, los sindicatos gozan de un privilegio único: son los únicos organismos que, recibiendo cuantiosas subvenciones públicas, no están obligados a publicar sus cuentas que, por tanto, no son sometidas a la Intervención General del Estado ni tampoco a ninguna clase de auditoría pública. De esta forma, una parte de nuestros impuestos va sin ningún control a las cúpulas sindicales, cuya elección probablemente se reduce –como sus manifestaciones y “piquetes informativos”– a sus empleados, los famosos delegados sindicales del franquismo, conocidos hoy como “liberados sindicales”.

La historia de nuestros sindicatos de clase desde 1977 es una serie continua y acumulada de leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos-leyes, decretos, órdenes ministeriales, ordenanzas laborales y resoluciones judiciales –también del Tribunal Constitucional– que constituyen un entramado asombroso en el que, con frecuencia, los acuerdos pactados por los llamados “interlocutores sociales” son luego ratificados y financiados por el Estado. Acuerdos que más de una vez se han convertido en leyes, con muchos de los privilegios de ellos derivados convertidos en derechos fundamentales recurribles en amparo ante el Tribunal Constitucional. En resumen, una acumulación de concesiones y privilegios de todo orden que ahora obligará a que cualquier modificación sustancial del sistema (por ejemplo, la negociación colectiva obligatoria o la ultractividad de los convenios, invento que nos viene del corporativismo fascista italiano) deba ser aprobada por los “interlocutores sociales” (hoy CEOE, UGT y CCOO).

Ya en julio de 1979, la CEOE y la UGT firmaron el Acuerdo Básico Interconfederal que reconocía la autonomía total y la presencia y actuación de las organizaciones sindicales en todos los ámbitos de las relaciones laborales, incluida la empresa. A partir de 1981, Comisiones Obreras se incorpora a los acuerdos, siendo numerosos los pactos posteriores entre el Gobierno, la patronal y las dos centrales sindicales mayoritarias. Con relativa frecuencia el poder legislativo asume como propios los criterios de los llamados “interlocutores sociales” y convierte en ley los pactos acordados previamente. Así se legalizan el reconocimiento de los delegados sindicales en las empresas, el cobro por las empresas de la cuota sindical, privilegios y garantías para determinados cargos sindicales, la participación de los sindicatos en importantes instituciones y organismos, la entrega de inmuebles del llamado patrimonio sindical y la concesión de subvenciones. La Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985 pone orden en todo lo actuado desde 1979 pero, sobre todo, consolida y aumenta los privilegios y ventajas de las centrales sindicales. Lo que no impide que el periodo 1986-1994 sea, con gobiernos del PSOE, el de más conflictos y menos pactos, para después abrirse uno nuevo de negociaciones y pactos (con gobiernos del PP y del PSOE). Y ello a pesar de que, precisamente en estos años, se destapan algunos escándalos económicos de gran importancia.

La formación profesional y la malversación de fondos públicos

El primero afecta al opaco mundo de la formación profesional, al que se incorporan con gran entusiasmo la CEOE y los sindicatos con el I Acuerdo Nacional de Formación Continua en las Empresas (ANFC) en 1992, que se complementa con un Acuerdo Tripartito que ya suscribe el Gobierno con compromiso de amplia financiación. Y lo mismo ocurre en 1996, en 2000 y en 2005. El problema surge cuando, para recibir la generosa financiación del Gobierno español y también de la Unión Europea, se crea la fundación para la Formación Continua en la Empresa (FORCEM), integrada y gestionada exclusivamente por los “interlocutores sociales” y que solo durante el I Acuerdo (1992-1995) recibió 231.295 millones de pesetas. Pero la FORCEM sí fue fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, cuyo informe de septiembre de 1998 detectó multitud de anomalías como número falso de alumnos, cobro de enseñanzas gratuitas, ausencia de cursos declarados, subvenciones a las propias CEOE y centrales sindicales, etc. Y lo mismo ocurrió con un nuevo informe del Tribunal de Cuentas de septiembre de 2002. El resultado de ambos informes se limitó al reintegro de importantes cantidades por la CEOE, CC.OO y UGT. Es sorprendente que habiendo quedado probados el fraude y la malversación de importantes caudales públicos, el expediente no haya tenido mayores consecuencias. Se han seguido firmando acuerdos, la FORCEM se denomina ahora Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, que sigue recibiendo subvenciones de millones de euros. Una nueva fundación privada, el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) recibió en 1998 el edificio para su sede y 500 millones de pesetas, que el Gobierno desembolsa sin estar representado en el patronato.

Un enorme patrimonio sindical

Al Acuerdo Nacional de Empleo de 1981 se le añadió un Acuerdo de Patrimonio Sindical por el que el gobierno se comprometió a ceder en uso los inmuebles vacantes de los 1.168 que eran propiedad de la antigua Organización Sindical. Esto se amplía con la Ley de Patrimonio Sindical Acumulado de 1986, ampliada nuevamente por un Decreto-ley de 2005, cuyo principal objetivo fue ceder a UGT veintiséis inmuebles más, pero también 150 millones de euros para saldar su deuda con el ICO, resultado de su promotora inmobiliaria fraudulenta, la PSV. Hoy la UGT dispone así de cerca de 400 inmuebles, CC.OO, unos 150 inmuebles, USO 5 inmuebles y la CEOE-CEPYME, 27 inmuebles. Aunque muy poco se sabe sobre el destino final de este enorme patrimonio inmobiliario, sería importante que en un futuro próximo se acabara el privilegio de opacidad del que disfrutan los “interlocutores sociales” desde 1979.

Efectos económicos y políticos

La UGT, Comisiones Obreras y la CEOE han sido desde el comienzo de la Transición unos expertos depredadores de los Presupuestos Generales del Estado pero, mucho más grave, con sus acuerdos sobre el mercado laboral han impedido que la economía española pudiera funcionar con la flexibilidad necesaria y competir en un mundo globalizado.

No se comprende la actitud de los empresarios españoles y de los gobiernos de la UCD y del PP ante este desastre económico y social que ha durado más de treinta y cinco años. La de los gobiernos socialistas está muy clara, sobre todo con su sindicato hermano, la UGT, siempre dispuesto a echar una mano a los gobiernos “progresistas” y hacer todo lo posible para deteriorar a los gobiernos de “derechas”. Es evidente, por ejemplo, su silencio pasivo ante la incompetencia de los gobiernos socialistas desde 2004 y sus cinco millones de parados.

Es cierto que los llamados Estados de Bienestar después de la II Guerra Mundial han tenido que enfrentarse a los problemas que planteaban los sindicatos obreros. Todos han seguido el mismo procedimiento:concesiones abundantes a cambio de colaboración. Por ejemplo, Alemania incorporó a los líderes sindicales a los muy bien remunerados consejos de administración de las principales empresas. Y Francia consiguiódesmontar la oposición de la izquierda a la energía nuclear a cambio de una especie de impuesto sindical a pagar por Electricité de France. El resultado final en ambos casos ha sido más bien positivo. Pero en España hemos hecho mayores concesiones a cambio de nada, a no ser que nos creyéramos aquellas baladronadas sindicales de 1977. Pero el llamado “diálogo social” ha tenido un enorme éxito en nuestra mal informada sociedad. Por ejemplo, la conocida Fundación Encuentro, cristiano-progresista, titulaba su Informe Anual de 2008 El diálogo social, clave de nuestro progreso democrático cuando ya España se hundía rápidamente en la peor recesión de su historia por culpa, en gran medida, de ese diálogo social. Por su parte, da la impresión de que los empresarios españoles, asustados ante el poder concedido a los sindicatos por los gobiernos de la Transición, decidieron incorporarse al tinglado y convertirse, a través de la CEOE, en “interlocutor social”. Para las empresas españolas grandes la rigidez ha representado un coste adicional pero asumible, sobre todo, porque a través de los Expedientes de Regulación de Empleo y prejubilaciones, con la bien remunerada ayuda de los sindicatos y sus bufetes laborales, consiguen trasladar a los Presupuestos del Estado una parte no desdeñable del coste de sus inevitables ajustes de plantilla. Pero para las empresas medianas y pequeñas, de las que depende una gran parte de empleo, el sistema ha sido letal en muchas ocasiones y les ha impulsado a sumergirse en la economía informal o a liquidar el negocio.

Historia del poder de los sindicatos en España desde 1977
Posted: 13 Jan 2015 04:50 AM PST
Historia del poder de los sindicatos en España desde 1977

Los sindicatos y el mercado laboral (1)

El origen del poder sindical

LD Carlos Bustelo

Transcurrido casi año y medio desde la conversión de Zapatero a la realidad económica (mayo de 2010), nos encontramos con que la crisis europea no está en vías de solución ni España está hoy más cerca de la recuperación económica. El Gobierno socialista español ha dilapidado el posible efecto de credibilidad y confianza de su dramática conversión, más aparente que real, y ha perdido todo este tiempo en un intento pueril de engañar nada menos que a Bruselas, París, Berlín y a los inversores, acreedores y electores.

Son muchos, desde luego, los obstáculos estructurales e institucionales que frenan nuestro crecimiento económico pero el principal, el que hace de España un caso único en el mundo desarrollado, es sin duda, nuestro marco laboral y sindical. A la vista de lo ocurrido en los treinta y cinco años transcurridos desde 1975, hoy podemos afirmar con rotundidad que la creación de empleo ha sido el gran fracaso de la España democrática. Y que ello se ha debido a un marco laboral y sindical claramente incompatible con el funcionamiento de una economía de mercado abierta a la competencia exterior. Hemos tenido que vivir con un mercado laboral tan disparatado e injusto que en el período de máxima prosperidad (1997-2007) nuestra tasa oficial de paro no bajó del 8% de la población activa, porcentaje que se considera inaceptable en la mayoría de los países desarrollados.

No estamos descubriendo nada nuevo. Economistas e instituciones nacionales y extranjeras llevan decenios recordando a los gobiernos de España la necesidad de enfrentarse de una vez con el gravísimo problema de nuestro mercado laboral. Hace más de quince años, por ejemplo, animado por la victoria conservadora en las elecciones generales de 1996 (24% de paro), el autor de estas líneas aconsejaba en Cinco Días abandonar la actitud resignada que se ha mantenido ante el problema desde la muerte de Franco.

Ante el poco éxito de su consejo, este autor volvía cinco años después sobre el tema: “La suma de intervencionismo franquista, consenso democrático y estado de bienestar socialista nos ha llevado en España al sistema laboral y sindical más injusto y disfuncional del mundo desarrollado, que muy probablemente ha retrasado en varios años nuestra convergencia real con la renta media de la Unión Europea”.

Docenas de estudios e informes se han publicado en la misma línea en los últimos treinta años y con el mismo efecto, es decir, ninguno. España ha mantenido de forma continua, en años buenos y en años malos, el doble de paro que los demás países desarrollados.

Los sindicatos han llegado, incluso, a sustituir al poder legislativo en los temas laborales, aunque todo ello haya resultado en un paro escandaloso, sin igual en el mundo desarrollado. ¿Cómo es posible que estas organizaciones, cuya afiliación real no llega hoy ni al 6% de la población activa, hayan conseguido privilegios y financiación sin fin con gobiernos socialistas y con gobiernos conservadores?

La falta de información fiable y la complejidad misma del proceso han ocultado con eficacia el camino que nos lleva desde el sindicalismo revolucionario de inspiración marxista del siglo XIX al sindicalismo institucionalizado de hoy, convertido al reformismo a cambio de increíbles privilegios y muy generosas subvenciones estatales. Gobiernos de todos los signos, incluidos los de los últimos años del franquismo, han estado siempre dispuestos a conseguir la “paz social” a cambio de otorgar generosa financiación y amplios privilegios y poderes a los aparatos sindicales.

Tal vez la causa del comportamiento tan temeroso de todos nuestros gobiernos democráticos ante las exigencias sindicales esté precisamente en lo disparatado de sus fines y objetivos declarados. Así, cuando en 1977 los tres principales sindicatos alcanzan pleno reconocimiento legal, Comisiones Obreras sigue con su objetivo de “destruir las estructuras de la sociedad capitalista”; la Unión Sindical Obrera habla de “transformar el Estado burgués como organización económica explotadora” y la Unión General de Trabajadores clama por “una nueva sociedad basada en la propiedad colectiva de los medios de producción”. Todo esto tenía más importancia de lo que puede parecer hoy, treinta años después, pues en España entonces estábamos en la delicada operación histórica de la Transición, un partido laborista radical gobernaba y arruinaba al Reino Unido y en Francia cuatro años después, en 1981, Mitterrand ganaba las elecciones con un programa no muy diferente al de nuestros sindicatos. En este contexto histórico es muy posible que estas baladronadas sindicales asustasen a nuestra clase política. Lo que sí sorprende es que el susto haya durado tantos años.


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