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2014/092 * Contratos por e-mail

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2014/092 * Contratos por e-mail

Mensaje por aberron el Vie 30 Ene 2015, 00:15

INFORME UCSP Nº: 2014/092

FECHA 15.10.2014

ASUNTO Contratos por e-mail.

ANTECEDENTES

El presente informe se emite a petición de un particular, representante de una
empresa de Seguridad, que somete a la consideración de esta Unidad cuestión relativa
a la legalidad del consentimiento del cliente en el alta, y modificación del contrato de
arrendamiento de servicios de seguridad mediante la sustitución de la firma manuscrita
en soporte papel, por el documento electrónico utilizando para la formalización de dicho
contrato medio digital tal como el correo electrónico del cliente contratante o la
contratación telefónica.

CONSIDERACIONES

Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta
Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros
efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los
ciudadanos.

La Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad privada establece en su artículo 9
que:

2. De acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, los contratos
de prestación de los distintos servicios de seguridad privada deberán, en
todo caso, formalizarse por escrito y comunicarse su celebración al
Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente con
antelación a la iniciación de los mismos.

La forma de comunicar dichos contratos de servicios de seguridad privada y
sus servicios amparados por ellos, viene regulada en el vigente Articulo 20 del
Reglamento de Seguridad Privada y específicamente desarrollada en la Orden del
Ministerio de Interior 314/2011 de 1 de febrero sobre Empresas de Seguridad Privada,
artículo 16, cuando al referirse al Modelo de Contrato afirma como obligación legal
impuesta a las Empresas de Seguridad Privada que:

1. Los contratos en que se concreten las prestaciones de las diferentes
actividades se consignarán por escrito, debiendo contener, con carácter
general, los siguientes datos y cláusulas, acorde al modelo disponible en
la sede electrónica de la Dirección General de la Policía y la Guardia
Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía o, en su caso, de las
Comunidades Autónomas competentes:

a) Fecha y número del contrato.

b) Nombre y apellidos, número o código de identificación fiscal y domicilio
de las partes contratantes, carácter con el que actúan y, en su caso,
poder acreditado ante Notario. El mencionado poder habrá de estar
inscrito en el Registro Mercantil cuando se otorgue por las empresas de
seguridad, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado sexto del artículo
94 del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real
Decreto 1784/1996, de 19 de julio.

c) Objeto de la prestación del servicio.

d) Lugar donde se va a prestar el servicio.

e) Precio del servicio.

f) Obligación de ajustarse a lo prevenido en la normativa reguladora de la
seguridad privada.

g) Duración del contrato.

h) Fecha de entrada en vigor del contrato, que será como mínimo tres días
posterior a la de presentación del contrato, en los lugares previstos en el
artículo siguiente, o en el correspondiente de la Comunidad Autónoma
competente, salvo en los casos de urgencia previstos en el apartado
tercero del artículo 20 del Reglamento de Seguridad Privada.

Respecto a la Comunicación de los contratos el artículo 17 de la misma Orden
INT/314/2011 de 1 de febrero dispone que:

1. Las empresas de seguridad deberán comunicar los contratos por vía
electrónica a través de la sede electrónica de la Dirección General de la
Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, una
vez que este procedimiento sea incluido en el anexo de la Orden
INT/3516/2009, de 29 de diciembre, o, en su caso, en la correspondiente
de las Comunidades Autónomas, dentro de los plazos a que se refiere el
párrafo h) del apartado primero del artículo 16, utilizando para ello los
medios que la Administración ponga a su disposición para el
cumplimiento de esta obligación.

Con base a los preceptos citados pueden formularse las siguientes
consideraciones:

En primer lugar resulta necesario distinguir claramente lo que es la contratación
de los servicios de seguridad privada, en cuanto relación Empresa de Seguridad y
usuario contratante de dichos servicios, de lo que constituye la obligación para las
Empresas de Seguridad de la comunicación de determinados datos relativos a dicha
contratación a las dependencias policiales competentes por motivo de control y
supervisión administrativo de las actividades y servicios de seguridad privada.
Por lo que se refiere al régimen de contratación es la propia Ley 5/2014 de 4 de
abril de Seguridad Privada la que impone la obligación para las Empresas de
Seguridad de consignar por escrito los contratos de arrendamiento de servicios de
seguridad que suscriban con sus clientes, admitiéndose que dicho formato sea en
papel o en soporte electrónico.

En el supuesto de soporte electrónico, el articulo 23.1 de la Ley 34/2002 de
Comercio Electrónico y de Seguridad de la Información reconoce validez jurídica a los
contratos celebrados en vía electrónica, por lo que sus preceptos podrán ser aplicables
al ámbito de la contratación de los servicios de seguridad privada, siempre y cuando se
cumplan o respeten por la Empresa de Seguridad, los requisitos legal o
reglamentariamente impuestos tanto en el Modelo de Contrato del articulo 16 como en
la comunicación de los contratos del articulo 17 de la Orden INT 314/2011 antes
reseñada.

En este mismo sentido el apartado 3 del articulo 23 de la Ley 34/2002
ratificando lo anteriormente señalado, establece que: “siempre que la Ley exija que el
contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste por escrito, este
requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en un
soporte electrónico”.

En este mismo sentido, La Ley 30/1992 de 21 de noviembre de Régimen
Jurídico de Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el
artículo 45 establece que "los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por
medios electrónicos, informáticos o telemáticos por las Administraciones públicas, o los
que éstas emitan como copias de originales almacenados por estos mismos medios,
gozarán de la validez y eficacia de documento original siempre que quede garantizada
su autenticidad, integridad y conservación y, en su caso, la recepción por el interesado,
así como el cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos por ésta u otras Leyes".
Así mismo, el Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se
regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo
del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la
contratación, cuyo ámbito de aplicación son los contratos a distancia, o sin presencia
física simultánea de los contratantes, incluye el documento electrónico como forma de
contratación.

Ahora bien entiende la Doctrina de forma mayoritaria, que para que el contrato
en formato electrónico pueda calificarse o convertirse en prueba procesal, debe poseer
ciertas características que deben venir ratificadas a través de la firma electrónica y lo
previsto en La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, creó y reguló la firma electrónica:

a) La permanencia o perduración en el tiempo.

b) La inalterabilidad de su contenido.

c) La autonomía o independencia del autor o medio que lo crea.

d) La extraprocesalidad o creación fuera del proceso.

e) La inteligibilidad.

f) La conservación.

g) La autenticidad.

CONCLUSIONES

Esta Unidad a la vista de cuanto antecede considera que:

Primero: Que la Ley de Seguridad Privada impone a la Empresa de Seguridad la
obligación de consignar por escrito los contratos de arrendamiento de servicios de
seguridad que firme con sus clientes, incluidas sus modificaciones contractuales.
Dicha obligación se extiende para la Empresa de Seguridad en las comunicaciones de
los contratos y servicios realizadas ante las dependencias policiales, siempre con el
contenido y formato que reglamentariamente se determine. Dichos requerimientos
reglamentarios vienen establecidos actualmente en los artículos 16 y 17 de la Orden
INT 314/2011 de 1 de febrero sobre Empresas de Seguridad Privada.

Segundo: Que la normativa de Seguridad Privada no prohíbe que la consignación de
los contratos de arrendamiento de servicios de seguridad pueda efectuarse en formato
papel o en formato electrónico, siendo validos ambos medios, y ello dado que la validez
y eficacia de los negocios, contratos, declaraciones de voluntad y otros actos
concertados o emitidos en un entorno digital están plenamente reconocidas en nuestro
ordenamiento jurídico.

Tercero: Que la prueba de la celebración de los contratos celebrados en soporte
electrónico de acuerdo a lo previsto en el articulo 24 de la Ley 34/2002 de 11 de julio de
servicios de la sociedad de la información de la contratación de bienes y servicios por
vía electrónica, se sujetará a las reglas generales del Ordenamiento Jurídico y en su
caso a lo establecido en la legislación sobre firma electrónica. En este sentido tanto la
modalidad de contratación telefónica como a través de correo electrónico invocada por
el consultante, se someten expresamente a dicha normativa citada.

Cuarto: Que para los contratos celebrados en vía electrónica en lo relativo al archivo
de los mismos, las partes, tanto empresa de seguridad como usuario contratante de
dichos servicios pueden pactar conforme a lo dispuesto en el articulo 24 de la ley
34/2002 que un tercero de confianza archive dichos contratos en soporte electrónico,
por un plazo que nunca podrá ser inferior a 5 años a contar desde el momento de su
celebración. En este sentido el articulo 20.1 del Reglamento de Seguridad Privada en
su último párrafo, impone una obligación adicional a las Empresas de Seguridad cual
es, el deber de tener a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los
contratos de servicios de seguridad a los efectos de inspección y control durante un
plazo de cinco años desde la finalización del servicio objeto del contrato.

Quinto: Que los medios electrónicos de contratación utilizando la
firma electrónica (firma digital avanzada) constituyen un medio probatorio electrónico
adecuado para acreditar la autenticidad y perdurabilidad de los datos que incorporan y
como tales no existe, a primera vista, impedimento para su admisión en un proceso
judicial, si fueran pertinentes y lícitos.

Sexto: Que no obstante lo anterior, la autenticidad, exactitud y validez como prueba de
los contratos electrónicos o digitales, pueden ser refutadas por las partes litigantes en
un proceso judicial, quedando aquéllas a expensas de la eficacia y valoración judicial
de otros elementos probatorios adicionales que acrediten o verifiquen dichos
documentos.

Este Informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 35 g de la
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y fija la posición y el criterio decisor de las Unidades Policiales
de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la consulta sometida a
consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un acto de los descritos
en el articulo 107 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por lo que contra el
mismo no cabe recurso alguno.

UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA

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aberron
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