ENRIC FUCHO ABOGADO ESPECIALISTA SEGURIDAD PRIVADA

Enric Fucho y asociados. Gabinete jurídico y de investigación

Seguridad y protección Nuestros expertos, con más de 20 años de experiencia en el sector de la seguridad, le asesorarán sobre todas aquellas cuestiones relacionadas tanto con la seguridad de su empresa como con su seguridad personal. MAS DE 14 AÑOS DEFENDIENDO EN LOS TRIBUNALES A LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD CON PLENO DE VICTORIAS EN LOS JUICIOS
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Seguridad Integral Canaria, denunciada: piden a Rivero que rescinda sus contratos

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Seguridad Integral Canaria, denunciada: piden a Rivero que rescinda sus contratos

Mensaje por josepmarti el Sáb 28 Mar 2015, 14:25

Primero pidieron a Defensa que cancelara contratos con Seguridad Integral Canaria por fraude a Hacienda; ahora hacen lo propio a la Consejería de Justicia del gobierno canario.

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El secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO), Antonio Duarte, ha pedido al director general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Alejandro Parres, la nulidad del contrato del servicio de vigilancia que ejecuta en las islas la empresa Seguridad Integral Canaria y que proceda a su rescisión. Esta nueva denuncia sindical se acumula a otras sobre las supuestas infracciones en las que habría incurrido esta empresa perteneciente al Grupo Ralons, cuyo mayor accionista es Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente, además, del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas.

Como ya informó Vozpópuli en su momento, los sindicatos también han pedido a Pedro Morenés la revisión de los contratos que el Ministerio de Defensa mantiene con esta sociedad privada, a la que adjudicaron en 2014 los servicios de vigilancia, alarmas y seguridad de las instalaciones militares. En una carta firmada por Duarte, se informaba ya entonces de los asuntos con la justicia que supuestamente tendría pendientes el presidente y propietario de la empresa, Miguel Ángel Ramírez.

Ahora, según el nuevo documento al que ha tenido acceso este diario, Duarte, en su condición de secretario general de la FTSP-USO, pide a la Consejería de Justicia del Gobierno canario que ostenta el socialista Francisco Espínola la rescisión de los contratos con SIC que afectan a todos los servicios de seguridad de los juzgados en las islas.

En su denuncia, Duarte recuerda que USO ya mantuvo en 2013 una reunión con el viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Pedro Joaquín Herrera, a quien se le trasladó la “gravedad del problema existente” con SIC. Entre otras cosas, según el documento, esos problemas eran fraudes a la Hacienda Pública y a la Tesorería de la Seguridad Social, así como impagos a los trabajadores. “Todo ello con dinero público de los canarios”, según el informe.

“La empresa paga parte de sus salarios en B”, según la denuncia

Concretamente, esas supuestas irregularidades se centrarían en el “retraso continuado” en el abono de salarios, disminución reiterada de los mismos, “sanciones por infracciones graves” en el orden social, “no cumplir con las disposiciones en materia tributaria y de seguridad social” y, en general, incumplimientos reiterados respecto a la ley de seguridad privada.

Según el máximo responsable de la FTSP-USO, Seguridad Integral es hábil en lograr el aplazamiento de las sanciones en cada materia incumplida una vez que le han sido impuestas, y se aprovecharía de que ninguna de las administraciones actuantes habría dado traslado de esas sanciones al organismo competente en materia de contratación.

A ese respecto, Duarte afirma en un escrito remitido a Vozpópuli que si bien la empresa puede acreditar el encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias, “esto no supone que lo cumpla. Lo cierto es que es sobradamente conocido que Seguridad Integral Canaria paga parte de sus salarios en dinero ‘B’ o mediante otros conceptos, evitando el pago de esta cotización y también de los correspondientes impuestos”, dice Duarte.

Por esos hechos, Miguel Ángel Ramírez estaría imputado por un “presunto delito fiscal” en el Procedimiento Penal que se sigue en el Juzgado Nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria. También en el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Granadilla en Santa Cruz de Tenerife, por falsedad documental, fraude, exacciones ilegales y malversación de caudales públicos.

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