Los bancos tienen poca voluntad de poner las casas vacías en manos de las instituciones
ENRIC FUCHO ABOGADO ESPECIALISTA SEGURIDAD PRIVADA
Enric Fucho y asociados. Gabinete jurídico y de investigación

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Los bancos tienen poca voluntad de poner las casas vacías en manos de las instituciones

Mensaje por josepmarti el Dom 23 Mar 2014, 16:07

Ángela Mena, concejal de Viviendas Municipales en el Ayuntamiento de Santa Cruz, asegura que alrededor de 3.000 personas esperan por una vivienda social en el municipio capitalino. Al margen de cuestiones políticas, tiene claro que la paralización de los proyectos en materia de vivienda, tanto de reposición como de rehabilitación, es responsabilidad del Estado. Sin aclarar si se presentará a las próximas elecciones, decisión que deja en manos de su partido, tiene claro que a José Manuel Bermúdez, alcalde del municipio, le ha tocado dirigir la ciudad en "una etapa difícil". La poca voluntad de las entidades financieras para ceder sus pisos vacíos a los que más lo necesitan en forma de alquileres sociales o la manera en la que se le explica a una familia que las obras en su vivienda no pueden empezarse por falta de financiación son algunas de sus preocupaciones.
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–En estos momentos están paralizados los proyectos de inversión en materia de vivienda en Santa Cruz. ¿Hasta cuándo?

–Hasta que el Estado español decida publicar la orden ministerial que deberá establecer los principios operativos que doten a todas las comunidades autónomas de amparo legal. Mientras no estén firmados los convenios Estado-comunidades autónomas, los ayuntamientos estaremos paralizados por la incertidumbre y la inseguridad financiera. Diga el PP lo que diga, así es.

–Además del Estado. ¿Qué hace el Gobierno de Canarias para ayudar?

–Canarias, igual que el resto de las comunidades autónomas, está pendiente de la publicación de la orden ministerial y de la firma de convenios. Habrá tantos convenios como comunidades autónomas. Ningún convenio es igual porque cada comunidad autónoma tiene sus propias condiciones territoriales, sus propias necesidades y sus propuestas propias. Mientras no exista acuerdo Estado-Canarias, no podrá haber acuerdo Canarias-ayuntamientos.

–¿Los da por perdidos?

–Por perdidos no. Es imprescindible la ampliación de la vigencia del Plan 2013-2016, por el atraso que arrastra, a 2014-2018, entre otras cosas porque han pasado ya 15 meses y no hay eficacia del Plan. A los vecinos y vecinas nos resulta muy difícil explicar lo inexplicable. Contábamos con unos convenios firmados cuya eficacia aún estaba en vigor. El Estado ha decidido unilateralmente aprobar un nuevo modelo de Plan y ha dado carpetazo al anterior, sin periodo transitorio alguno. Esto nos ha generado una inseguridad financiera que nos impide ejecutar con seguridad cualquier proyecto, por miedo a quedarnos colgados y sin fondos, entre otras razones porque la administración debe trabajar con un marco presupuestario y financiero estable. No sabemos con qué porcentaje de financiación estatal vamos a contar y a los vecinos no les vamos a sobrecargar con la cuantía que deja de aportar el Estado, por razones obvias.

–Además de los que ya existen, ¿cuáles serían los siguientes proyectos?

–La prioridad numero uno es la reposición de las 115 viviendas en la barriada de La Candelaria, además de las segundas fases de Miramar, Santa María del Mar, Ofra, barriada La Victoria, barrio de La Salud, donde tenemos declarado un ámbito de 2.434 viviendas para ejecutar en varios años. También es muy importante la reurbanización de Cuesta de Piedra. En la gran mayoría de los proyectos contamos con las adhesiones de las comunidades de vecinos, paso prioritario sin el que no podemos iniciar la intervención. Así como con licencia de obras, en muchos proyectos.

–En sus recorridos por Santa Cruz, ¿qué zonas están peor?

–Santa Cruz tiene muchas viviendas, tanto de promoción pública como privada de más de 50 años. Todas esas edificaciones necesitan ser rehabilitadas y en algunos casos necesitan ser renovadas. Es el caso del barrio de La Salud, donde centramos nuestro interés y trabajamos para firmar convenios de adhesión con las comunidades de propietarios, aunque no sea el momento más propicio para conseguir óptimos resultados, teniendo en cuenta la inversión que las familias deben realizar al ser propiedad privada.

–¿Sigue habiendo casas vacías en Santa Cruz?

–Debemos distinguir entre propiedad privada y relación de inmuebles desocupados en manos de entidades financieras. Hay que respetar la decisión de las personas que tienen inmuebles y que por diferentes motivos los tienen cerrados. Les animamos a ponerlos en el mercado libre de alquiler. Bien diferente es la relación de inmuebles en manos de entidades financieras, adquiridas injustamente que no salen al mercado libre. Ahí es donde trabajamos para ponerlos a disposición de familias con dificultades. Créame que no nos resulta fácil. Hay poca voluntad de las entidades financieras, en general, para poner a disposición de las instituciones estos inmuebles. La negociación es tediosa pero no vamos a bajar la guardia.

–¿Cuánta gente espera por una vivienda en Santa Cruz?

–El Registro de Demandantes de Vivienda nos dice que hay alrededor de 3.000 personas que solicitan vivienda pública en Santa Cruz. Es una demanda creciente que nos preocupa y nos ocupa pero no es fácil darle respuesta. Tenemos una apuesta clara por las ayudas al alquiler. Sabemos que no hay problemas de número de viviendas pero sin embargo sí hay problemas de acceso a la vivienda porque los alquileres son muy altos, todavía. Esta problemática la estamos abordando desde la idea de que no podemos consumir mas territorio, por eso hay que ocupar las casas vacías, frente a nuevas construcciones.

–¿Qué se hace desde el área de Vivienda en el Ayuntamiento?

–La Concejalía de viviendas, como área propiamente dicha, no existe en la estructura organizativa municipal. El Ayuntamiento de Santa Cruz cuenta con un ente instrumental, de comprobada solvencia, que ejecuta las competencias en materia de vivienda: rehabilitación, reposición, gestión de suelo, desarrollo de planes especiales, gestión de la demanda de vivienda, asesoramiento a entidades locales, intermediación hipotecaria, planeamiento, gestión de planes de emergencia... Se trabaja en estrecha colaboración y transversalmente con otras áreas. Es una tarea muy compleja que requiere un gran esfuerzo de coordinación. Nuestra prioridad es mejorar la calidad de vida de las personas, a través de la rehabilitación y reposición de viviendas y proporcionar a las familias con dificultades el acceso a una vivienda. Además de múltiples programas y proyectos que generan muchísima gestión pero que tienen muy poca visibilidad. La gestión de lo social debe ser invisible, cuando esa gestión no se nota es porque se hace bien.

–Se ha dicho que debería desaparecer Viviendas Municipales. ¿Es necesaria?

–No solo es necesaria su existencia, sino que ahora más que nunca es imprescindible. Viviendas Municipales tiene demostrada solvencia en su trayectoria y no solo no debe desaparecer sino que hay que dotar a su objeto social de más capacidad de gestión. Tenemos muy mala memoria, pero Viviendas Municipales ha desarrollado proyectos importantísimos para la ciudad. Es un excelente ente gestor, solvente, que no hace ruido. Como otras empresas del sector no atraviesa buen momento económico.

–Un informe interno del Ayuntamiento asegura que los organismos autónomos deberían desaparecer. ¿Qué le parece?

–La administración necesita revitalizar y agilizar su toma de decisiones. Racionalizarla y hacerla sostenible. Los organismos autónomos se crearon en un momento concreto y ante unas necesidades pero ahora hay que repensar su viabilidad. Estamos en un momento de reajustes financieros y competenciales. No debe haber miedo a los cambios. No podemos acostumbrarnos a repetir día tras día las mismas tareas y crear hábitos inamovibles. La administración pública y quienes forman parte de ella deben estar sometidos a procesos de evaluación continua para analizar resultados. Si la administración fuera más aperturista en los procesos y asumiera el concepto de empresa competitiva en los rendimientos, tal vez habría más rapidez en la ejecución de los asuntos que le interesan a la población.

–¿Cómo valora la gestión de Inés Rojas, consejera de Vivienda del Gobierno de Canarias?

–Inés Rojas es una gran consejera. Sí, tenemos comunicación. Es de las responsables políticas que se ponen al teléfono al momento. Pero hoy es muy complejo y muy duro estar al frente de un área como la social. Desde la oposición se actúa con irresponsabilidad cuando se hacen críticas tan furibundas hacia lo personal, a sabiendas de que si no se ejerciera el papel de oposición, se actuaría de otra forma. Asuntos de este calado deberían estar sujetos a grandes pactos políticos, independientemente de quien gobierne. Es una mala praxis, generalizada, generar el desgaste de los responsables de gobierno. Esa manera de concebir la forma de hacer política no la comparto, la realidad es que es una práctica habitual de todas las fuerzas políticas, pero yo la aborrezco. Prefiero el diálogo.

–Parece que los bancos han aflojado con los desahucios. ¿Han parado o es que se hace menos público?

–¿Aflojar? Los bancos han cogido respeto. A ninguna organización le gusta el desgaste que genera la crítica continuada. No creo que haya entidad financiera alguna que le interese el desgaste gratuito. Por eso ante la presión han cambiado de actitud.

–No depende de su Concejalía y sí de Urbanismo pero, ¿qué le parece la situación de las viviendas en Santa Cruz. ¿Se están realizando las Inspecciones Técnicas de Edificios?

–Es un problema muy serio porque afecta a la seguridad de las personas. Todavía no hay conciencia de la responsabilidad que tienen las comunidades de vecinos en el mantenimiento de las edificaciones. Vivir en comunidad conlleva mantener la edificación responsablemente. La nueva normativa exige a las comunidades de vecinos una revisión técnica, como a los vehículos. Si se quiere mantener hay que conservarla. Es una obligación inexcusable.

–¿Cómo valora la gestión del alcalde?

–El alcalde está entregado en cuerpo y alma. Le ha tocado, nos ha tocado, una etapa tremendamente difícil. Hay que tener mucha estabilidad emocional, muchas tablas y unas ganas tremendas de aportar lo mejor de sí para tratar de mejorar las cosas y afrontar el día a día. No siempre es posible hacer lo que se desea. Se ha judicializado la vida política y se han puesto en permanente estado de duda las actuaciones técnicas. No puede ser. Así no avanzamos. Todavía hay muchos intereses partidistas decimonónicos y mucho egoísmo. El alcalde es un hombre muy paciente. Sabe donde está el futuro de Santa Cruz. Quizás eche de menos más compromiso con la ciudad por parte de la oposición.

–¿Y el pacto?

–Goza de buena salud, con algún enfriamiento de invierno, pero ya llega la primavera.

–¿Se siente bien insertada en el Gobierno local?

–Por supuesto y muy respetada en mi trabajo. Formo parte de un equipo donde nuestro objetivo común es hacer ciudad como aspiración y como horizonte de futuro. Conseguir la total cohesión social y territorial de Santa Cruz y la puesta en valor de sus potencialidades es una meta que nos exige trabajar coco con codo.

–¿Se presentará a las próximas elecciones?

–Yo no estoy aquí por un proyecto personal. Formo parte de una organización política. Eso significa asumir que se es parte de un proyecto común. Quienes participamos en la organización política debemos tener claro que somos seres gregarios en las decisiones comunes, no sin debate. Estamos a disposición de las necesidades del partido, unas veces se puede estar en responsabilidades públicas y otras no.

–Parece que hay concejales que van a lo suyo.

–Sí claro, es que cada cual debe ir a lo suyo, a atender lo que tiene encomendado por el alcalde como responsabilidad y trabajando coco con codo porque debemos dar cuenta ante la ciudadanía.

–¿Qué le parece la sentencia del caso mamotreto?

–Hay asuntos sobre los que no cabe opinión personal cuando hay un proceso judicial abierto. Manifiesto mi absoluto respeto a las decisiones judiciales. Yo creo que los juristas seguirán trabajando con cuantas vías legales existan, dado que la sentencia aún no es firme.

–Una funcionaria ha dimitido, ¿tendría que haber más dimisiones?

–No hagamos juicios paralelos. No somos jueces. Son asuntos demasiado serios para opinar alegremente. Hay personas que están sufriendo muchísimo.

–¿Cómo ve la postura de Miguel Zerolo? José Ángel Martín Bethencourt ha pedido su dimisión.

–Reitero que no caben opiniones. Cuando un asunto está en el ámbito judicial hay que dejar que la justicia resuelva. Presumir la inocencia de las personas es un deber. Nos estamos acostumbrando a opinar sin los suficientes fundamentos, por el simple hecho de hacer pura crítica política y dar lugar a denuncias que suponen serios sufrimientos para las personas afectadas y sus familias. El poder judicial es la garantía en un estado de derecho. Respeto y prudencia, no juzguemos quienes no debemos hacerlo.

–Hace unas semanas Fernando Clavijo y José Manuel Bermúdez se reunían para hablar de ambos municipios. ¿Hay comunicación entre las áreas de Vivienda de ambos municipios?

–Por supuesto. Tengo una magnifica relación con Godiño y mantenemos comunicación constante. Igualmente las empresas municipales mantienen una estrecha relación. En este momento compartimos una gran preocupación por la situación generada con la falta de definición del Plan estatal de vivienda, por la falta de sensibilidad del Ministerio de Fomento y por su silencio, que no deja de ser una falta de respeto. Es muy difícil, como le decía, explicárselo a los vecinos. Quienes estamos al frente de esta responsabilidad estamos maniatados, tenemos que dar la cara ante las familias, que necesitan mejorar sus edificaciones, sin embargo es el Ministerio de Fomento quien decide por nosotros. La ministra no viene a La Candelaria, a las Chumberas o al Centurión a explicar a las familias cuando vamos a tener el presupuesto definitivo para empezar las obras, siendo conscientes, además, de que los ayuntamientos no podemos afrontar ese nivel de inversión para reparar infinidad de inmuebles en estado deficiente.

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