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04/09/15

Tribunales.-La fiscal mantiene su acusación contra dos ocupas de la Corrala para no generar un "efecto llamada"

La Fiscalía de Sevilla ha mantenido este viernes su petición de 720 euros de multa por un delito de usurpación contra dos miembros del colectivo bautizado como Corrala Utopía que habitaron sin título alguno las viviendas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de Ibercaja, alegando que "este tipo de ocupaciones no pueden ser amparadas legalmente" pues de lo contrario se generaría "un efecto llamada", según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Los dos acusados, que han sido enjuiciados por separado en el Juzgado de lo Penal número 7, han recibido el apoyo de varias decenas de personas que se han concentrado frente al edificio Noga portando carteles con leyendas como 'Luchar por el derecho a la vivienda no es delito. Absolución', o 'No Ley Mordaza. Contra la Ley de Seguridad Ciudadana. No Silenciarán nuestra protesta'.

Entre las personas que han asistido a la concentración se encontraban el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, que ha querido trasladar el "apoyo" y la "solidaridad" de su partido a los miembros de la Corrala Utopía enjuiciados, la exconsejera de Fomento y Vivienda Elena Cortés, la exdirectora general de Vivienda de la Junta Amanda Meyer —ambas también de IU—, o el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero.

El primero de los dos imputados en ser enjuiciados ha sido Jesús Antonio Aguilar, quien se ha declarado inocente y que ha explicado que "ocupó" una de las viviendas el 1 de septiembre de 2013 sin tener autorización del propietario de la misma, todo ello hasta que el 6 de marzo de 2014 la Policía Nacional procedió al desalojo del inmueble, momento en el que imputado, que se encontraba allí junto a su mujer enferma, abandonó la vivienda de forma voluntaria.


"tuve que elegir entre pagar el alquiler o comer"
Este imputado ha indicado que con anterioridad a la ocupación se encontraba trabajando como vigilante de seguridad para una empresa que terminó cerrando, momento en que su situación personal y familiar comenzó a empeorar, pues "no encontraba trabajo por ningún sitio" y llegó a perder su vivienda, por lo que "tuvo que decidir entre pagar el alquiler o comer". "Opté por comer", ha aseverado el acusado, que ha afirmado que, además, "no podía tener a mi mujer enferma en la calle".

Tras ello, la Fiscalía ha elevado a definitiva su petición de 720 euros de multa para el acusado —contra quien la propietaria del inmueble, Ibercaja, retiró su acusación—, ya que los propietarios del edificio manifestaron su voluntad "de estar en contra de esa ocupación" y "de estar de acuerdo con el desalojo", mientras que el imputado "ha reconocido que entró en el inmueble plenamente sabedor de que estaba ocupando un edificio con cierta vocación de permanencia".

De igual modo, y según la representante del Ministerio Público, el acusado "sabía de la irregularidad e ilegalidad de su situación" y "tenía conocimiento de que no tenía autorización del titular", de manera que "no tenía ningún título jurídico que le amparara para estar en ese edificio".


"derecho a la propiedad privada"
La fiscal ha apelado, así, al derecho a la propiedad privada y ha aseverado que este tipo de ocupaciones "no pueden ser amparadas legalmente", porque de lo contrario se podría generar "un efecto llamada" y "un desorden incontrolable".

De su lado, la abogada del imputado ha puesto de manifiesto que la acusación de la Fiscalía "no se sostiene de ninguna manera" y ha señalado que la propietaria del edificio, "en ningún momento se ha dirigido a él para manifestarle que no podía ocupar esa vivienda", todo ello al tiempo que ha recordado las circunstancias personales y familiares de su patrocinado y el "estado de necesidad" que tenía.

En el segundo de los juicios, el Ministerio Público ha mantenido su petición de 720 euros de multa para el otro imputado, Maximiliano Salazar, quien, en declaraciones a los periodistas antes de la vista oral, ha dicho que no ha vivido en el edificio y que únicamente iba allí para visitar al hijo menor que tenía en común con su exmujer, que sí se encontraban en el edificio.

"En ningún momento la Policía me ha identificado, cuando de repente aparecí de imputado", no obstante lo cual "esto no quita que yo apoye y respalde a todas las personas de la Corrala, porque con la madre de mi hija tuve una hipoteca que no pudimos pagar y eso es lo que ha llevado a esta situación". "Ahora mismo no podría hacer frente a la multa que me impongan porque no tengo trabajo estable", ha concluido.


La corrala
El desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, donde este colectivo de personas habitaba sin título alguno estas viviendas propiedad de Ibercaja, fue consumado en abril de 2014 tras casi dos años en los que este grupo de personas, bautizado como la Corrala Utopía, protagonizó numerosas movilizaciones y negociaciones con la propiedad de las viviendas y las instituciones. Estas actuaciones corrieron paralelas a la causa judicial incoada por el juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, como consecuencia de las acciones legales emprendidas por Ibercaja, propietaria de las viviendas a través de la sociedad 'Residencial Murillo'.

El desalojo policial de las viviendas, como se recordará, motivó que estas personas acampasen en la Plaza Nueva a modo de protesta, tras lo cual la Consejería de Fomento, dirigida entonces por IU-CA, entregó directamente a varias familias llaves para habitar provisionalmente viviendas de titularidad autonómica, extremo que se aplicaría a las restantes personas o familias del colectivo. Estos últimos realojos fueron paralizados dado el conflicto surgido entre PSOE e IU-CA, socios entonces en el gobierno autonómico, en torno a esta polémica solución.

Al objeto de resolver el destino de estas familias, la Consejería de Vivienda remitió al Ayuntamiento de Sevilla un listado de estas 17 personas o cabezas de familia de cara a una nueva evaluación concreta de su situación socioeconómica, lo que debía determinar su derecho o no a estos realojos provisionales.


Evaluaciones sociales
Finalmente, las nuevas evaluaciones de la situación socioeconómica de estas personas elaboradas por los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento reflejaron que ocho de las personas o familias evaluadas se encontraban en un estado de "vulnerabilidad o riesgo", lo cual según la Junta ya justificaba "plenamente" su realojo provisional; y siete atravesaban una situación "deficitaria o de exclusión social", con lo que la Consejería de Fomento y Vivienda daba por avalados los realojos provisionales ya consumados y acometía los que tenía pendientes.



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