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Como prevenir el fraude en la industria alimentaria

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Como prevenir el fraude en la industria alimentaria

Mensaje por josepmarti el Lun 07 Mar 2016, 20:09

Cada vez es más frecuente encontrar artículos y publicaciones que se refieren a la responsabilidad penal de la persona jurídica y a los planes de prevención del delito -en adelante PPD-, también conocidos como corporate compliance.


Sin embargo, la información que se ofrece muchas veces es excesivamente técnica y el empresario no sabe en qué le afecta a su compañía esta reforma legal y cuál es la ventaja de realizar un PPD. Y con la intención de aclarar estas dudas escribo estas líneas, pues ya verá que tras leerlas descubrirá que este tema en realidad no es tan complicado como a veces nos lo presentan.

En el año 2010 se introdujo por primera vez en el Código Penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto significa que su mercantil puede cometer delitos, pero solamente los incluidos en las 26 categorías previstas para la persona jurídica.

Más adelante analizaremos algunas de estas categorías de delitos, pero antes vamos a resolver una duda que se plantea al empezar a tratar este tema; ¿Cómo puede una persona jurídica cometer un delito?. La solución efectivamente es que el delito ha de cometerlo una persona física, pero su actuación compromete penalmente a la empresa. Por tanto hemos de saber si cualquier empleado de la empresa puede vincularla con la comisión de uno de estos delitos y la respuesta es que sí, aunque con ciertos límites.

La ley en términos generales se refiere a los representantes legales de la persona jurídica y a los subordinados y empleados en general, cuando el superior ha incumplido su obligación de supervisión, vigilancia y control.

Es importante también conocer cuáles son las penas previstas para la persona jurídica delincuente y que son; multa en todo caso, que puede llegar a alcanzar varios millones de euros. Pero además puede acordarse entre otras penas, la disolución de la compañía; la suspensión temporal de actividades; la clausura de locales y establecimientos; o la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas púbicas y contratar con el sector público.

Hemos de tener en cuenta además que la empresa estaría obligada a satisfacer las responsabilidades civiles que se derivasen del delito. Sin olvidar que una condena penal supone un grave daño reputacional que puede producir a la compañía pérdida de inversores, clientes y proveedores.

Sin embargo, la propia norma ofrece la posibilidad de reducción de la pena aplicable a la persona jurídica cuando con posterioridad a la comisión del delito realice un PPD. E incluso establece que la compañía podría quedar exenta de responsabilidad penal si antes de la comisión del delito se ha implementado un PPD eficaz.

Y llegados a este punto nos preguntamos qué es eso del PPD exactamente y para qué tipo de empresas está previsto. Pues bien, el PPD supone analizar la organización y gestión de su empresa atendiendo a cada uno de los posibles delitos que pueden cometerse en su seno. Una vez detectados los puntos de riesgo se hace una propuesta de mejoras organizativas para procurar reducirlos, o eliminarlos. A continuación se designa un responsable de cumplimiento, a quien se podrá consultar las dudas y denunciar los incumplimientos a través del oportuno canal de denuncias. Y finalmente este proceso se completa con la correspondiente formación a directivos y empleados sobre el contenido del PPD y las obligaciones derivadas de su implementación, de manera que todos los que participan en la empresa dispongan de suficiente formación e información para evitar la comisión de delitos.

En cuanto al tipo de empresa para el que se dirige el PPD y como la norma no distingue, cualquier persona jurídica puede/debe contar con uno. En cualquier caso hemos de tener en cuenta que el PPD tiene que ser un fiel reflejo de su empresa para que el Juez lo considere adecuado para atenuar o eliminar la responsabilidad penal de la compañía. Por tanto un buen PPD se adaptará tanto a las características de organización y funcionamiento, como al tamaño de la empresa para la que se realiza.

La reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado 1 de julio, ha afectado de forma especial a las empresas alimentarias, pues introduce por primera vez como delito que puede cometerse por la persona jurídica el de adulteración de alimentos, sustancias o bebidas destinadas al comercio alimentario, entre otras conductas.

Posiblemente este tipo de delitos no sean los que de forma más habitual vayan a ocurrir, pues el control de las empresas alimentarias en sus canales de producción es muy elevado y se somete no sólo a normas imperativas, sino también a protocolos exigidos por determinados mercados. Sin embargo, hemos de tener en cuenta por ejemplo, que las compañías producen vertidos y residuos y un control insuficiente de su eliminación podría dar lugar a que su empresa fuera condenada como autora de un delito contra el medio ambiente.

Sin olvidar que además de éstos existen más de veinte categorías de delitos que pueden ser cometidos por la empresa como estafa; alzamiento de bienes; insolvencias punibles; delitos contra la propiedad intelectual, industrial, el mercado y los consumidores; blanqueo de capitales; contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, así como relativos a política de protección de datos y para combatir la corrupción.

Por tanto, considerando las ventajas legalmente previstas para incentivar la implementación del PPD, así como las graves consecuencias y perjuicios que puede sufrir la empresa por no disponer de esta herramienta, ha de concluirse que la implementación de un Plan de Prevención del Delito es una inversión esencial y beneficiosa para aquellas empresas que tienen vocación de permanencia en el mercado.


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