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2009/019 * EXTRATERRITORIALIDAD EN TRANSPORTES TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS

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2009/019 * EXTRATERRITORIALIDAD EN TRANSPORTES TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS

Mensaje por 38435-6718 el Jue 17 Nov 2016, 12:04

INFORME UCSP Nº: 2009/019

FECHA 08/10/2009

ASUNTO : EXTRATERRITORIALIDAD EN TRANSPORTES TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS

ANTECEDENTES

Con escrito de fecha 22 de Septiembre de 2009 una Central Sindical, solicita
opinión y aclaración sobre tres cuestiones, que se pueden resumir en lo siguiente:

1. La primera cuestión es relativa a determinar si se entiende que son territorio
español los medios de transporte (buques, aviones, trenes, autocares),
cuando circulan fuera del territorio nacional, así como las embajadas y
consulados y, en caso afirmativo, si se puede prestar servicio en los mismos
de acuerdo con la normativa de seguridad privada española.

2. La segunda cuestión se refiere a si existe una legislación europea unificada
para los trabajadores de la seguridad privada cuando desempeñan su labor
fuera de España o se aplica por defecto la ley española.

3. En tercer lugar hace una consulta acerca de las armas que pueden utilizar
los vigilantes de seguridad.

CONSIDERACIONES

Con carácter previo ha de señalarse que los informes o respuestas que emite
esta Unidad tienen un carácter informativo y orientativo –nunca vinculante- para quien
los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos efectos o
aplicaciones distintos al mero cumplimiento del deber de servicio al ciudadano.
En contestación a la primera de las cuestiones, relativa a la identificación del
territorio nacional español y a la prestación de servicio fuera de nuestras fronteras,
conviene aclarar lo que, de acuerdo con los tratados internacionales, se puede
considerar territorio español, que son las misiones diplomáticas permanentes, es decir,
las oficinas de los representantes diplomáticos de España en otro Estado.
La extraterritorialidad es una ficción jurídica admitida en derecho internacional,
por la cual un edificio o un terreno se considera, en país extranjero, como una
prolongación del país propietario, como es el caso de las embajadas, consulados,
bases militares y los buques de guerra. En realidad, no supone la conversión, a todos
los efectos, de ese territorio para que sea una prolongación del país propietario, sino
que queda exento, a efectos de jurisdicción, de la aplicación de la ley del país en el que
está ubicado y, en consecuencia, sobre estos territorios rige la legislación del país de
origen.

Las misiones diplomáticas gozan de estatus extraterritorial, por ello, aunque se
encuentren físicamente en el territorio de otro Estado (la nación anfitriona), están
desligadas de las leyes locales y, en casi todas las situaciones, son tratadas como
parte del territorio del país al que representan y pertenecen.

Hay que recordar aquí que, según recoge específicamente el artículo 8.1 de
nuestro Código Civil, “las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública
obligan a todos los que se hallen en territorio español”, por lo que, en cumplimiento de
esta ficción jurídica de extraterritorialidad, nuestras leyes rigen directamente en
nuestras misiones diplomáticas y en nuestros barcos de guerra.

Cuestión distinta es la relativa al resto de transportes, a los que se hace
referencia en la consulta, dado que no son considerados estrictamente como territorio
español, aunque sobre ellos rigen nuestras normas de derecho internacional privado,
pudiendo resaltar aquí lo establecido en el art. 10.2 del Código Civil: “Los buques, las
aeronaves y los medios de transporte por ferrocarril, así como todos los derechos que
se constituyan sobre ellos, quedarán sometidos a la Ley del lugar de su
abanderamiento, matrícula o registro. Los automóviles y otros medios de transporte por
carretera quedarán sometidos a la Ley del lugar donde se hallen.”

Por lo tanto, sobre nuestras embajadas y consulados, así como los barcos
abanderados en España, las aeronaves y trenes matriculados o registrados igualmente
en España, rigen las leyes españolas, incluida la normativa de seguridad privada.
Con respecto a la segunda de las cuestiones, relativa a si existe una legislación
europea unificada para los trabajadores de la seguridad privada, o se aplica, por
defecto, la ley española, hay que responder claramente que no existen, a nivel de la
Unión Europea, normas unificadoras en esta materia.

La materia de seguridad es algo que, en la Unión Europea, se regula en llamado
tercer pilar, de cooperación policial y judicial, área de regulación en la que los Estados
suelen establecer muchas reservas, entre ellas la reserva del orden público, y donde se
precisa, para la iniciativa normativa, la decisión conjunta de la Comisión y de los
Estados, adoptándose las decisiones generalmente por unanimidad en el Consejo.
Quedan fuera de estas restricciones algunos aspectos de la seguridad privada,
como es la libre circulación de los trabajadores y otros relativos a las empresas, que se
incluyen en el ámbito económico, con procedimiento decisorio diferente, donde en los
últimos años si se han producido algunas modificaciones.

Tanto es así que, en materia de seguridad privada, el Tribunal de Justicia ha
confirmado, en varias ocasiones, que el sector de la seguridad privada entra dentro de
la normativa del Tratado sobre la libertad de prestación de servicios, y que los artículos
45 y 46 del Tratado no pueden ser invocados para restringir la libertad de ofrecer tales
servicios a través de fronteras.

Se puede recordar aquí, coincidiendo con lo que expone el Sr. Duarte en su
escrito, la reforma establecida en el Real Decreto-ley 2/1999, de 29 de enero, por el
que se modifica la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, reforma originada
por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que en Sentencia de 29 de
octubre de 1998, analizó la compatibilidad de la regulación establecida en la Ley
23/1992 con el Derecho Comunitario y consideró que la excepción de orden público no
amparaba en este supuesto la exclusión de las libertades de circulación de
trabajadores, de establecimiento y de prestación de servicios dentro de la Comunidad,
previstas en los artículos 48, 52 y 59 de su Tratado Constitutivo, obligando, por tanto, a
la modificación parcial de la norma española en sus artículos 7, 8 y 10.

Asimismo, se puede citar otra modificación derivada de la actuación del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas, que en Sentencia de 26 de enero de 2006,
ha analizado la compatibilidad de la regulación establecida en la Ley 23/1992, de 30 de
julio, con el Derecho Comunitario y ha considerado, nuevamente, que la excepción de
orden público tampoco ampara en este supuesto la exclusión de las libertades de
establecimiento y de prestación de servicios dentro de la Comunidad, previstas en los
artículos 43 y 49 de su Tratado Constitutivo. Como resultado de este pronunciamiento
se publicó el Real Decreto Ley 8/2007 de 14 de septiembre, que modifica algunos
artículos de la ley de Seguridad Privada, y en concreto el art. 10.3 que recoge que:

“Los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte
en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuya habilitación o calificación
profesional haya sido obtenida en alguno de dichos Estados para el desempeño de las
funciones de seguridad privada en el mismo, podrán desempeñar actividades o prestar
servicios de seguridad privada en España, siempre que, previa comprobación del
Ministerio del Interior, se acredite que cumplen los siguientes requisitos..”.

No obstante, la citada norma, no ha sido desarrollada en nuestra legislación
hasta el momento y, por tanto, el poseedor de un documento expedido por las
autoridades competentes, en la materia de Seguridad Privada, en un país miembro de
la Unión Europea, no puede desempeñar actividad alguna de seguridad privada en
España, mientras la citada normativa no sea desarrollada y se establezca el
procedimiento de canje o sustitución de la correspondiente habilitación, del titular de
ese documento, por la española.

Además de esta modificación legislativa anteriormente citada, existe otra
modificación normativa en marcha y es la que afecta al libre acceso a las actividades
de servicios como consecuencia de la aplicación de la Directiva 2006/123/CE del
Parlamento Europeo. Esta modificación afectará a un gran número de leyes españolas,
y se plasmará en una Ley española, la conocida como “ley Ómnibus”, por su amplia
repercusión legislativa, y que también afecta a la legislación de seguridad privada,
excluyendo de la misma, según el borrador en trámite en el Parlamento, a
determinadas empresas de instalación y mantenimiento de equipos técnicos de
seguridad. Esta “ley ómnibus”, se encuentra, actualmente, en tramitación
parlamentaria.

Junto a esto, actualmente, la Comisión Europea está impulsando un posible
anteproyecto de Reglamento del Consejo sobre el transporte transfronterizo de efectivo
euro por carretera entre los estados Miembros en la zona Euro.
Aparte de estas importantes modificaciones, citadas a modo ilustrativo, no existe
ningún otro tipo de “unificación legislativa” en marcha que afecte a los trabajadores de
la seguridad privada, o dicho de otro modo, no existe una normativa o reglamentación
común de la Unión Europea que afecte a la seguridad privada de los países miembros,
ni que afecte a la prestación de los servicios por parte de los trabajadores de la
seguridad privada.

Como contestación a la tercera de las cuestiones formuladas, la relativa a las
armas que pueden utilizar los vigilantes de seguridad, se participa que las armas
reglamentadas para estos trabajadores de la seguridad privada, serán las que
determine el Ministerio del Interior, según se recoge en el art. 86 del Real Decreto
2364/1994. Por su parte, la Orden de 7 de Julio de 1995, que da cumplimiento al Real
Decreto antes citado, en materia de personal, en su apartado decimonoveno, establece
como arma reglamentaria para los vigilantes el revolver calibre 38 especial de cuatro
pulgadas, y para cuando esté dispuesto el uso de armas largas, utilizarán la escopeta
de repetición del calibre 12/70, con cartuchos de 12 postas comprendidas en un taco
contenedor.

Como complemento de lo establecido en las normas antes citadas, hay que
hacer referencia a la Orden de 15 de febrero de 1997, que regula las armas de fuego
de los guardas particulares de campo, que establece, como arma específica para los
mismos, con carácter general, las armas largas rayadas de repetición. Esta misma
orden establece, en su Disposición Adicional, para los vigilantes de seguridad, que
cuando concurran circunstancias extraordinarias que impidan o desaconsejen el uso de
las armas reglamentadas, es decir, el revolver del 38 especial y la escopeta del 12/70,
podrá ser utilizada el arma larga rayada de repetición prevista para los guardas de
campo, previa autorización de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil,
teniendo en cuenta el informe de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y
Explosivos, valorando, además, las circunstancias concurrentes.
Aparte de estas armas reflejadas en el párrafo anterior, en la normativa de
seguridad privada no se contempla específicamente el uso de otro tipo de armamento
para los vigilantes de seguridad.

En consideración a todo lo anteriormente manifestado y en respuesta a las tres
cuestiones planteadas, se concluye lo siguiente:

1. La normativa de seguridad privada, como el resto de las leyes españolas, se
aplican en las representaciones diplomáticas, embajadas y consulados
españoles, y en los buques de guerra, así como en barcos abanderados en
España y en las aeronaves y trenes matriculados o registrados igualmente en
España.

2. No existe una legislación europea unificada para la prestación de los servicios
de los trabajadores de la seguridad privada.

3. Las armas de utilización por parte de los vigilantes de seguridad son el revolver
del 38 especial y la escopeta del 12/70. Con carácter extraordinario, y previa
autorización, se podrán utilizar también armas largas rayadas de repetición, no
contemplándose específicamente en la normativa de seguridad privada otro
tipo de armas.

UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA

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