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2009/030 * USO DE MEDIOS DE DEFENSA EN CENTROS DE MENORES

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2009/030 * USO DE MEDIOS DE DEFENSA EN CENTROS DE MENORES

Mensaje por 38435-6718 el Jue 17 Nov 2016, 12:57

INFORME UCSP Nº: 2009/030

FECHA 19/11/2009

ASUNTO USO DE MEDIOS DE DEFENSA EN CENTROS DE MENORES

ANTECEDENTES

El presente informe se realiza a consecuencia de una consulta efectuada por el
jefe de seguridad de una empresa de seguridad en la que solicita el criterio de esta
Unidad Central sobre la situación planteada en un Centro Educativo (de reeducación y
reinserción) de Menores, al recibir una solicitud del director del mismo para que los
vigilantes de seguridad presten su servicio sin portar la defensa, por existir un estudio
de los servicios jurídicos de una Comunidad Autónoma en el que se manifiesta que
existe contradicción entre la normativa que regula las empresas de seguridad y la que
regula la responsabilidad penal de los menores, entendiendo dicho estudio que
debería prevalecer esta última.

CONSIDERACIONES

Con carácter previo ha de señalarse que los informes o respuestas que emite
esta Unidad tienen un carácter informativo y orientativo –nunca vinculante- para quien
los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos efectos o
aplicaciones distintos al mero cumplimiento del deber de servicio al ciudadano.
Tras el estudio de la documentación aportada y realizado un estudio de la
normativa reguladora se participa lo siguiente:

Entendiendo que los “Centros de Menores” a los que alude la documentación
remitida, son los Centros de Internamiento regulados en la Ley Orgánica 5/2000,
reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, la primera
referencia la podemos obtener de lo expresado en sus Informes por la Secretaría
General Técnica del Ministerio del Interior viene manifestando lo siguiente:

“…La custodia” de los internos, entendida en el sentido de tratamiento,
protección personal o vigilancia directa de los mismos, no corresponde realizarla
a los vigilantes de seguridad, sino al personal propio del centro o al equipo
técnico responsable del mismo”

Acudiendo al art. 54 del R.D. 1774/2004, de 30 de julio que regula, el régimen de
vigilancia y seguridad de los centros de internamiento, se aprecia en el mismo que se
atribuyen estas funciones, con carácter general, a los trabajadores o personal técnico
de los propios centros.

El punto 8 del mismo artículo establece: “La entidad pública podrá autorizar, en
aquellos centros donde la necesidad de seguridad así lo requiera el servicio de
personal especializado, en funciones de vigilancia y apoyo a las actuaciones de los
trabajadores. Este personal dependerá funcionalmente del director del centro y no
podrá portar ni utilizar dentro del centro otros medios que los contemplados en el
artículo 55.2.”.

Por otra parte el R/D. 2364/1994 de 9 de diciembre, que desarrolla el
Reglamento de Seguridad Privada, regula en su Art. 86.2 que portarán (fórmula
imperativa) la defensa reglamentaria, cuyas características debe determinar el
Ministerio del Interior.

La vigente normativa de seguridad privada impone a los vigilantes de seguridad
la tenencia y el uso de la defensa de goma en todas las prestaciones de servicios,
salvo cuando por aplicación directa de la normativa o por autorización policial o
gubernativa se sustituya la misma por el arma de fuego reglamentaria.

La cuestión, por tanto, se centra en determinar si las decisiones acerca del uso
de medios de defensa competen a la figura del Director del Centro de Menores o no.
En primer lugar señalar como ya ha sido expuesto en anteriores informes
emitidos, que la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores, la única referencia que hace a las medidas de vigilancia y seguridad es la
contenida en su Art. 59, con el objeto de dar soporte legal a dichas medidas, pero sin
hacer expresa concreción, remitiéndose a un posterior desarrollo reglamentario de
quienes están autorizados para llevarlas a cabo.

El Art. 54 .1 del RD 1774/2004 establece que “las funciones de vigilancia y
seguridad interior de los centros corresponde a sus trabajadores, con arreglo a los
cometidos propios de cada uno y a la distribución de servicios que el director del centro
o la entidad pública haya acordado en su interior”.

El punto 8 del mismo Art., cuya trascripción se vuelve a repetir, establece que “la
entidad pública podrá autorizar, en aquellos centros donde la necesidad de seguridad
así lo requiera, el servicio de personal especializado, en funciones de vigilancia y de
apoyo a las actuaciones de los trabajadores del centro previstas en los apartados
anteriores de este artículo. Este personal dependerá funcionalmente del director del
centro y no podrá portar ni utilizar dentro del centro otros medios que los contemplados
en el artículo 55.2.”

Estos dos puntos son el fundamento utilizado por los servicios jurídicos de la
Comunidad Autónoma para determinar la prelación de la normativa de menores sobre
la de seguridad privada.

Por el contrario se puede sostener, interpretando cada norma en su propio
ámbito, que el Art. 54 del Real Decreto 1774/2004, que atribuye estas competencia al
Director del Centro se refiere a los propios trabajadores del Centro, es decir a las
funciones correctoras, sanitarias, disciplinarias y funciones propias de especialidades
laborales que, en un centro de menores, sean desarrolladas, como celadores,
controladores, porteros, enfermeros, etc. Los vigilantes de seguridad han de realizar las
funciones de vigilancia y apoyo puntual de las actuaciones de los trabajadores
especializados antes citados, para lo que precisaran del uso de los medios para los que
legalmente se encuentran autorizados.

Es decir, los vigilantes de seguridad solo pueden realizar sus funciones propias,
no pudiendo “sustituir” en modo alguno a los trabajadores del centro. Esta afirmación
ha sido corroborada por diferentes decisiones judiciales y además, la sustitución,
implicaría una clara infracción al régimen de incompatibilidades establecidas en la
normativa de Seguridad Privada.

Dado que la prestación de servicios de seguridad privada, así como las
funciones de los vigilantes de seguridad están recogidos en su legislación especial, es
decir, Ley de Seguridad Privada y su Reglamento de desarrollo, hay que entender que,
puesto que el objeto del debate son las funciones de los vigilantes de seguridad y su
uniformidad y no las de los cuidadores de los centros de menores, la legislación
especial aplicable en este caso es el R/D 2364/94 que en su artículo 71 establece las
funciones propias de los vigilantes de seguridad, entre las que se encuentra la
protección de las personas a su cargo o en el interior de los inmuebles.

Por todo ello se puede interpretar que la prestación de servicios de seguridad
privada, así como las funciones de los vigilantes de seguridad y su uniformidad, entre
las que se incluye la defensa, están establecidas en el R/D 2364/94 de 9 de diciembre.
La modificación de la uniformidad de los vigilantes de seguridad, contemplada
en el Real Decreto 2364/94, exigiría que se regulara en una norma superior o que se
produjera una modificación de la actual.

Por otra parte la regulación de los medios de defensa y la dotación de
uniformidad, es algo que depende orgánicamente de la Empresa de seguridad y es
ésta, a través de su Jefe de Seguridad, la que tiene la responsabilidad de su porte y
utilización. La legislación vigente en seguridad privada, establece que los vigilantes de
seguridad dependen funcionalmente del jefe de seguridad de la empresa, salvo que se
constituya Departamento de Seguridad en el centro de menores, en cuyo caso,
dependerán de su Director de Seguridad.

La única vía para la modificación de los medios de defensa viene recogida en la
Orden Ministerial de 7 de julio de 1995, que da cumplimiento al Real Decreto 2364/94,
en cuyo apartado vigésimo sexto, último párrafo, se recoge que “la Dirección General
de la Policía y de la Guardia Civil, previa solicitud de la empresa de seguridad, podrá
autorizar la sustitución de la defensa reglamentaria por otras armas defensivas,
siempre que se garantice que sus características y empleo se ajustan a lo prevenido en
el Reglamento de Armas”.

Es decir que la autoridad para la autorización de algún tipo de modificación de
los medios de defensa es el Director General de la Policía y de la Guardia Civil y no
otra.

CONCLUSIONES


PRIMERA.- La normativa aplicable a los medios de defensa y su utilización, es la de
seguridad privada, independientemente del lugar donde sean prestados los servicios.

SEGUNDA.- La legislación vigente en seguridad privada, establece que los vigilantes
de seguridad dependen funcionalmente del jefe de seguridad de la empresa, salvo que
se constituya Departamento de Seguridad en el centro de menores, en cuyo caso,
dependerán de su Director de Seguridad.

TERCERA.- La única autoridad facultada legalmente para autorizar algún tipo de
notificación de los medios de defensa del personal de seguridad privada, es el Director
General de la Policía y de la Guardia Civil, previa solicitud razonada a tal efecto por
parte de la empresa de seguridad.

UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA


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