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2010/009 * INHIBIDORES DE FRECUENCIA

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2010/009 * INHIBIDORES DE FRECUENCIA

Mensaje por 38435-6718 el Vie 18 Nov 2016, 16:51

INFORME UCSP Nº: 2010/009
FECHA 16/02/2010
ASUNTO INHIBIDORES DE FRECUENCIA
ANTECEDENTES
El uso de los inhibidores de frecuencia, se ha generalizado en nuestra
sociedad. Particulares, propietarios de empresas o directores de centros de formación,
instalan estos aparatos, de fácil adquisición y escaso coste, en sus viviendas, locales o
aulas, sin tener en cuenta las consecuencias que su utilización provoca en los
derechos fundamentales de los ciudadanos.
En muchos lugares, como espectáculos públicos, aeronaves, hospitales,
gasolineras…etc., seguramente aplicando criterios de oportunidad o necesidad, pero
sin una adecuada valoración del principio de proporcionalidad, recurren a la
“recomendación”, cuando no a la exigencia, de apagar los móviles, para evitar
molestias, preservar derechos, conjurar peligros o cualquier otra finalidad, normalmente
amparada bajo el manto protector de la razón de seguridad.
Un caso particularmente problemático es el de los estudiantes y opositores,
que vienen utilizando aparatos tecnológicos de muy difícil localización en las distintas
pruebas de conocimientos, y que han provocado que muchos centros públicos y
privados estén estudiando la conveniencia y la legalidad de instalar inhibidores de
frecuencia en sus aulas, con el único objetivo de impedir o hacer inútiles los aparatos
utilizados por los alumnos para, de forma fraudulenta, superar las pruebas, pero que
también inutilizarían otros aparatos legales como los teléfonos móviles, los equipos de
seguridad o los mandos a distancia de los distintos aparatos electrónicos del propio
centro y de los locales o viviendas de las proximidades.
En base a ello, y en contestación a la pregunta referente a la legalidad del uso
de aparatos inhibidores de frecuencia, se emite el presente informe, tomando como
referencia la contestación a la consulta que una Empresa de Seguridad realiza al
Ministerio de Industria, de fecha 28 de diciembre de 2004, y que puede ser trasladable
a la consulta que motiva este informe.
CONSIDERACIONES
Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta
Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros
- 2 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA Y DE
LA GUARDIA CIVIL
efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los
ciudadanos.
En primer lugar, se ha procedido a realizar un breve estudio de la legislación
reguladora de seguridad privada, señalándose que no existe referencia alguna a esta
materia, por lo que la utilización de los aparatos inhibidores de frecuencia, es
totalmente ajena a la seguridad privada.
De forma indicativa, la normativa aplicable a este tipo de cuestiones, será la
siguiente:
· Directiva de la Comunidad Europea 99/05/CE
· Real Decreto 1890/2000 de 20 de noviembre por el que se aprueba el
procedimiento para la evaluación de la conformidad de los aparatos de
telecomunicaciones.
· Informe de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones de fecha 28 de
diciembre de 2004.
· Título VIII de la Ley 32/2003 de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones.
· Decisión de la Comisión de 6 de abril de 2000 relativa al establecimiento de
la clasificación inicial de los equipos radioeléctricos y equipos terminales de
telecomunicación y los identificadores asociados.
· Decisión de la Comisión de 26 de julio de 2002 por la que se crea un Grupo
de política del espectro radioeléctrico.
· Decisión nº 676/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un
marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad
Europea.
La utilización de este tipo de dispositivos incide en el espacio radioeléctrico,
al que perturba interrumpiendo la frecuencia e impidiendo la comunicación.
Entendiéndose por espectro radioeléctrico, de conformidad con la normativa
comunitaria, las ondas radioeléctricas en las frecuencias comprendidas entre
las 9 khz y 3000 Ghz. Debemos tener en cuenta que dicho espectro
radioeléctrico es definido y marcado por un Grupo de Política del espectro,
formado por Altos Representantes ministeriales de los Estados miembros,
así como por un Comité del Espectro Radioeléctrico encargado de las
medidas técnicas de aplicación, armonización y atribución de las frecuencias
de radio.
- 3 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA Y DE
LA GUARDIA CIVIL
Sobre el particular que nos ocupa, la utilización de estos aparatos y su
afectación al especto radioeléctrico, la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones, a
través de un informe emitido con fecha 28 de diciembre de 2004, vierte una
consideración de enorme interés al definir el ámbito de aplicación de la normativa de
telecomunicaciones respecto a la cuestión objeto de consulta. Y así expresa: “ Si los
equipos anulan las frecuencias de radio mediante la emisión de señales radioeléctricas
que perturbando, crean interferencias que inhabilitan, por ejemplo, el uso de teléfonos
móviles, estos equipos, por el solo hecho de utilizar el espectro radioeléctrico, deberán
estar a lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE, transpuesta a la legislación española
mediante el Real Decreto 1890/2000 de 20 de noviembre”.
En relación con la cuestión objeto del presente informe, relativa a la legalidad
de este tipo de dispositivos, de extremadamente aclaratorio debe calificarse las
afirmaciones vertidas en el Informe antes citado al afirmar que: "Los equipos que
utilicen frecuencias de radio de forma no armonizada, deberán notificarlo a la
Secretaría de Estado para proceder a su autorización o a no autorizar el uso de estos
equipos”. Y más importante o relevante es el comentario siguiente: “En el Comité
TCAM, que emana de esta Directiva, se ha llegado a un acuerdo entre todos los
Estados miembros de NO AUTORIZAR el uso de este tipo de equipos, y así figura en
los documentos y página web de la Comisión Europea sobre esta materia”.
Los inhibidores de frecuencia aludidos están encuadrados en la categoría 2 y
son objeto de restricción, y ello conforme a lo dispuesto en la Decisión de la Comisión
Europea, de fecha 6 de abril de 2000, al contemplar, en su artículo 1.2 de dicha
decisión que: “ Los equipos radioeléctricos cuya puesta en servicio sea objeto de
restricciones por los Estados miembros, según lo previsto en el apartado 2 del artículo
7 de la Directiva 1999/5/CE, o cuya puesta en el mercado esté limitada según lo
previsto en el apartado 5 del artículo 9 de la Directiva 1999/5/CE, constituirán una
categoría. Dicha categoría se denominará categoría 2.”.
Conviene aclarar, en este sentido, que el Comité de Vigilancia del Mercado y
evaluación de la conformidad en materia de Telecomunicaciones (TCAM), es el
organismo encargado de elaborar dichas categorías.
Por último, reproducir, por su interés, al establecer una salvedad a la utilización
de los inhibidores de frecuencia, la siguiente afirmación efectuada por la Secretaría de
Estado en su Informe tantas veces repetido: “ No obstante, debe tenerse en cuenta que
la Directiva contempla una serie de equipos que están exentos de la aplicación de la
misma, como pueden ser los utilizados, exclusivamente, para actividades relacionadas
con la seguridad pública, la defensa nacional, la seguridad del estado y las actividades
del Estado en el ámbito del Derecho Penal. De ello se deduce que, en determinadas
circunstancias, estos equipos pueden ser puestos en servicio, siempre que se
encuentren en la situación anterior, ya que no les sería de aplicación ni la Directiva ni el
Real Decreto”.

El régimen sancionador aplicable a aquellas personas físicas o jurídicas que
pongan en el mercado este tipo de dispositivos viene descrito en la Ley General de
Telecomunicaciones, Título VIII (Inspección y Régimen sancionador), debiendo mediar
denuncia. Las sanciones pueden oscilar entre 20 millones de Euros, ante el supuesto
de comisión de infracción muy grave (artículo 53.b y f de la Ley) y 500.000 Euros, para
el supuesto de comisión de infracción grave (artículo 54.c, e, j de la Ley).

CONCLUSIÓN

En atención a las consideraciones anteriores, cabe concluir lo siguiente:
1º.- El Organismo oficial competente en esta materia es el Ministerio de Industria, a
través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, siendo ésta una materia
ajena a la normativa específica de seguridad privada sobre medidas de seguridad.
2º.- En el Comité de Vigilancia del Mercado y evaluación de la conformidad en materia
de Telecomunicaciones (TCAM), del que emana la Directiva, se ha llegado a un
acuerdo, entre todos los Estados miembros, de no autorizar este tipo de equipos, salvo
las excepciones previstas en la norma en el ámbito de la seguridad pública..
3º.- Los dispositivos inhibidores de frecuencia sólo pueden ser usados por las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad y Administraciones Públicas autorizadas, por lo que, en la
actualidad, todos aquellos que se estén utilizando fuera de esta excepción, y sin la
autorización expresa de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, se
encuentran al margen de la legislación vigente, pudiendo aplicarse, en consecuencia,
previa denuncia, el correspondiente régimen sancionador por parte del organismo
competente.

Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la
Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio
decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la
consulta sometido a consideración.

EL COMISARIO, JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA


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