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2010/021 * Perdida de habilitación del personal de seguridad privada por inactividad superior a dos años y cambios en la Tarjeta de Identidad Personal (TIP)

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2010/021 * Perdida de habilitación del personal de seguridad privada por inactividad superior a dos años y cambios en la Tarjeta de Identidad Personal (TIP)

Mensaje por 38435-6718 el Vie 18 Nov 2016, 17:48

INFORME UCSP Nº: 2010/021

FECHA 11/03/2010

ASUNTO: Perdida de habilitación del personal de seguridad privada por inactividad superior a dos
años y cambios en la Tarjeta de Identidad Personal (TIP)

ANTECEDENTES

El presente informe se emite en contestación a un escrito de la Secretaría
General de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, que remite dos consultas
efectuadas a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, por parte del
representante de una Organización Sindical, relativas a la perdida de habilitación por
inactividad superior a dos años y a la posibilidad de modificar las Tarjetas de Identidad
Profesional (TIP).

CONSIDERACIONES

Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta
Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros
efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los
ciudadanos.

a) Respecto a la pérdida de la habilitación por inactividad.
En relación a la primera consulta, relativa a la perdida de habilitación por
inactividad superior a dos años, el artículo 10 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de
Seguridad Privada, en su en su apartado 5, establece que la “perdida de alguno de los
requisitos indicados producirá la cancelación de la habilitación, que será acordada por
el Ministro del Interior, en resolución motivada con audiencia del interesado” y el
apartado 6 mantiene que “La inactividad del personal de seguridad por tiempo superior
a dos años exigirá su sometimiento a nuevas pruebas para poder desempeñar las
funciones que le son propias”.

La citada Ley de Seguridad Privada, en el apartado 2 del artículo 1º, establece
que “A los efectos de esta Ley, (…) el personal de seguridad privada (…) estará
integrado por los vigilantes de seguridad, los vigilantes de explosivos, los jefes de
seguridad, los directores de seguridad, los escoltas privados, los guardas particulares
del campo, los guardas de caza, los guarda pescas marítimos y los detectives
privados”.

Asimismo, en el punto 1 de su artículo 10, establece que “Para el ejercicio de
las funciones de seguridad privada, el personal al que se refiere el artículo 1, apartado
2, de esta ley, habrá de obtener previamente la correspondiente habilitación del
Ministerio del Interior, con el carácter de autorización administrativa, en expediente que
se instruirá a instancia del propio interesado, estableciendo, en el punto segundo, los
requisitos que habrán de reunir los aspirantes”

Sobre el contenido, sentido y alcance de este precepto normativo, la
Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, ya se ha pronunciado mediante
informe de abril de 1996, en contestación a una consulta de una Central Sindical,
siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo referente a la interpretación de la
normativa de seguridad privada, interpretando el artículo 10.6 de la Ley 23/1992, de 30
de julio, de Seguridad Privada, y el artículo 64.2 del Reglamento de desarrollo,
aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, en el sentido de que “dichos
preceptos no atribuyen a la inactividad del personal de seguridad privada la
consecuencia formal de la inhabilitación de dicho personal, sino la necesidad material
de su sometimiento a nuevas pruebas, para comprobar que mantiene su capacidad
física y psíquica, así como la actualización de la formación precisa para el ejercicio de
sus funciones”.

En este sentido, la propia Secretaría General Técnica, en otro informe de
octubre de 1996, establece, respecto a los Vigilantes de Seguridad que lleven inactivos
mas de dos años, para devolverles el título que tienen depositados en las distintas
Delegaciones del Gobierno que, “Tanto si el periodo de inactividad transcurre antes del
1 de agosto de 1996, como si transcurre en parte con anterioridad y en parte con
posterioridad a dicha fecha, o si se produce totalmente con posterioridad, siempre que
la solicitud de rehabilitación se presente después del 1 de agosto de 1996, debe
entenderse que las pruebas a que se refiere el artículo 10.6 de la Ley de Seguridad
Privada, son aquellas a que se refiere el apartado Noveno de la Orden de 7 de julio de
1995, cuya convocatoria corresponde a la Secretaría de Estado de Seguridad”.
En referencia a la habilitación múltiple de una misma persona para vigilante
de seguridad y sus especialidades, mantiene el criterio de que “la actividad en el
ejercicio de cualquiera de los tres tipos de funciones, tiene trascendencia para las
otras, en el sentido que constituye actividad a todos los efectos, e impide el nacimiento
de la obligación de volver a realizar nuevas pruebas para poder desempeñar cualquiera
de las tres facetas o modalidades de vigilantes de seguridad”.

Siguiendo ese mismo criterio, la Unidad Central de Seguridad Privada, viene
aplicando la obligación de realizar nuevamente las pruebas previstas en la legislación
de Seguridad Privada, exclusivamente a aquellas personas que durante un periodo de
más dos años, no hayan desempeñado ninguna de las funciones atribuidas al personal
de Seguridad Privada relacionado en el artículo 1.2 de la citada Ley, con excepción de
los Detectives Privados y los Directores de Seguridad que hayan conseguido su
habilitación a través de titulación reconocida por la Autoridad Competente al afecto, si
bien, en ningún caso se contempla la posibilidad de que el periodo de dicho plazo
pueda interrumpirse por causa alguna.

Este ha sido, hasta ahora, el razonamiento y el criterio que ha venido
manteniendo esta Unidad Central en esta materia. No obstante, y con fundamento en
otro conjunto de razones de carácter jurídico-práctico, dicho criterio aplicativo, que se
mantiene, ha sido matizado en parte y completado con otras consideraciones, entre las
que se encuentran las siguientes:

1ª) Aunque legal, no parece justo ni proporcionado, que no se pueda contemplar
excepción alguna justificativa de la inactividad, tratando por igual situaciones que son
total y radicalmente desiguales, como puede ser el hecho de la inactividad
voluntariamente deseada o motivada por la posible dedicación a otra actividad laboral,
por una lado, y la inactividad originada por paro indeseado (muy frecuente en el
momento actual), por maternidad, por cuidado de hijos o de personas dependientes, o
por incapacidad laboral transitoria, bien por enfermedad común o incluso por
enfermedad profesional, accidente de trabajo o lesión producida en acto de servicio.
2ª) También parece una incongruencia el reducir, en la práctica, este impedimento legal
a una parte del personal de seguridad privada, vigilantes y especialidades
principalmente, y no extenderlo, en consecuencia, a todo el conjunto del personal
(Directores y Detectives titulados inclusive), ya que es solo a vigilantes y
especialidades a los que se les acuerdan pruebas con ocasión de las diferentes
convocatorias realizadas por la Secretaría de Estado de Seguridad para examen de
vigilantes y especialidades de nuevo ingreso, y no así para Jefes y Directores no
titulados, con lo que, en la práctica, la tacha de inactividad únicamente recae sobre los
vigilantes, aunque la pueden subsanar, pero no sobre Jefes y Directores no titulados,
si bien estos, por el contrario, al no ser convocados a pruebas, solo les queda la
posibilidad real de someterse a un nuevo examen de habilitación, lo que parece
desproporcionado.

3ª) Por otra parte, se puede calificar de inconsecuencia la situación que se produce
respecto de los Jefes y Directores que acceden a tal condición por la vía de su
pertenencia en activo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, y que precisamente por
su condición de tales les resulta totalmente incompatible el ejercicio de cualquier otra
actividad laboral, especialmente en la seguridad privada, y para los que, en estricta
observancia de la letra de la norma legal, también sería de aplicación el régimen de
inactividad por más de dos años.

4ª) Otra situación peculiar es la que se produce con los vigilantes jurados, a los que la
normativa les permite el canje sine die, de su anterior habilitación, por la actual de
vigilante de seguridad, si bien se les informa en dicho acto de la necesidad de acudir a
las pruebas de conocimiento con ocasión de las convocatorias para vigilantes y
especialidades.

5ª) Como nota común a todos los anteriores supuestos descritos, conviene recordar
que no se encuentra tasado lo que haya de entenderse por “actividad”, en relación con
la cantidad de tiempo o duración del trabajo exigible, por lo que, en la práctica, resulta
perfectamente legal el estar dado de alta laboral por un solo día o por una hora de
trabajo para pasar de la inactividad a la actividad más absolutas, tanto desde el punto
de vista negativo como positivo de sus respectivos efectos.

6ª) Por último, y en relación con todo lo anterior, cabe traer a colación otros dos
argumentos de orden jurídico, y que resultan de particular aplicación con ocasión de los
procedimientos de renovación documental de la TIP:

 No le corresponde al personal de seguridad interesado el deber de demostrar,
ante la Administración, la efectividad de su actividad profesional, sino que ese
deber recae, exclusivamente, en la Administración, que tiene que probar, en su
caso, la existencia de la inactividad impeditiva. En definitiva, no cabe invertir la
carga de la prueba ni obligar a declarar contra uno mismo.

Tampoco corresponde al personal de seguridad interesado el deber de aportar
datos o documentos que ya tiene la Administración o cuya concreta
especificación no constituye un requisito del procedimiento normativamente
exigible. Por el contrario, es deber de la Administración, y derecho del
ciudadano, el abstenerse de pedir pruebas de requisitos no exigibles o
contemplados en la norma, o cuyo conocimiento ya obre en su poder.

b) Respecto a las modificaciones de la TIP.

En relación a la segunda consulta, referente a la solicitud de modificaciones en
la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP), se significa que las características de la
misma vienen determinadas en el Anexo 5 de la Orden de 7 de Julio de 1.995, por lo
que cualquier cambio en la misma requiere, necesariamente, una modificación
normativa.

La Unidad Central de Seguridad Privada, consciente de esta necesidad,
presentó en la Comisión Mixta Central de Coordinación de la Seguridad Privada,
presidida por el Director General de la Policía y la Guardia Civil, celebrada el 3 de
diciembre de 2009, una modificación de esta Orden Ministerial en la que, además de
otras muchas modificaciones, se contempla la de incluir un la misma tarjeta todas las
habilitaciones que posea una misma persona.

CONCLUSIONES

En atención a las consideraciones anteriores, cabe concluir lo siguiente:

1º- La inactividad del personal de seguridad privada por tiempo superior a dos
años, no es causa, por si sola, de la perdida de la habilitación, si bien el personal que
se encuentre en esta situación, deberá superar las correspondientes pruebas
acreditativas de que sigue reuniendo los conocimientos y aptitudes necesarias para el
desempeño de sus funciones, y asimismo acreditar que sigue reuniendo los requisitos
generales contemplados en la ley.

2º- Dado que la ley permite la habilitación múltiple, y que el desempeño de una
actividad es incompatible con las demás, el ejercicio de una actividad de seguridad
privada tiene transcendencia para el resto de habilitaciones, a efectos del cómputo del
tiempo de inactividad.

3º- El plazo de dos años a que se refiere el apartado 6 del artículo 10 de la Ley
de Seguridad Privada no es susceptible de interrumpirse por causa alguna.

4º- Se está trabajando en la modificación de la Orden Ministerial en la que
figuran los datos que deben aparecer en la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP), al
objeto de incluir en una única Tarjeta todas las habilitaciones que posea una misma
persona.
5º- En atención a todo el conjunto de consideraciones jurídico-prácticas
formuladas, y aun cuando por imperativo legal esta Unidad Central viene aplicando
esta punición normativa en todos aquellos casos en los que consta o se pone de
manifiesto en el procedimiento dicha situación de inactividad impeditiva, entiende que
esto resulta compatible con proceder a dar curso a los procedimientos de renovación
documental sin exigir aportar o demostrar lo que la Administración ya debe tener y
saber (art. 35 f) Ley 30/92).

Todas estas razones fueron las que determinaron que, en diciembre de 2008,
en un informe sobre Líneas Maestras para la Reforma de la Ley de Seguridad Privada,
remitida al Comité Ejecutivo para el Mando Unificado (CEMU), a su solicitud, se
interesase la derogación, en la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada, de la
inactividad como causa de pseudopérdida de la habilitación para el ejercicio de la
profesión de seguridad privada.

Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la
Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio
decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la
consulta sometido a consideración.

EL COMISARIO, JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL

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