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2010/030 * DELITO DE INTRUSISMO EN EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA.

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2010/030 * DELITO DE INTRUSISMO EN EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA.

Mensaje por 38435-6718 el Vie 18 Nov 2016, 17:59

INFORME UCSP Nº: 2010/030

FECHA 24/03/2010

ASUNTO DELITO DE INTRUSISMO EN EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA.

ANTECEDENTES

El presente informe se emite como consecuencia de un escrito de una Unidad
Territorial de Seguridad Privada, quien a su vez, remite otro un Delegado de
Organización de una Central Sindical, a través del cual, solicita informe de la Secretaría
General Técnica del Ministerio del Interior, en relación a diferentes cuestiones sobre la
posible comisión de un delito de intrusismo en el ámbito de la seguridad privada,
cuando personas que carecen de habilitación expedida por el Ministerio del Interior,
realizan funciones propias del personal de seguridad privada.

CONSIDERACIONES

Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta
Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros
efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los
ciudadanos.

El Artículo 403 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código
Penal, regula dentro del título XVIII, el delito de intrusismo, en los siguientes términos
“El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título
académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente,
incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses. Si la actividad profesional
desarrollada exigiere un título oficial que acreditare la capacitación necesaria y habilite
legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en posesión de dicho título, se impondrá
la pena de multa de tres a cinco meses”.

El actual Código Penal, supera las discrepancias anteriores relacionadas con la
interpretación de si por título oficial debía entenderse únicamente titulo académico o si
por el contrario debía ampliarse a cualquier título expedido por el Estado que habilitara
para el ejercicio de una profesión, diferenciando en el propio precepto entre título
académico y título oficial.

Por título académico hay que entender los títulos universitarios (Doctores,
Licenciados etc...) expedidos por España, o en un país extranjero, siempre que se trate
de un título reconocido en España.

Por título oficial, hay que entender, además de título académico, cualquier título
que sea otorgado o reconocido por el Estado Español, siempre que habilite para el
ejercicio de una profesión.

En este sentido, la Secretaría General Técnica ya se pronunció en un primer
informe de fecha 20 de noviembre de 2001, estableciendo que, “la autorización
administrativa que habilita para el ejercicio de la profesión de vigilante de seguridad no
es un “título académico” puesto que, ni su obtención requiere estudios superiores
específicos, ni es la Autoridad Académica quien la concede, sino el Ministerio del
Interior”, dejando claro que, en ningún caso permite la aplicación del primer inciso del
Artículo 403.1 del Código Penal.

Por lo que se refiere al concepto “título oficial”, la Subdirección General de
Títulos, Convalidaciones y Homologaciones del entonces Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes se pronunció en informe de fecha de 19 de febrero de 2002, a
petición de la propia Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior
estableciendo que “dentro de este concepto, pueden incluirse los títulos profesionales,
no académicos, expedidos por la Autoridad Administrativa competente, de acuerdo con
la normativa sectorial que corresponda”, si bien es cierto que la propia Ley 23/1992, de
30 de julio, de seguridad privada otorga el carácter de “Autorización Administrativa” a la
habilitación del personal de seguridad privada previsto en el Apartado 2 del Artículo 1,
es decir vigilantes de seguridad y especialidades, Jefes y Directores de Seguridad,
Guardas Particulares de Campo y especialidades y Detectives Privados, y, por lo tanto,
no lo considera expresamente como título oficial.

El propio Secretario de Estado de Seguridad establece, en el apartado primero
de las Resoluciones por las que se convocan pruebas de selección de Vigilantes de
seguridad y sus especialidades que, “la superación de las pruebas habilitará para el
ejercicio de las correspondientes profesiones, previa expedición de la tarjeta de
identidad profesional”.

Atendiendo a los razonamientos anteriormente expuestos, la propia Secretaría
General Técnica, emitió otro informe con fecha 19 de febrero de 2002 considerando
que la Autorización Administrativa que habilita para el ejercicio de las distintas
profesiones de seguridad privada, no tiene la consideración de título oficial a los efectos
de lo previsto en el Artículo 403 del Código Penal, por las siguientes razones:

a. Distinción entres títulos y autorizaciones, siguiendo la doctrina del
Consejo de Estado, contraria a que los títulos académicos puedan
considerarse autorizaciones (Dictamen de la Comisión permanente de
19 de noviembre de 1998 nº 3.302/98).

b. Imposibilidad de afirmar, en virtud de la normativa general o sectorial en
la materia, que la autorización administrativa que concede el Ministerio
del Interior tenga la consideración de “Título Oficial” y, por lo tanto, su
conceptuación como tal, a los efectos del Art. 403 del Código Penal,
podría vulnerar el principio de tipicidad.

Si bien lo expuesto hasta ahora, parece afectar a todo el personal de seguridad
privada, esta Unidad Central entiende que existen diferencias claras en el caso de los
Detectives Privados, ya que, siguiendo lo previsto en el Artículo 53 del R.D. 2364/1994,
sí se les exige estar en posesión del Diploma de Detective Privado en la forma que se
determine por Orden del Ministerio del Interior, después de cursar las enseñanzas
programadas y de superar las pruebas, habiendo sido desarrollados los estudios, en lo
que se refiere a su contenido y duración, en la Orden de 7 de julio de 1995 del
Ministerio del Interior y en la Resolución de 19 de enero de 1996 de la Secretaría de
Estado de Interior.

En este sentido, el Juzgado de lo Penal número 1 de León, en Sentencia 68/02,
ratificada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en Sentencia 37/2002 de
17 de mayo, aprecia delito de intrusismo en la conducta de dos personas que realizan
actos propios de la profesión de Detective Privado, careciendo de la titulación oficial
para el ejercicio de la misma, y en consecuencia, careciendo también de la habilitación
otorgada por el Ministerio del Interior.

Hay que señalar, y así lo expresa el Juzgado en su sentencia, que para la
consumación del delito, además del elemento subjetivo de intencionalidad -solo es
posible la comisión dolosa- exige que, para que se dé la conducta delictiva del delito de
intrusismo, es necesario que concurran los elementos de, realizar ejercicios de actos
de una profesión (elemento material) y, además, no estar en posesión del necesario
título académico u oficial (elemento formal o normativo), siendo este un delito de mera
actividad, por lo que la consumación se produce desde que se realiza un acto propio de
la actividad invadida, sin que sea necesario que se cause resultado alguno, siendo
posible también la tentativa, si antes de realizar el acto propio de la profesión invadida,
es interrumpido por una actuación policial.

De la necesidad de que concurran los dos elementos, se deduce que no sería
punible, por no resultar típico, la realización de actos de una profesión para la que no
se requiera título académico u oficial, siendo, a juicio de esta Unidad Central, el caso
del resto de personal de seguridad privada.

Por lo que respecta a la consulta relativa a la posibilidad de la detención, por
parte del personal de seguridad privada, de las personas responsables de este delito,
para poner a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, esta
Unidad Central entiende que no es posible realizar un pronunciamiento, sin conocer las
circunstancias en cada uno de los casos, para determinar si procede la detención, o
bien es posible la imputación sin detención.

Respecto a la pregunta relacionada con la responsabilidad en que incurre el
personal de Seguridad Privada que no ponga en conocimiento de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad competentes los actos delictivos de los que tenga
conocimiento, se estará a lo dispuesto en las normas penales y administrativas
vigentes.

CONCLUSIÓN

En atención a las consideraciones anteriores, cabe concluir lo siguiente:

1. No es posible la apreciación del delito de intrusismo previsto en el Art.
403 del Código Penal, simplemente por realizar funciones de seguridad,
careciendo de la habilitación necesaria, toda vez que se trata de una
autorización administrativa que no tiene la consideración de título oficial.

2. En el caso de los Detectives Privados, la realización de funciones,
careciendo del Diploma de Detective necesario, siguiendo el criterio
jurisprudencial, sí pueden incurrir en esta tipología delictiva, si concurren
los elementos necesarios en la conducta (elemento formal y material) y,
además, se da el elemento subjetivo de la intencionalidad.

3. Para proceder a la detención o no del autor de esta conducta, es
necesario apreciar otras circunstancias, toda vez que lo mas adecuado
parece la imputación sin detención, por lo que en el caso del personal de
seguridad privada, la actuación correcta sería la simple comunicación a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, para que sean estas
las que actúen en consecuencia.

4. El incumplimiento de la obligación que tiene el personal de seguridad
privada de comunicar el conocimiento de actos delictivos a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad competentes, generará las responsabilidades
penales o administrativas, previstas en la legislación vigente.

Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la
Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio
decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la
consulta sometido a consideración.

EL COMISARIO, JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL
DE SEGURIDAD PRIVADA

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