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2010/051 * Instalaciones contra incendios

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2010/051 * Instalaciones contra incendios

Mensaje por 38435-6718 el Dom 20 Nov 2016, 10:27

INFORME UCSP Nº:2010/051
FECHA 23/07/2010
ASUNTO Instalaciones contra incendios.
ANTECEDENTES
La modificación introducida en la Ley 23/1992, de 30 de junio, de
Seguridad Privada, por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, conocida como Ley
Ómnibus, y su correspondiente desarrollo reglamentario, operado por Real
Decreto 195/2010, de 26 de febrero, por el que se da nueva redacción a
alguno de los artículos del Reglamento de Seguridad Privada, especialmente al
artículo 39, parece haber generado cierta inquietud en el sector, respecto de
las empresas dedicadas a la prevención de la seguridad contra incendios, en el
sentido de si es o no obligatoria su inscripción en el Registro de Empresas
de Seguridad cuando pretendan realizar actividades de instalación y
mantenimiento de sistemas contra incendios.
Para tratar de aclarar el alcance y afectación que estas modificaciones
hayan podido suponer para el sector de la seguridad contra incendios, y tras
consultas efectuadas ante la Secretaría General Técnica del Ministerio del
Interior, se emite el presente informe al objeto de fijar y dar a conocer la
posición de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de
Policía, como autoridad policial de control en materia de seguridad privada.
CONSIDERACIONES
Antecedentes Normativos
El apartado primero del artículo 39 del Reglamento de Seguridad
Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre,
establecía originariamente que “únicamente podrán realizar las
operaciones de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad
electrónica contra robo e intrusión y contra incendios las empresas
autorizadas, no necesitando estar inscritas cuando se dediquen sólo a la
prevención de la seguridad contra incendios”.
Dicho apartado fue modificado por el Real Decreto 1123/2001, de 19 de
octubre, que le dio la siguiente redacción:
- 2 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA Y DE
LA GUARDIA CIVIL
“1. Únicamente podrán realizar las operaciones de instalación y
mantenimiento de sistemas de seguridad electrónica contra robo e intrusión y
contra incendios las empresas autorizadas. No necesitarán estar inscritas
como empresas de seguridad cuando se dediquen solamente:
A. A la colocación de alarmas u otros avisadores acústicos u ópticos contra
robo o intrusión en vehículos automóviles no regulados especialmente
en este Reglamento o en las disposiciones de desarrollo del mismo a
efectos de seguridad privada.
B. A la prevención de la seguridad contra incendios.
No obstante, la prestación a terceros de servicios de recepción,
verificación y transmisión de las señales de alarma, así como su comunicación
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, deberá realizarse por empresas de
seguridad explotadoras de centrales de alarma.”.
Tras la modificación operada por el Real Decreto 195/2010, de 26 de
febrero, el nuevo texto de dicho artículo 39.1 del RSP ha quedado redactado
con el siguiente texto simplificado:
1. Únicamente las empresas autorizadas podrán realizar las operaciones
de instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de
seguridad electrónica contra robo e intrusión y contra incendios que se
conecten a centrales receptoras de alarmas.
A efectos de su instalación y mantenimiento, tendrán la misma
consideración que las centrales de alarmas los denominados centros de control
o de videovigilancia, entendiendo por tales los lugares donde se centralizan los
sistemas de seguridad y vigilancia de un edificio o establecimiento y que
obligatoriamente deban estar controlados por personal de seguridad privada.
Además de dar distinta redacción, aunque manteniendo el mismo
sentido, al primer párrafo del punto 1, lo que resulta verdaderamente
sustancial, y representa un cambio total de escenario, es la supresión completa
del inciso final de dicho párrafo del punto 1, en el que textualmente se indicaba:
No necesitarán estar inscritas como empresas de seguridad cuando se
dediquen solamente:
A. A la colocación de alarmas u otros avisadores acústicos u ópticos contra
robo o intrusión en vehículos automóviles no regulados especialmente
en este Reglamento o en las disposiciones de desarrollo del mismo a
- 3 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA Y DE
LA GUARDIA CIVIL
efectos de seguridad privada.
B. A la prevención de la seguridad contra incendios.
Igualmente, y aunque con trascendencia diferente, también se ha
suprimido por completo el párrafo segundo de dicho punto 1, que textualmente
decía:
No obstante, la prestación a terceros de servicios de recepción,
verificación y transmisión de las señales de alarma, así como su comunicación
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, deberá realizarse por empresas de
seguridad explotadoras de centrales de alarma.
En consecuencia, y conforme a una interpretación literal de lo
dispuesto en el artículo 1 (Servicios y actividades de seguridad), artículo 2
(Obligatoriedad de la inscripción y de la autorización), y artículo 46
(Requisitos de conexión), en relación con la nueva redacción dada al artículo
39.1 (Ámbito material), todos ellos del Reglamento de Seguridad Privada, las
empresas que instalen o mantengan aparatos, dispositivos y sistemas de
seguridad electrónica contra incendios que se conecten a centrales
receptoras de alarmas o a centros de control, tendrán que hallarse inscritas,
obligatoriamente, en el Registro de Empresas de Seguridad y estar
autorizadas, al menos, para el desarrollo de dicha actividad.
De ser esto así, resultaría indudable pensar que se ha producido una
total mutación del escenario legal y empresarial preexistente, hasta el punto
de invertirse la situación, pues anteriormente se permitía, como excepción,
que las empresas que se dedicasen solamente a la instalación y
mantenimiento de sistemas contra incendios, conectados o no a central de
alarmas, no necesitaban estar inscritas como empresas de seguridad
(antiguo Art.39.1.b R.S.P.), y ahora se exigiría, como regla sin excepción,
justamente todo lo contrario, esto es, que únicamente las empresas
autorizadas e inscritas son las que podrían realizar dicha instalación y
mantenimiento de sistemas contra incendios cuando éstos se conecten a
centrales de alarma o centros de control (nuevo Art. 39.1. R.S.P.).
Si ésta fuese, efectivamente, la correcta interpretación legal de la
modificación reglamentaria producida, los efectos formales, empresariales y
de seguridad, que ello produciría serían, además de contradictorios con la
reforma emprendida, netamente perjudiciales, ya que:
A. Desde el punto de vista de la obligatoria inscripción en el Registro de
- 4 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA Y DE
LA GUARDIA CIVIL
Empresas de Seguridad y autorización para el ejercicio legal de la
actividad, nos enfrentaríamos, potencialmente, a un número
elevadísimo de solicitantes de inscripción, con las lógicas
repercusiones que esta masiva solicitud tendría para la propia gestión
y funcionamiento del Registro (colapso, tardanza, duplicidad de
gestiones, aumento de cargas administrativas, etc.).
B. Desde el punto de vista empresarial, y al margen, aunque no ajena, de
la adversa coyuntura económica, empresas que funcionan de forma
correcta en el mercado, se verían obligadas, de querer seguir con las
actividades que venían realizando legalmente, a iniciar un
procedimiento de inscripción en el Registro de Empresas de
Seguridad, soportando, además, las adversas consecuencias
enunciadas en el apartado anterior.
C. Desde el punto de vista de la estricta seguridad, se produciría la
indeseada paradoja, mantenida durante algún tiempo, de que el
inmenso parque existente de instalaciones contra incendios (infinidad
de actividades y la práctica totalidad de inmuebles cuentan con estos
sistemas), quedasen, al menos, sin un mantenimiento
reglamentariamente prestado conforme a la normativa vigente, pues,
en puridad, estas empresas, hasta su inscripción y
autorización, deberían de abstenerse de prestar estos servicios en
aquellas instalaciones conectadas a centrales de alarma o a centros
de control, que no hay que olvidar que representan un gran número de
instalaciones.
Directiva de Servicios
La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, ha incorporado al derecho español
la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior (en adelante,
Directiva de Servicios).
Dicha Ley pretende establecer los principios y las disposiciones
necesarias para facilitar la libertad de establecimiento de los prestadores y la
libre prestación de los servicios que se realizan con contrapartida económica
en España, simplificando los procedimientos y fomentando un nivel elevado
de calidad en los servicios. La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, incide
especialmente en limitar el régimen de autorizaciones administrativas para el
establecimiento y la prestación de servicios sólo cuando así lo exijan razones
- 5 - MINISTERIO
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DE LA POLICÍA Y DE
LA GUARDIA CIVIL
imperiosas de interés general (orden, seguridad y salud pública, protección
de los consumidores, etc.).
Ahora bien, como indica su Exposición de Motivos, para alcanzar el
objetivo de reformar significativamente el marco regulatorio no basta con el
establecimiento de los principios generales que deben regir la regulación
actual y futura de las actividades de servicios, sino que es necesario proceder
a un ejercicio de evaluación de toda la normativa reguladora del acceso a las
actividades de servicios y de su ejercicio para adecuarla a los principios que
dicha Ley establece.
En este marco se inscribe la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, cuyo objetivo es adaptar
la normativa estatal de rango legal a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de
Noviembre. Así, mediante la citada Ley se han modificado aproximadamente
49 Leyes ordinarias estatales, entre las cuales figura la Ley 23/1992, de 30 de
julio, de Seguridad Privada, considerándose que, si bien el ámbito de la
seguridad privada, en principio, se encuentra excluido del ámbito de aplicación
de la Directiva de Servicios, resulta necesario introducir una novedad
legislativa para aclarar la situación de las actividades de instalación y
mantenimiento de sistemas de seguridad.
En efecto, la Directiva de Servicios, en el apartado segundo de su
artículo 2, excluye de su ámbito de aplicación a los servicios de seguridad
privada, concretamente en el párrafo k), y, en coherencia con lo anterior, la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, en el apartado segundo de su artículo 2,
concretamente en el párrafo k), igualmente excluye de su ámbito de aplicación
a los servicios de seguridad privada.
Ello, no obstante, el “Manual sobre la transposición de la Directiva de
Servicios”, publicado por la Comisión Europea en 2007, establece lo siguiente:
“la exclusión recogida en el artículo 2, apartado 2, letra k), abarca los servicios
de vigilancia de bienes e instalaciones, los de protección de personas
(guardaespaldas), las patrullas de seguridad y la supervisión de edificios y
asimismo los servicios relativos al depósito, salvaguarda, transporte y
distribución de efectivo y objetos de valor. Los servicios que no son de
“seguridad” propiamente dichos, como los de venta, entrega, instalación y
mantenimiento de equipos técnicos de seguridad, no son objeto de la
exclusión. Por tanto, tendrán que considerarse en las medidas de transposición
de la Directiva”.
- 6 - MINISTERIO
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En consecuencia, a las actividades de instalación de mantenimiento de
aparatos dispositivos y sistemas de seguridad debe de aplicárseles un régimen
distinto del previsto para las actividades propias de la seguridad privada en la
Ley 23/1992, de 30 de julio (vigilancia y protección de personas o bienes,
custodia de efectivo o transporte de objetos valiosos, por ejemplo)
Para ello, se ha modificado la Ley 23/1992, de 30 de julio.
Concretamente, la modificación introducida en dicha Ley consiste en añadir
una nueva Disposición Adicional Sexta, según la cual “los prestadores de
servicios o las filiales de las empresas de seguridad privada que vendan,
entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad, siempre que
no incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales de alarmas,
quedan excluidos de la legislación de seguridad privada, siempre y cuando no
se dediquen a ninguno de los otros fines definidos en el artículo 5, sin perjuicio
de otras legislaciones especificas que pudieran resultar de aplicación.”.
Interpretación de la reforma
El apartado primero del artículo 3 del Código Civil establece que “las
normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación
con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social
del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al
espíritu y finalidad de aquellas”. Con respecto a la significación y
transcendencia de este precepto, el párrafo decimotercero de la Exposición
de Motivos del Decreto de 31 de mayo de 1974, por el que se aprueba el
Texto Articulado del Título Preliminar del Código Civil, afirma que “en ningún
caso es recomendable una fórmula hermenéutica, cerrada y rígida”.
Por ello, de la redacción de este artículo se pueden deducir hasta
cinco criterios interpretativos de una norma jurídica (gramatical, sistemático,
histórico, sociológico y teleológico), lo cual no significa que deba atenderse a
una priorización de un criterio sobre otro como si existiera una jerarquía
entre todos ellos, sino a la búsqueda de la finalidad o razón de ser de la
norma.
El Tribunal Supremo se remite con mucha frecuencia a la
interpretación teleológica de las normas desde su Sentencia de
26 de noviembre de 1929, sobre la base de que “si la justicia ha de
administrarse recta y cumplidamente, no ha de atenderse tanto a la
observancia estricta y literal del texto del precepto legal como a su indudable
espíritu, recto sentido y verdadera finalidad”.
- 7 - MINISTERIO
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En la misma línea que dicha Sentencia, y tras la aprobación del vigente
Título Preliminar del Código Civil, una reiterada jurisprudencia del Tribunal
Supremo ha afirmado que “aunque el artículo 3.1 del Código Civil suprime toda
idea de jerarquización, late en el mismo el principio de desvelar que la ratio
legis, el espíritu y finalidad de la norma, constituye no simplemente un criterio
más de hermenéutica, sino el fin mismo del proceso de interpretación”
(Sentencias de la Sala 2ª de 2 de marzo y 3 de noviembre de 1979; Sentencias
de la Sala 3ª de 21 de mayo y 27 de octubre de 1979; y de la Sala 6ª de 14 de
marzo de 1979, entre otras).
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, y atendiendo a una
interpretación teleológica de las modificaciones normativas a las que venimos
haciendo referencia, llegaríamos a la conclusión de que las empresas que se
dedican a la instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas
de seguridad electrónica contra incendios que se conecten a centrales
receptoras de alarmas, no necesitan estar inscritas como empresas de
seguridad para llevar a acabo dicha actividad.
Las razones que llevarían a dicha conclusión son las siguientes:
En primer lugar, la modificación de la Ley 30/1992, de 30 de julio, llevada
a cabo a través de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, así como la
modificación del Reglamento de Seguridad Privada, mediante el Real Decreto
195/2010, de 26 de febrero, pretendían adecuar la normativa en materia de
seguridad privada a lo dispuesto en la Directiva de Servicios.
La Directiva de Servicios tiene una finalidad liberalizadora de la
prestación de servicios, así como del ejercicio del derecho de establecimiento,
eliminando las barreras y las trabas administrativas que dificultan o impiden su
ejercicio. Esta finalidad liberalizadora ha implicado que no todas las actividades
vinculadas con la seguridad privada tengan el carácter de servicios de
seguridad privada. Así, como ya se expuso anteriormente, la Comisión Europea
ha considerado que la venta, entrega, instalación y mantenimiento de equipos
técnicos de seguridad no constituyen servicios de seguridad privada, por lo que
no quedarían excluidos de la Directiva de Servicios.
En consecuencia, la aprobación del Real Decreto 195/2010, de 26 de
febrero, debería implicar, con respecto a las empresas inscritas en el
Registro de Empresas de Seguridad con anterioridad a su entrada en vigor,
o bien el mantenimiento de las mismas empresas existentes en la actualidad
inscritas en dicho Registro o, en su caso, la reducción del número de
- 8 - MINISTERIO
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empresas inscritas en éste, por la baja de aquellas empresas que se
dediquen exclusivamente a la venta, entrega, instalación y mantenimiento de
equipos técnicos de seguridad que no incluyan la prestación de servicios de
conexión con centrales de alarma.
En segundo lugar, los trabajos preparatorios de la elaboración y
aprobación de una norma constituyen un elemento esencial a la hora de
interpretar la verdadera finalidad de la misma. A este respecto, cabe señalar
que durante la tramitación de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, en las
versiones iniciales de su Anteproyecto se hacía referencia a la exclusión de
la legislación de seguridad privada de “las empresas y particulares que
vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad,
siempre que no incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales
de alarma y aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
Teniendo en cuenta la finalidad “liberalizadora” de la Ley 25/2009, de
22 de diciembre, la supresión final del inciso “y aviso a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad” del Anteproyecto se debería a la voluntad del
legislador de simplificar la redacción de la nueva Disposición Adicional Sexta
de la Ley 23/1992, de 30 de julio, y no a la de ampliar el ámbito de aplicación
de dicha Ley a las centrales de alarma que no se hallan conectadas con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En consecuencia, habría que interpretar que los “servicios de
conexión con centrales de alarmas”, que están incluidos dentro del ámbito
de aplicación de la legislación de seguridad privada, de conformidad con lo
previsto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 23/1992, de 30 de julio,
son aquellos que se comunican con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
pudiendo entenderse, a sensu contrario, que aquellas centrales de alarma
o centrales de control que no se comuniquen con Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, no es necesario que sean gestionadas por empresas de
seguridad.
Estas centrales de alarma o centrales de control que no se comunican
con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, serían, por ejemplo, las que gestionan
las empresas que se dedican a la instalación y mantenimiento de aparatos,
dispositivos y sistemas de seguridad contra incendios, las cuales no
deberían, pues, inscribirse en el Registro de Empresas de Seguridad, ya que,
por una parte, nunca se les ha exigido la inscripción en dicho Registro y, por
otra parte, la finalidad de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, y del Real
Decreto 195/2010, de 26 de febrero, nunca fue que les resultara de
aplicación este régimen jurídico.
Aplicación de la norma
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LA GUARDIA CIVIL
Si tenemos en cuenta lo que podríamos denominar como nuevo marco
de juego establecido en el Reglamento de Seguridad Privada tras la reforma
operada, cuatro son, entre otras posibles, las ideas básicas que parecen
deducirse de dicho marco normativo respecto al asunto que nos ocupa:
1. La seguridad contra incendios no es una actividad de seguridad privada
recogida en los artículos 5 y 1 de la Ley y del Reglamento de seguridad
Privada.
2. Las alarmas de incendios no exigen, necesariamente, la preceptiva
intervención policial, y tienen un protocolo propio de verificación y
comunicación.
3. No es legalmente obligatorio que un sistema de seguridad de
prevención contra incendios se conecte con la seguridad privada, bien con
una central de alarmas contra robo o intrusión (CRA), bien con un centro de
control o videovigilancia (CECON).
4. Lo que resulta legalmente obligatorio es ser empresa de seguridad,
autorizada e inscrita, cuando se instale o mantenga un aparato, dispositivo o
sistema de seguridad electrónico (contra robo, intrusión o contra incendios),
conectado con seguridad privada a CRA o CECON que de aviso a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
De ser esto así, y también entre otras posibles alternativas que
pudieran imaginarse, cabe pensar que el sector contra incendios, en razón al
estricto cumplimiento de la ley, se encontraría ante cuatro posibles
alternativas:
1ª No hacer instalaciones ni mantenimientos de aparatos, dispositivos o
sistemas de seguridad electrónica conectados a CRA o CECON, que
den aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
2ª Hacerse empresa de seguridad autorizada para instalación y
mantenimientos, de los artículos 5.1.e) y 1.1.e) de la Ley y Reglamento de
Seguridad Privada.
3ª Hacer un “centro de llamadas” sólo para las alarmas de incendios, con
línea y funcionamiento independiente de CRA y CECON conectadas con
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a modo semejante de lo que sucede en
otros campos sanitarios o asistenciales: Enfermos cardíacos, enfermos de
Alzheimer, teleasistencia a mayores, personas discapacitadas, etc.
- 10 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA Y DE
LA GUARDIA CIVIL
4ª Conectar los sistemas de prevención contra incendios con otros tipos
de servicios de atención de urgencias, como el 112.
En relación con dichas alternativas, se reitera lo ya manifestado en el
informe, por lo que se considera que una empresa que se dedique a la
instalación y mantenimiento de sistemas de alarma contra incendios, no es
necesario que se inscriba en el Registro de Empresas de Seguridad,
siempre y cuando no se conecte con centrales receptoras de alarma que se
comuniquen con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En consecuencia, si estas empresas o bien no se conectan con
ninguna central receptora de alarmas, o bien efectúan su conexión con
centros de llamadas que no se conecten con las Fuerzas de Seguridad del
Estado, o bien se conectan con servicios de atención de urgencias (como el
112), no es necesario que se inscriban en el Registro de Empresas de
Seguridad.
Esta interpretación de lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad
Privada, especialmente en su artículo 39, tras la reforma llevada a cabo en
éste a través del Real Decreto 195/2010, de 26 de febrero, respeta el statu
quo vigente del sector de las empresas que instalen equipos de seguridad
contra incendios y es coherente con el espíritu liberalizador que preside la
reforma de la Ley 23/1992, de 30 de julio, mediante la Ley 25/2009, de 22
de diciembre.
CONCLUSION
En razón de todo lo anteriormente expuesto, y en atención al espíritu
liberalizador que inspira la Directiva de Servicios 2006/123/CE y su
consiguiente adaptación al ordenamiento español por Ley 17/2009, sobre libre
acceso a las actividades de servicios (Ley Paraguas) y la ya citada Ley
25/2009 (Ley Ómnibus), así como el hecho de no haberse interesado ni por el
sector privado de la seguridad ni por el de contra incendios, ni haberse
pretendido por la Administración un cambio normativo tan relevante y
contrario a la anterior situación y a los principios inspiradores que
fundamentaron la reforma, y teniendo en cuenta el superior criterio de la
Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior acerca del alcance y
efectos de dicha modificación reglamentaria, se considera que ni la
modificación de la Ley 23/1992, de 30 de julio, llevada a cabo por la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, ni la reforma del Reglamento de Seguridad
Privada, mediante el Real Decreto 195/2010, de 26 de febrero, han pretendido
ampliar su ámbito de aplicación a las empresas que se dedican a la instalación
- 11 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA Y DE
LA GUARDIA CIVIL
o mantenimiento de dispositivos y sistemas de seguridad electrónica contra
incendios.
En consecuencia, no sería necesario que dichas empresas tuvieran que
inscribirse en el Registro de Empresas de Seguridad para poder llevar a cabo
su actividad.
Evidentemente, en un futuro, cuando se aborde una reforma del
Reglamento de Seguridad Privada o su desarrollo normativo por Orden
Ministerial, sería conveniente dejar zanjada la cuestión planteada a un nivel
estrictamente normativo, para despejar cualquier duda o situación de
inseguridad jurídica que pueda crear una solución basada en criterios
estrictamente hermenéuticos, de forma que dichas empresas quedarán
excluidas expresamente de su ámbito de aplicación.
EL COMISARIO, JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL
DE SEGURIDAD PRIVADA

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