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2010/055 * Funciones de los vigilantes de seguridad sobre registros en salida centros de trabajo, y detenciones por faltas de hurto

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2010/055 * Funciones de los vigilantes de seguridad sobre registros en salida centros de trabajo, y detenciones por faltas de hurto

Mensaje por 38435-6718 el Dom 20 Nov 2016, 10:33

INFORME UCSP Nº: 2010/055

FECHA 23/06/2010

ASUNTO

Funciones de los vigilantes de seguridad sobre registros en salida centros de trabajo, y
detenciones por faltas de hurto.

ANTECEDENTES

El presente informe se emite a petición de un Director de Seguridad quién
solicita el criterio de esta Unidad Central de Seguridad Privada en relación a la
actuación de los vigilantes en los siguientes supuestos:
1.- Si en un control de accesos de un edificio, en el que no hay trabajadores por
ser fin de semana, motivo por el cual se realizan tareas de mantenimiento por parte de
trabajadores que realizan las reparaciones, los vigilantes de seguridad pueden realizar,
a la salida del edificio, un control superficial a dichos trabajadores, que consistiría en
utilizar la raqueta a cierta distancia, sin contacto corporal, con exhibición de los objetos
que lleven, así como un control superficial de vehículos, siempre preservando su
intimidad.

2.- En el supuesto de agresión con lesiones en un recinto hospitalario y antes
del diagnóstico médico del lesionado, si los vigilantes pueden detener o detener al
agresor hasta la llegada de la policía.

3.- Suponiendo que se ha cometido una falta de hurto al descuido en un
hospital, cuando el importe de lo sustraído no llega a 400 Euros y los autores se niegan
a identificarse, si los vigilantes pueden detener o detener a los autores hasta la llegada
de la policía.

CONSIDERACIONES

Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta
Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros
efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los
ciudadanos.

Sin descender a la problemática cotidiana y casuística específica de cada
actuación que realiza el vigilante de seguridad, se participa que las funciones de los
vigilantes de seguridad, según el art. 11.1 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de

Seguridad Privada son, entre otras,: “ejercer la vigilancia y protección de bienes
muebles e inmuebles”, y “evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en
relación con el objeto de su protección”.

Asimismo el art. 76 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real
Decreto 2364/1994, establece que:

“En el ejercicio de su función de protección de bienes inmuebles así como de
las personas que se encuentran en ellos, los vigilantes de seguridad deberán realizar
las comprobaciones, registros y prevenciones necesarios para el cumplimiento de su
misión.”

“No obstante, cuando observaren la comisión de delitos en relación con la
seguridad de las personas o bienes objeto de protección, o cuando concurran indicios
racionales de tal comisión, deberán poner inmediatamente a disposición de los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los presuntos delincuentes, así
como los instrumentos, efectos y pruebas de los supuestos delitos”.

Ampliando lo anterior, el art. 77 del mismo Reglamento dispone que “en los
controles de acceso, o en el interior de los inmuebles de cuya vigilancia y seguridad
estuvieran encargados, los vigilantes de seguridad podrán realizar controles de
identidad de las personas y, si procede, impedir su entrada, sin detener la
documentación personal...”.

Todo ello inspirado en los principios de actuación establecidos en los artículos
1.3 y 67 de la Ley y Reglamento referidos, según los cuales, “el personal de seguridad
privada se atendrá en sus actuaciones a los principios de integridad y dignidad;
protección y trato correcto a las personas, evitando abusos, arbitrariedades y violencias
y actuando con congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus facultades y de
los medios disponibles”.

Por lo que respecta a la primera cuestión planteada, señalar que, el control de
efectos personales, es una actuación material que incide en el derecho a la intimidad
personal, derecho reconocido en la Constitución. Este derecho a la intimidad personal
no es, sin embargo, un derecho de carácter absoluto, como han señalado los tribunales
en diversas sentencias, y puede llegar a ceder en ciertos casos, ante exigencias
públicas. La práctica de esta medida, especialmente sensible por su incidencia en el
ejercicio del derecho fundamental a la intimidad deberá estar siempre presidida por el
respeto a la Constitución Española y al resto del ordenamiento jurídico, y atenerse a
los principios de integridad y dignidad, protección y trato correcto a las personas,
evitando arbitrariedades, no efectuándose, en principio, de forma generalizada, sino
aplicando criterios de congruencia y proporcionalidad.

Se trata, en todo caso, de actuaciones que, se reitera, no pueden adoptarse de
forma generalizada, sino únicamente en supuestos de indicios de comisión de actos
delictivos. Aún así, en caso de reticencia o negativa por parte de la persona requerida
para ser objeto de registro, el vigilante de seguridad deberá limitarse a ponerlo en
conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuyos miembros efectuaran el
registro si lo consideran procedente en virtud de las circunstancias concurrentes.

Quiere esto decir que entre las funciones que de forma generalizada pueden
desempeñar los vigilantes de seguridad, no se encuentra la de efectuar registro o
chequeo de bolsos. No obstante, hay que reiterar que, de conformidad con lo
establecido en la vigente normativa de seguridad privada, en determinadas
circunstancias y con las debidas formalidades, la posibilidad de llevar a cabo registros
manuales de las personas o sus efectos, puede quedar avalada por la obligación que
tienen los vigilantes de seguridad de realizar las comprobaciones, registros y
prevenciones que estimen necesarias para el cumplimiento de su misión.

Sin embargo, la seguridad preventiva en concepto amplio que se pretende a la
entrada del edificio, no tiene cabida, cuando la persona cuyos efectos se van a
chequear, sale del mismo.

En los supuestos 2 y 3, se plantean dos cuestiones que tienen que ver con una
valoración previa del contexto. Inicialmente, una situación de un presunto delito contra
las personas, como es una agresión física. Es función de la Autoridad Judicial, y de
nadie mas, determinar unos hechos como delictivos o no, no debiendo pretender que
otros profesionales, entre los que se encuentran los vigilantes de seguridad, diluciden
fehacientemente y en determinados casos límite, la calificación de unos hechos como:
robo, hurto, lesiones graves, leve, delito, falta, determinar con exactitud el valor de lo
sustraído, etc….

En todo caso, la actuación del vigilante, debe ajustarse a los principios
referenciados ante lo que tiene indicios de ilícito penal, deberá tener presente el
principio de proporcionalidad, siendo su actuación, ajustada a los, tan repetidos
principios de actuación y acorde al sentido común y a las leyes de la lógica, es decir, si
observan una agresión o una sustracción, deberán asegurar la identificación de la
persona que la ha cometido y facilitar su puesta a disposición de la Autoridad Judicial, a
través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, debiendo proceder, sino existe otro
medio, a asegurar la posibilidad de su puesta a disposición hasta la llegada de la
Fuerza Pública, que se hará cargo de las actuaciones.

CONCLUSIONES

Sin olvidar que la actuación del vigilante de seguridad es fundamentalmente
preventiva, la cuestión planteada en primer lugar, conllevaría una actuación, “a
posteriori”, por lo que para proceder al cacheo de los efectos que portan los operarios
de mantenimiento, es necesario que, o bien se haya presenciado el delito, o que
existan indicios racionales de tal comisión. Esta actuación, no procede de manera
indiscriminada, a no ser que exista cualquier tipo de convenio, contrato o protocolo
acorde con la normativa sectorial correspondiente o, en su defecto, consenso
generalizado con las personas o trabajadores afectados.

En todo caso, con finalidad preventiva, pueden adoptarse directamente,
cumplidos los requisitos legales en cada caso, otro tipo de medidas de seguridad,
complementarias o alternativas al chequeo sistemático de bolsos y pertenencias
personales, tales como el depósito obligatorio de dichos objetos o la instalación de
videovigilancias.

Respecto a las otras dos cuestiones planteadas, es criterio de esta Unidad que,
el vigilante de seguridad puede proceder a la detención de las personas de las que
existen indicios racionales que han cometido un ilícito penal, hasta la llegada de las FF
y CC de Seguridad, ajustando su actuación a los principios de actuación y a la
legalidad vigente.

Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la
Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio
decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la
consulta sometido a consideración.

EL COMISARIO, JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA

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