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2010/066 * Seguridad Privada y Protección de Datos

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2010/066 * Seguridad Privada y Protección de Datos

Mensaje por 38435-6718 el Lun 21 Nov 2016, 13:38

INFORME UCSP Nº: 2010/066

FECHA 16/07/2010

ASUNTO Seguridad Privada y Protección de Datos

ANTECEDENTES

En la Unidad Central de Seguridad Privada se ha tenido conocimiento de
que, en algunas Unidades Territoriales, se vienen recibiendo denuncias sobre
instalación de sistemas de cámaras y videocámaras, al parecer con fines de
vigilancia, que presuntamente podrían vulnerar la normativa relativa a la
protección de datos de carácter personal.

Las denuncias referidas proceden, en la mayoría de los casos, de la
Subdelegación del Gobierno, que las recibe, a su vez, de ciudadanos
particulares y de Cuerpos de Policía Local de distintos Ayuntamientos. En
todas estas ocasiones, la Subdelegación del Gobierno acompaña la denuncia
recibida con “el ruego de su informe al respecto”.

Por otra parte, en esta Unidad Central también se ha tenido
conocimiento de que, por parte de la Agencia Española de Protección de Datos
(Subdirección General de Inspección de Datos), bien directamente o a través
de la Subdelegación del Gobierno correspondiente, y al amparo del artículo 40
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se están dirigiendo solicitudes de información, a las
Comisarías Provinciales de Policía, para su cumplimentación por los Grupos de
Seguridad Privada, al objeto de aclarar los términos de denuncias presentadas
ante dicha Agencia, referidas a la existencia de sistemas o cámaras de vídeo
vigilancia instalados, incluso, en viviendas particulares.

Cuando se trata de denuncias procedentes de la AEPD, se solicita la
colaboración policial para que, a la mayor brevedad posible, se realicen las
actuaciones oportunas encaminadas a determinar aspectos tales como:

1 Identificación del responsable de la instalación.
2 Empresa/persona instaladora, relación con el responsable y copia
del contrato en caso de ser un tercero.
3 Causas que han motivado la instalación. Y finalidad de la misma.
4 Número de cámaras y lugares de instalación, especialmente las
del exterior.
5 Si hay imágenes del exterior: copia de autorización administrativa
emitida por la autoridad gubernativa correspondiente.
6 Ubicación de los monitores
7 Si el sistema está conectado a CRA: empresa que ha instalado el
sistema, contrato, certificado de inscripción en el RES y certificado
de comunicación de contrato.
8 Datos del cartel/es informativo/s.
9 Modelo del formulario que debe estar a disposición del público y
procedimiento establecido para distribuirlo a quien lo pida.
10 Relación de personas que tienen acceso al sistema.
11 Descripción de imágenes que se visualizan, especialmente las de
la vía pública.
12 Indicación de si las imágenes tienen valor identificativo.
13 Reflejar si el sistema dispone de la utilidad de zoom.
14 Si hay acceso de terceros, adjuntar contrato.
15 Si hay grabación: describir el sistema utilizado, quien accede a las
imágenes y tiempo de conservación.
16 Adjuntar: código de inscripción del fichero en el Registro o solicitud
de inscripción y copia del documento de seguridad.

Este tipo de solicitudes, especialmente las procedentes de la AEPD, ha
originado que distintas Unidades de Seguridad Privada se hayan dirigido a esta
Unidad Central planteando dudas sobre la procedencia u obligatoriedad de su
ejecución, demandando, a su vez, directrices de actuación que eviten
incertidumbres, respuestas indebidas o contradictorias por parte de dichas
Unidades policiales.

En atención a la inquietud manifestada, por el presente informe se da
cumplida respuesta a las cuestiones planteadas y se procede a fijar la posición
y a establecer los criterios de decisión a los que se ajustarán las actuaciones
policiales de Unidades de Seguridad Privada sobre esta materia.


CONSIDERACIONES

Tras el análisis de las normativas reguladoras de la seguridad privada y
de la protección de datos, y en relación con el tipo de requerimientos citados en
los antecedentes, lo primero que cabe considerar es que las órdenes recibidas
de las Autoridades se ejecutarán, conforme establece el artículo 11.1.a) de la
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de enero, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, “en
el ámbito de sus respectivas competencias”, sin que las relativas a la
protección de datos, genéricamente entendidas, se encuentren entre las
competencias propias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no así las de
seguridad privada, cuyo ejercicio corresponde, según el artículo 12.1.g) de
dicha Ley Orgánica, al Cuerpo Nacional de Policía.

Sentada esta importante cuestión competencial, aplicable tanto a las
solicitudes procedentes de las Subdelegaciones del Gobierno como de la
AEPD, toca ahora referirse, más concretamente, al invocado artículo 40 de la
L.O. 15/1999, por el que la AEPD requiere la colaboración policial. Este artículo
se encuentra referido a la “Potestad de Inspección” de las autoridades de
control en materia de “protección de datos”, esto es, a los funcionarios
inspectores de la propia Agencia Española de Protección de Datos, sin que, al
entender de esta Unidad Central, dichas potestades inspectoras pueden verse
extendidas, por la vía de colaboración reclamada, a otros funcionarios públicos,
como son los policiales, a los que les corresponde, caso de estar integrados en
Unidades de Seguridad Privada, el control de las empresas, del personal y de
los servicios del ámbito estricto de la seguridad privada, sin que les sea dado
invadir responsabilidades de terceros o suplantar o sustituir a otros funcionarios
públicos en las funciones y cometidos que a estos les tenga reservada la ley,
cual ocurre en el caso presente, en el que, a criterio de esta Unidad Central, de
la que dependen, funcional y técnicamente, todos los Grupos de Seguridad
Privada del Cuerpo Nacional de Policía, se interesa, vía colaboración, la
realización de actuaciones que corresponden, según se desprende del propio
artículo 40 de la L.O. 15/1999, a los inspectores de la AEPD y sobre las cuales
las Unidades de Seguridad Privada tienen una manifiesta incompetencia
material.

En este sentido, resulta de particular interés resaltar que los funcionarios
policiales que realizan el control de la seguridad privada, tienen por Ley la
consideración de “agentes de la autoridad”, mientras que, conforme al citado
artículo 40.2 de la L.O. 15/1999, los funcionarios que ejerzan la inspección en
materia de protección de datos, tendrán la consideración de “autoridad pública”
en el desempeño de sus cometidos, distinción ésta que no debe ser
desconsiderada a la hora de ejercer legalmente los cometidos y facultades que
corresponden a unos y otros.

Además de la distinción anterior, y a mayor abundamiento, es oportuno
traer a colación la regulación imperativa que sobre esta misma materia realiza
el propio Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos
(RD 1720/2007, de 21 de diciembre), en la Sección II, dedicada a regular las
Actuaciones Previas, y más concretamente el Artículo 123. Personal
competente para la realización de las actuaciones previas:

1. Las actuaciones previas serán llevadas a cabo por el personal del
área de la Inspección de Datos habilitado para el ejercicio de funciones
inspectoras.
2. En supuestos excepcionales, el Director de la Agencia Española de
Protección de Datos podrá designar para la realización de actuaciones
específicas a funcionarios de la propia Agencia, siempre que reúnan las
condiciones de idoneidad y especialización necesarias para la realización de
tales actuaciones. En estos casos, la autorización indicará expresamente la
identificación del funcionario y las concretas actuaciones previas de inspección
a realizar.
3. Los funcionarios que ejerzan la inspección a los que se refieren los
dos apartados anteriores tendrán consideración de autoridad pública en el
desempeño de sus cometidos.
Estarán obligados a guardar secreto sobre las informaciones que conozcan en
el ejercicio de las mencionadas funciones, incluso después de haber cesado en
las mismas.
Del contenido de este artículo, parece quedar claro que los funcionarios
policiales no son personal del área de inspección de datos, ni están habilitados
para el ejercicio de funciones inspectoras, ni han sido designados,
excepcionalmente, por el Director de la Agencia para la realización de estas
actuaciones específicas, ni tienen la consideración legal de autoridad pública
cuando desempeñan estos cometidos, ni su obligación de guardar secreto les
viene impuesta por el ejercicio de este tipo de funciones, que no les
corresponde ejercer, según el contenido literal de este precepto reglamentario.
Por eso, al entender de esta Unidad Central, el marco de colaboración
reclamado ha de estar circunscrito, estrictamente, al ámbito legal de actuación
del CNP y de sus Unidades de Seguridad Privada, esto es, al control de las
actividades de seguridad privada, sin que quepa extenderlo a otro tipo de
actividades, aun cuando se encuentren próximas a la seguridad privada, y sin
que dicha colaboración pueda suponer, de ningún modo, el ejercicio o
ejecución material de actuaciones ajenas a la función policial o que resulten
propias de otros organismos o funcionarios públicos, cuyas competencias han
de ser respetadas. Esta es precisamente la razón que explica que cuando en el
curso de actuaciones propias de seguridad privada se detecta alguna posible
irregularidad en materias ajenas, como puede ser la de protección de datos, las
Unidades Policiales de Seguridad Privada proceden a dar cuenta a los
servicios de la AEPD del hecho detectado, pero sin que en ningún caso esto
suponga sustituir a los servicios propios de la AEPD o actuar en su nombre.
Sentadas las bases teóricas del juego competencial que corresponde
ejercer legalmente a los funcionarios policiales de seguridad privada y a los
inspectores de la AEPD, y entrando ahora en aspectos operativos, resulta
necesario tener en cuenta que, en la práctica de las actuaciones pertinentes,
por parte de los funcionarios policiales de seguridad privada, tendentes a
comprobar la realidad misma de los hechos denunciados y establecer, en
consecuencia, su posible competencia sobre los mismos, y tomando como
hipótesis de trabajo que efectivamente existan las cámaras que se mencionan
en las respectivas denuncias, se plantean las siguientes posibles alternativas:
1ª) Que las cámaras integren un sistema de seguridad electrónica cuyo
objetivo sea la prevención contra el robo o la intrusión, cuya activación sea
susceptible de producir la intervención policial, aún cuando no esté conectado
con central receptora de alarma (CRA) o con centro de control (CECON).
2ª) Que se trate de un sistema de seguridad contra robo o intrusión, del
que formen parte las cámaras, y que efectivamente se encuentre conectado a
CRA o CECON.

Si del resultado de las primeras averiguaciones policiales, ya de carácter
documental o sobre el terreno, se comprobase que se dan las circunstancias
señaladas en alguno de los dos puntos del apartado anterior, aún cuando en el
primer caso la instalación y su mantenimiento no haya sido realizado por una
empresa de seguridad, se entenderá que nos encontramos en el ámbito propio
de la seguridad privada y, en consecuencia, será procedente realizar cuantos
trámites se estimen oportunos para comprobar el cumplimiento de la normativa
de seguridad privada que le sea de aplicación, así como, en su caso, la relativa
a protección de datos, de lo que se dará cuenta, en cumplimiento del
requerimiento efectuado, a la Autoridad competente en la materia, bien
directamente o a través de la Subdelegación del Gobierno que lo haya
interesado.

Si, por el contrario, no se diera ninguna de las dos circunstancias
anteriormente señaladas, se entenderá que no será de aplicación la legislación
de seguridad privada, invocándose, en consecuencia, si se estima oportuno, la
falta de competencia para continuar en lo que sea relativo a la protección de
datos, materia esta correspondiente a los funcionarios de la AEPD.

No obstante, y dado que, normalmente, para realizar las
comprobaciones precisas sobre el terreno, es necesario desplazarse al lugar
donde se encuentra instalado el sistema de videocámaras en cuestión,
resultará muy conveniente, por razones de seguridad jurídica, economía de
medios y eficacia y eficiencia de las actuaciones de los funcionarios públicos en
general, practicar, en todo caso, la oportuna inspección, tomar las
declaraciones que convengan y recabar datos complementarios, a cuyo fin se
ha elaborado un modelo de “Acta de inspección en sistemas de cámaras o
videocámaras”, que puede ser utilizado en estos casos para facilitar y
homogeneizar las actuaciones policiales, y en el que se han previsto distintos
apartados para recoger los datos relacionados con la materia de seguridad
privada y los referidos a la protección de datos que puedan ser objeto de
comprobación.

Para tratar de orientar el sentido de estas actuaciones policiales, y a fin
de deslindar las materias de seguridad privada y las de protección de datos, y
sobre las base de los dieciséis aspectos enumerados en el antecedente de
este informe, podríamos convenir que serían de seguridad privada los
comprendidos del 1 al 7, pudiendo considerarse como complementarios los
comprendidos del 8 al 10, mientras que los referidos del 11 al 16 serían de la
competencia de protección de datos.


CONCLUSIONES


Vistos los antecedentes y aspectos jurídicos citados, así como las
implicaciones de orden operativo y funcional de este tipo de actuaciones, y
teniendo en cuenta la posible utilización, por otros organismos públicos, de esta
vía para poder realizar actuaciones en el sector de la seguridad privada, y con
independencia del hecho de que las competencias sobre inspección en materia
de protección de datos le corresponde ejercerlas a la AEPD, por parte de esta
Unidad Central, se concluye lo siguiente:

1º) Con carácter general, se entiende que es conveniente cumplimentar,
en los casos y forma señalada, los requerimientos procedentes tanto de las
Subdelegaciones del Gobierno como de la AEPD, realizando, en consecuencia,
las oportunas averiguaciones tendentes a determinar las circunstancias que
concurren en el sistema de seguridad de que se trate, tanto las que tengan
relación directa con la seguridad privada, como las que una vez determinadas
éstas, puedan afectar a la protección de datos, informando, en todo caso, a la
Autoridad requirente (Subdelegación o AEPD) sobre el resultado final de las
actuaciones policiales.

2º) Con carácter específico, y en consonancia con el punto anterior, las
Unidades de Seguridad Privada del CNP atenderán cumplidamente los
requerimientos de colaboración que les dirijan, sobre esta materia, desde las
Subdelegaciones del Gobierno o desde la AEPD, en todo aquello que se
circunscriba al ámbito estricto de la seguridad privada (puntos del 1 al 7 de los
referidos en antecedentes), así como los complementarios (puntos del 8 al 10),
facilitando, también, toda la información recopilada en el curso de las
averiguaciones policiales de comprobación, tanto sobre seguridad privada
como sobre protección de datos, entendiendo que el resto de cuestiones
relacionadas estrictamente con la normativa de protección de datos, (puntos
del 11 al 16), quedan fuera del ámbito de sus competencias y han de ser
realizadas o valoradas exclusivamente por el personal inspector de la AEPD
legalmente facultado para su ejercicio, si bien y sin sobrepasar las competencia
establecidas en los artículos 40 y 123, respectivamente, de la Ley Orgánica de
Protección de Datos y de su Reglamento de desarrollo, podrá aportarse la
información recopilada en el curso de las comprobaciones policiales.

3º) Con carácter particular, se quiere significar que, en la
cumplimentación policial de este tipo de requerimientos relativos a
instalaciones o sistemas de video vigilancia, especialmente los que recaigan
sobre establecimientos obligados, infraestructuras críticas y establecimientos o
lugares sensibles para la seguridad ciudadana por su mayor vulnerabilidad o
exposición al delito, la Unidades Policiales valorarán prioritariamente el
Derecho a la Seguridad que dichos dispositivos tratan de salvaguardar y sus
aspectos netamente favorables para la prevención e investigación de hechos
delictivos que puedan cometerse, así como el beneficio que para la
colaboración con la seguridad pública dichos sistemas, legalmente utilizados,
representan, y así lo harán constar en todos sus informes para las
Subdelegaciones del Gobierno o para la AEPD.

Este informe, fija la posición y el criterio decisor de las Unidades
Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la consulta
sometido a consideración.

EL COMISARIO, JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA

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