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2010/069 * Instalación de medidas de seguridad en Centros de Control de ayuntamientos.

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2010/069 * Instalación de medidas de seguridad en Centros de Control de ayuntamientos.

Mensaje por 38435-6718 el Lun 21 Nov 2016, 13:46

INFORME UCSP Nº: 2010/069

FECHA 31/08/2010

ASUNTO Instalación de medidas de seguridad en Centros de Control de ayuntamientos.

ANTECEDENTES

Consulta de una Asociación de Empresas de Seguridad, relacionada con la
regulación normativa para la instalación y mantenimiento de los sistemas de seguridad
de los centros de control ubicados en los Ayuntamientos para la videovigilancia de las
vías y lugares públicos.

CONSIDERACIONES

Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta
Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros
efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los
ciudadanos.

Dado el contenido escueto y el tenor de la pregunta formulada en la consulta,
se parte del supuesto, para dar respuesta a la misma, que la utilización de dichas
cámaras de videovigilancia de las vías o lugares públicos lo será por los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad, en este caso, por la policía local del Ayuntamiento en cuestión.
La Ley Orgánica 4/97, de 4 de agosto, viene a regular la utilización de cámaras,
fijas o móviles, en lugares públicos, abiertos o cerrados, por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, norma esta que tiene su desarrollo en el Real Decreto 596/1999, de 16 de
abril. Cuando esta norma alude a la instalación de videocámaras no hace referencia al
aspecto material de la instalación física de tales dispositivos o sistemas, ni a la persona
física o jurídica, empresa de seguridad o no, que debería realizarla, sino que su
enfoque está más dirigido al empleo o funcionalidad de la videovigilancia, atendiendo a
las finalidades u objetivos previstos en la misma.

Tampoco su Disposición Adicional Primera aclara la cuestión de la instalación,
ya que la previsión del Gobierno de elaborar, en el plazo de un año, la normativa
correspondiente para adaptar los principios inspiradores de la misma a la Seguridad
Privada aún no se ha cumplido.

Respecto a la instalación de sistemas de seguridad en el ámbito de la
Seguridad Privada, el artículo 5.e), en relación con la Disposición Adicional Sexta de la
Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, así como el artículo 39.1 de su
Reglamento de desarrollo, atribuyen exclusivamente a las empresas de seguridad
inscritas, la instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de
seguridad, en los casos en que los sistemas de seguridad instalados incluyan la
conexión con centrales de alarmas, o bien con centros de control o de videovigilancia
que obligatoriamente deban estar controlados por personal de seguridad privada, de
conformidad a las modificaciones efectuadas en las citadas normas jurídicas tras la
publicación de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su
ejercicio.

En atención a lo expuesto y conforme a la citada L.O.4/1997, de 4 de agosto, la
utilización por Ayuntamientos de cámaras de videovigilancia en la vía pública, para el
control de espacios públicos, ha de ser realizada exclusivamente por Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad, siendo una actividad que ha de estar expresamente autorizada
por la respectiva Delegación del Gobierno, previo informe de la Comisión de Garantías
de la Videovigilancia.

Complementando lo anterior, y de conformidad con el artículo 1.4 de la L.O.
2/1986, de 13 de marzo, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, queda descartada
cualquier posibilidad de empleo, en los Centros de Control de los Ayuntamientos, de
vigilantes de seguridad para las funciones de control de las vías públicas, mediante
sistemas de videovigilancia, al establecer el citado precepto que “ El mantenimiento de
la seguridad pública se ejercerá, por las distintas Administraciones Públicas, a través
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

Ello no es impedimento para que, excluido el ámbito de las vías y espacios
públicos, cuando se trate de sistemas de seguridad instalados exclusivamente para la
protección de edificios e instalaciones de organismos públicos, la gestión de la
seguridad de las instalaciones pueda ser gestionada indistintamente tanto, por personal
de los CC y FF de Seguridad, como por vigilantes de seguridad.

Respecto a la instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad en el
ámbito público, al no estar regulados de forma expresa por la Ley Orgánica 4/97, de 4
de agosto, podría ser efectuada, bien por personal dependiente del propio organismo
público que las va a utilizar, como por empresas inscritas, o no, como empresas de
seguridad, excepción hecha de que tales sistemas de seguridad se conecten a una
central de alarmas o que el Ayuntamiento dispusiera de central de alarmas de uso
propio o de un centro de control o de videovigilancia, donde se conectaran tales
dispositivos, en cuyo caso la instalación deberá ser realizada, bien por personal técnico
del organismo público en cuestión, o bien, de conformidad a la normativa de seguridad
privada, aplicable con carácter supletorio, por empresas de seguridad autorizadas e
inscritas para tal actividad.

CONCLUSION:

En contestación a la consulta realizada y atendidas las anteriores
consideraciones, cabe concluir que los CECONs de los Ayuntamientos, deberían tener,
a efecto de instalación y mantenimiento de los sistemas de seguridad a ellos
conectados, la misma consideración legal que los centros de control o de
videovigilancia, y que las centrales de alarmas de uso propio o pertenecientes a
empresas de seguridad previstos, todos ellos, por la normativa de seguridad privada;
es decir, sus sistemas de seguridad deberían ser, en base a una aplicación supletoria
de la citada normativa, exclusivamente instalados por empresas de seguridad
autorizadas, o bien, por personal técnico del organismo público de que se trate, en
base a motivos de seguridad pública.

Solamente cualquier otra instalación de sistemas de seguridad o su
mantenimiento, que no vaya a ser conectada a las centrales de alarmas o a los centros
de control referidos, podrá ser realizada, tanto por las empresas de seguridad y
personal técnico citados, como por personas físicas o jurídicas no constituidas como
empresas de seguridad.

Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la
Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio
decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la
consulta sometido a consideración.

EL COMISARIO, JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL
DE SEGURIDAD PRIVADA

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