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2010/084 * Actuación de Vigilantes de Seguridad en calle peatonal.

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2010/084 * Actuación de Vigilantes de Seguridad en calle peatonal.

Mensaje por 38435-6718 el Mar 22 Nov 2016, 23:34

INFORME UCSP Nº: 2010/084

FECHA 29/09/2010

ASUNTO Actuación de Vigilantes de Seguridad en calle peatonal.

ANTECEDENTES

Consulta efectuada por una Federación Española de Seguridad, en relación a
la posible actuación de vigilantes de seguridad en una calle peatonal en la que se
realiza una exposición, para la custodia de los bienes de ésta, distribuidos en un
espacio de unos 100 metros

CONSIDERACIONES

Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta
Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros
efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los
ciudadanos.

En la consulta se matiza que la exposición, con motivo de los eventos que se
preparan, se realizará en una calle que, si bien es peatonal, no está acotada y que los
bienes que integran dicha exposición están distribuidos en un tramo de unos 100
metros.

Se participa que, sobre estas cuestiones ya han sido elaborados otros
informes, de los cuales, por ser coincidentes, se van a extraer determinadas
argumentaciones.

En primer lugar, se ha procedido a efectuar un análisis de la normativa de
Seguridad Privada, pudiéndose observar lo siguiente:

La Ley 23/1992, en su artículo 13, establece que, salvo la función de protección
del transporte de dinero, valores, bienes u objetos, los vigilantes de seguridad ejercerán
sus funciones exclusivamente en el interior de los edificios o de las propiedades de
cuya vigilancia estuvieran encargados, sin que tales funciones se puedan desarrollar en
las vías públicas ni en aquellas que, no teniendo tal condición, sean de uso común.
Por su parte, el artículo 79.1 del Real Decreto 2364/1994, efectúa idéntica
determinación, estableciendo una serie de excepciones en las que se permite la
actuación de los vigilantes de seguridad en el exterior y que de forma resumida son las
siguientes:

a) El transporte y distribución de monedas y billetes, títulos-valores y demás
objetos que, por su valor económico y expectativas que generen o por su
peligrosidad, puedan requerir protección especial.

b) La manipulación o utilización de bienes, maquinaria o equipos valiosos
que hayan de tener lugar en las vías públicas o de uso común, cuando
tales operaciones, bienes o equipos hayan de ser protegidos por
vigilantes de seguridad, desde el espacio exterior, inmediatamente
circundante.

c) Los servicios de verificación de alarmas y de respuesta a las mismas.

d) Los supuestos de persecución a delincuentes sorprendidos en flagrante
delito, como consecuencia del cumplimiento de sus funciones en relación
con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección.

e) Las situaciones en que ello viniera exigido por razones humanitarias
relacionadas con dichas personas o bienes.

f) La retirada y reposición de fondos en cajeros automáticos, así como la
prestación de servicios de vigilancia y protección de los cajeros durante
las citadas operaciones, o en las de reparación de averías, fuera de las
horas habituales de horario al público en las respectivas oficinas.

g) Los desplazamientos excepcionales al exterior de los inmuebles objeto
de protección para la realización de actividades directamente
relacionadas con las funciones de vigilancia y seguridad, teniendo en
cuenta, en su caso, las instrucciones de los órganos competentes de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

A los supuestos anteriores, se suman los siguientes:

· Vigilancia y protección de seguridad privada de los medios de transporte
y de sus infraestructuras que tengan vías específicas y exclusivas de
circulación, coordinados cuando proceda con los servicios de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 79.2).

· Los servicios en polígonos y urbanizaciones que hayan sido autorizados
por los Subdelegados del Gobierno previa comprobación de una serie de
requisitos (art. 80).

Asimismo, la Ley 23/1992, regula el cómo y por quién deben prestarse estos
servicios de seguridad privada, y así los vigilantes de seguridad tienen regulada su
actividad en cuanto a las funciones a desarrollar, dónde ejercerlas e incluso cómo
ejercerlas, en los artículos 5 y 11, así como en el Real Decreto 2364/1994, en los
artículos 1 y 71, donde se exponen claramente los límites tanto de las empresas de
seguridad como de las funciones de los vigilantes de seguridad.

Hay que recordar que la vigilancia de vías y espacios públicos, es una función
que, por su finalidad preventiva de la comisión de actos delictivos, se encuentra
directamente implicada en el mantenimiento de la seguridad pública que ha de
ejercerse por las distintas administraciones a través de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, (art. 1.4 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad), en la cual participan las Corporaciones Locales en los términos
establecidos en dicha Ley y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

Asimismo, en nuestro Ordenamiento, el art. 104 de la Constitución, y su
desarrollo a través de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, es
incompatible con el uso de procedimientos, métodos o sistemas de autoorganización
preventivos o represivos, al margen de la actividad de las distintas Administraciones, no
contemplados de forma expresa legalmente, ni amparados por la citada Ley 23/1992, y
ello por ilegítimos, en la medida que pueden afectar al ejercicio de derechos y
libertades de los ciudadanos, que han de ser garantizados frente al peligro de
eventuales extralimitaciones.

En consecuencia, por lo que se refiere al ejercicio de funciones de seguridad
privada en las vías públicas, debe insistirse que del ordenamiento se desprende la idea
de que las mismas se mantengan alejadas, en la medida de lo posible, de aquellas que
de algún modo impliquen o incidan en funciones propiamente de seguridad pública.
De todo lo expuesto se desprende que a la cuestión planteada, sobre si cabe el
uso de un servicio de seguridad privada en una vía pública, como lugar totalmente
abierto (no acotado, se especifica), hay que interpretarla en el sentido de que no tiene
ajuste en la regulación normativa citada, por lo tanto, no cabría interpretación alguna
que permitiese el desarrollo del servicio de seguridad privada en estas condiciones.
Sin embargo, a pesar de lo dicho anteriormente, si las condiciones del espacio
donde se presta el servicio variasen, en función de otros condicionantes físicos, tales
como, vallado y/o acotado con medios físicos de la zona donde prestarían servicio los
vigilantes de seguridad, habría que reconsiderar si esta nueva situación pudiera
considerarse ahora como un espacio similar o asimilable a un inmueble o recinto
cerrado.

Considerando, a tenor de lo establecido en los párrafos anteriores, de forma
condicionada al sistema de acotado y delimitación de estas zonas donde se presten los
servicios, máxime teniendo en cuenta que sería en una calle restringida al tráfico
rodado, ya no se puede entender, estrictamente, que estamos ante un espacio
absolutamente abierto, sino que se podría considerar como un espacio, aunque no
totalmente cerrado, si al menos acotado y ciertamente con una delimitación física, por
lo que cabría, de forma excepcional, hacer una interpretación extensiva, teniendo en
cuenta, también, los condicionantes de la urgencia de seguridad que puntualmente se
pudieran plantear.

Entendiendo que unas situaciones como las descritas en el párrafo anterior, no
están concretamente contempladas entre las excepciones que, para la actuación de los
vigilantes de seguridad en el exterior, permite la normativa antes desglosada, sin
embargo, cabria ser adoptada una interpretación actualizada de las normas expresadas
acorde con la visión de lo que el legislador de 1994 hubiera adoptado muchos años
después.

Partiendo de esta interpretación contemporánea y finalista de la norma, y
teniendo en cuenta las previsiones del artículo 79.1 b), cabría incluir en este apartado
el supuesto objeto de consulta, siempre y cuando el servicio se desarrolle en términos
que garanticen, al menos, unas pautas como las que se citan a continuación:
- Perfecto acotamiento y delimitación física del recinto, de tal manera que
pueda considerarse completamente cerrado por medios visibles y que no puedan ser
fácil o inconscientemente vulnerados.

- Accesos específicos de paso obligado, señalados y fácilmente localizables
por los asistentes.

- Prestación del servicio de seguridad con ajuste riguroso a lo dispuesto en la
normativa de seguridad privada.

- Servicio prestado en el mismo lugar por fuerza de policía que apoye en todo
momento la actividad de la seguridad privada y controle y supervise el correcto
desarrollo del mismo, servicio de seguridad privada que tendría la consideración de
complementario al de la fuerza pública policial.

Por último, hay que recordar que la ley atribuye a los Delegados y
Subdelegados del Gobierno, las facultades de supervisión de los contratos de servicio,
para su adecuación a la norma, y serán, por tanto, estas autoridades las encargadas
de, si procede, adoptar las correspondientes decisiones sobre aquellos contratos que
no se ajusten a lo prevenido en la normativa.

CONCLUSIONES

En vista de todo lo expuesto se puede concluir lo siguiente:
Las excepciones a la prestación de servicios por vigilantes de seguridad en la
vía pública, están contempladas expresamente en la normativa reguladora de la
seguridad privada.

En una interpretación extensiva y excepcional, ajustándose a unos criterios
limitativos como los citados anteriormente, cabria la prestación de los servicios
planteados, siempre y cuando no incidan en la libertad de circulación ni exista
impedimento a la capacidad de ambulatoria de los ciudadanos.

La supervisión de la adecuación a la norma, de los contratos de servicios de
seguridad privada, compete a los Delegados y Subdelegados del Gobierno.
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la
Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio
decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la
consulta sometido a consideración

EL COMISARIO JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA

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