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2011/0027 * Subrogación de contrato de seguridad con personal no habilitado

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2011/0027 * Subrogación de contrato de seguridad con personal no habilitado

Mensaje por 38435-6718 el Sáb 26 Nov 2016, 14:00

INFORME UCSP Nº: 2011/0027
FECHA
12/04/2011
ASUNTO
Subrogación de contrato de seguridad con personal no habilitado.
ANTECEDENTES
Consulta efectuada a esta Unidad Central de Seguridad Privada, por un Jefe de Seguridad, relativa a la incorporación a su empresa de personal no habilitado para prestar servicios de seguridad, al haber sido la reseñada, adjudicataria del concurso convocado por la administración pública para la prestación de un servicio de seguridad en distintos centros de un organismo público. El personal de interés es procedente de la empresa de seguridad anteriormente adjudicataria del concurso.
CONSIDERACIONES
Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos.
En relación con la consulta efectuada, y a tenor de la documentación aportada, es preciso recordar lo siguiente:
1.- La Sentencia nº 144/2011 del Juzgado de lo Social nº 31 de Madrid, en la que se declara improcedente al despedido del demandante, condenando a la empresa de seguridad demandada a la readmisión del trabajador o a su indemnización, según elección del trabajador.
2.- La Sentencia nº 197/11 del Juzgado de lo Social nº 18 de Madrid, en la que se estima en parte de demanda interpuesta por el afectado, declarando improcedente el despido y condenando a una empresa de seguridad a la readmisión del trabajador o a su indemnización, absolviendo a la otra empresa codemandada.
El artículo 1.2 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, en relación con el artículo 52.1 del Reglamento que la desarrolla, recogen que a los efectos de la ley, únicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada, que estará integrado por los vigilantes de seguridad, los vigilantes de explosivos, los jefes de seguridad, los directores de seguridad, los escoltas privados, los guardas particulares del campo, los guardas de caza y los detectives privados.
La Ley de Seguridad Privada, en su Capítulo III, artículo 10.1 y el Reglamento de Seguridad Privada, en su artículo 52.3, establecen que para el ejercicio de las funciones de seguridad privada, habrá de obtener previamente la correspondiente habilitación del Ministerio del Interior, con el carácter de autorización administrativa, en expediente que se instruirá a instancia del propio interesado.
El artículo 14.1, párrafo 2º del Reglamento de Seguridad Privada y el apartado Vigésimo de la Orden de 23 de abril de 1997, establecen que las empresas de seguridad deberán comunicar las altas y bajas del personal de seguridad privada de que dispongan a las dependencias correspondientes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dentro del plazo de cinco días siguientes a la fecha en que se produzcan.
Así mismo, el artículo 22.2.e) de la Ley de Seguridad Privada y el artículo 149.5 del Reglamento que la desarrolla, tipifican como infracción GRAVE, la utilización en el ejercicio de funciones de seguridad de personas que carezcan de cualesquiera de los requisitos necesarios.
El artículo 26.2.a) de la Ley de Seguridad Privada prevé que las autoridades competentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley podrán imponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 22, las sanciones de:
a)
multa de 300,52 a 30.050,61 euros.
b)
suspensión temporal de la autorización, por un plazo no superior a un año.
- 2 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA Y DE
LA GUARDIA CIVIL
- 3 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA Y DE
LA GUARDIA CIVIL
CONCLUSIONES
Con respecto a las preguntas 1 y 2 formuladas por el interesado, señalar que la empresa ha de atenerse a lo dispuesto en las sentencias dictadas por los distintos Juzgados de lo Social de Madrid, recaídas como consecuencia de las demandas interpuestas por los trabajadores procedentes de la empresa de seguridad que figura demandada en aquellas.
En relación a la pregunta de cómo afectaría la incorporación de este personal a efectos de comunicación a la Unidad Central de Seguridad Privada, se entiende que la empresa de seguridad requirente solamente tiene obligación de comunicar las altas y bajas del personal de seguridad privada, es decir, personal que sea titular de la correspondiente habilitación acreditativa de su condición de personal de seguridad, por lo que, aún cuando esta comunicación se realizara, la misma no legitimaría la prestación de servicios por parte de ese personal no habilitado.
En el supuesto que un servicio prestado por su empresa sea objeto de inspección, ha de tenerse en cuenta que dicho servicio solamente podrá ser prestado por personal debidamente habilitado, pudiendo incurrir en una sanción tipificada como GRAVE en caso contrario.
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la consulta sometido a consideración
UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA

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