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2011/0028 * La legislación de Seguridad Privada respecto a las actuaciones con videocámaras

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2011/0028 * La legislación de Seguridad Privada respecto a las actuaciones con videocámaras

Mensaje por 38435-6718 el Sáb 26 Nov 2016, 14:03

INFORME UCSP Nº: 2011/0028

FECHA: 12/04/2011

ASUNTO: La legislación de Seguridad Privada respecto a las actuaciones con videocámaras.

ANTECEDENTES

Consulta formulada por un particular, relativa a la actuación de los vigilantes de seguridad respecto al tratamiento de las fotografías obtenidas de grabaciones de videocámaras y su posible incidencia en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en la actual legislación de Seguridad Privada.

CONSIDERACIONES

Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos.

El artículo 71 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, enumera las funciones que pueden desempeñar los vigilantes de seguridad que son, fundamentalmente, de vigilancia y seguridad.

El ejercicio de estas funciones corresponde en exclusiva a las empresas y personal de seguridad privada, por lo que la utilización de los medios técnicos y sistemas de seguridad para desempeñar dicha labor, como puede serlo el empleo de cámaras para prevención de hechos delictivos, compete así mismo a dicho personal.

Consecuentemente con lo anterior y, en el ámbito de la videovigilancia, las imágenes generadas por los circuitos cerrados de televisión sólo pueden ser visionadas por:

- El personal de seguridad, perteneciente a empresas de seguridad debidamente inscritas y habilitadas.
- Las empresas de seguridad autorizadas e inscritas para la actividad de centralización de alarmas.
- Los titulares de la instalación
-
Si procediese, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, en el artículo 4.- “Principios de calidad, proporcionalidad y finalidad del tratamiento”, establece:

1.- “De conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, las imágenes sólo serán tratadas cuando sean adecuadas, pertinentes y no excesivas en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, legítimas y explícitas, que hayan justificado la instalación de las cámaras o videocámaras.”

2.- “Sólo se considerará admisible la instalación de cámaras o videocámaras cuando la finalidad de vigilancia no pueda obtenerse mediante otros medios que, sin exigir esfuerzos desproporcionados, resulten menos intrusivos para la intimidad de las personas y para su derecho a la protección de datos de carácter personal.”

3.- “Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquellas. En todo caso deberá evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida.”

Respecto de la utilización de videocámaras en el ámbito de la seguridad privada, todavía no se ha desarrollado la normativa prevista en la Disposición Adicional Novena de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, que regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, y en ausencia de esta normativa específica, además del criterio de proporcionalidad en la instalación de esta medida de seguridad, la gestión, destrucción o, en su caso, la conservación de las imágenes ha de respetar el contenido de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como, entre otras, la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, siendo la responsabilidad, que en su caso podría llegar a ser penal, de los titulares de la instalación.

El artículo 25 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dice:

“Podrán crearse ficheros de titularidad privada que contengan datos de carácter personal cuando resulte necesario para el logro de la actividad u objeto legítimos de la persona, empresa o entidad titular y se respeten las garantías que esta ley establece para la protección de las personas.”

Igualmente, la citada Ley Orgánica define lo que entiende por:

Responsable del fichero o tratamiento: “persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.” Artículo 3.d)
Encargado del tratamiento: “persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.” Artículo 3.g)

Por ello, el responsable del tratamiento de las imágenes generadas por las videocámaras, bajo el prisma de la Seguridad Privada, según la normativa vigente, sería el titular de la instalación o, en caso de existir, el Departamento de Seguridad, ya que el artículo 116 del Reglamento de Seguridad Privada establece que entre los cometidos del mismo se encuentra el control del funcionamiento de las instalaciones de sistemas físicos y electrónicos, así como el mantenimiento de éstos y la gestión de las informaciones que generen.

CONCLUSIONES

Por todo ello, además de cumplir lo determinado en la repuesta dada por la Agencia de Protección de Datos, y en ausencia de legislación específica para Seguridad Privada sobre la utilización de videocámaras y las imágenes por ellas grabadas, debemos tener en cuenta:

1º.- La Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, sobre utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dice que en lugares públicos, la captación, reproducción y tratamiento de imágenes y sonidos no se considerarán intromisiones ilegítimas en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, siempre que su instalación esté autorizada y sean utilizadas por la seguridad pública. Igualmente establece que si la grabación captara la comisión hechos que pudieran ser constitutivos de ilícitos penales habrá de ponerse a disposición judicial, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con la mayor inmediatez posible.

2º.- Es el titular o responsable de la grabación, quién impondrá las medidas necesarias para el tratamiento de las imágenes que se extraigan de las grabaciones, garantizando la seguridad de los datos, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

3º.- De existir el Departamento de Seguridad, como responsable, será quién velará para que los vigilantes de seguridad, que por razón del ejercicio de sus funciones tengan acceso a las imágenes extraídas de las cámaras de videovigilancia, guarden el debido secreto profesional respecto de las mismas y quién debe autorizar que se utilicen por personal de distintos turnos.

Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la consulta sometido a consideración.

UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA

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