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2011/0037 * Servicios de seguridad y servicios auxiliares.

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2011/0037 * Servicios de seguridad y servicios auxiliares.

Mensaje por 38435-6718 el Sáb 26 Nov 2016, 14:27

INFORME UCSP Nº: 2011/0037
FECHA
17/03/2011
ASUNTO
Servicios de seguridad y servicios auxiliares.
ANTECEDENTES
Consulta efectuada por un administrador de una empresa de seguridad, sobre la posibilidad de simultanear servicios de seguridad con servicios auxiliares, posibles consecuencias e infracciones administrativas.
CONSIDERACIONES
Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos.
En el plano normativo que regula la seguridad privada, la Ley 23/1992, de 30 de julio de Seguridad privada, en su artículo 1.1 define el objeto de la misma: “ regular la prestación por personas, físicas o jurídicas, privadas de servicios de vigilancia y seguridad de personas o bienes, que tendrán la consideración de actividades complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública”, continuando en su apartado 2 que “únicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada”, que estará integrado, tal y como establece la L.S.P. y el artículo 52.2 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre que aprueba el Reglamento de Seguridad Privada por “los vigilantes de seguridad, los vigilantes de explosivos, los jefes de seguridad, los directores de seguridad, los escoltas privados, los guardas particulares del campo, los guardas de caza, los guardapescas marítimos y los detectives privados”.
Tanto la LSP como el RSP en sus artículos 5 y 1, respectivamente, especifica las actividades y servicios que “únicamente” podrán desarrollar, para lo cual (artículo 2 RSP), “ las empresas deberán reunir los requisitos determinados en el artículo 7 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, ser autorizadas siguiendo el procedimiento regulado en los artículos 4 y siguientes de este reglamento y hallarse inscritas en el Registro de Empresas de seguridad existente en el Ministerio del Interior”.
Significar que, dentro de los requisitos documentales (artículo 5 RSP), si se trata de sociedades, deberá aportarse al expediente de inscripción “copia auténtica de la escritura pública de constitución en la que deberá constar su objeto social, que habrá de ser exclusivo y coincidente con uno o más de los servicios o actividades a que se refiere el artículo 1 del Reglamento”.
- 2 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA Y DE
LA GUARDIA CIVIL
CONCLUSIONES
De lo anterior se desprende que la forma de actuación descrita en las dos primeras cuestiones planteadas por el interesado, son contrarias a lo dispuesto en la normativa de seguridad privada, por lo que el personal de servicios auxiliares deberá ser contratado a través de otra mercantil que no esté regulada por la normativa de Seguridad Privada.
En cuanto a la tercera pregunta formulada se participa que, bajo ningún concepto, ninguna Administración Pública, empresa pública u organismo autónomo ( de carácter estatal, autonómico o local) pueda imponer obligaciones que vulneren lo estipulado en la normativa de seguridad privada, toda vez que sus preceptos vinculan a cualquier Administración Pública ( así como también a las empresas que se dediquen a la prestación de servicios o actividades relacionadas con la Seguridad Privada), en virtud de la obligación constitucional con la que aquella ha de actuar siempre con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho.
Aun en el hipotético supuesto de que una Administración Pública imponga en las bases de una convocatoria de un concurso público una actuación que conculque lo establecido en la legislación sobre seguridad privada, la misma, caso de ser contratados, efectivamente, los servicios, podrá ser objeto de la apertura de un procedimiento sancionador, en aplicación del Régimen Sancionador contemplado en la vigente Ley de Seguridad Privada y su reglamento de desarrollo, que tipifica las infracciones que pueden cometer los distintos sujetos responsables.
No obstante, es de señalar que la hipotética obligación impuesta en el concurso público susceptible de vulnerar lo dispuesto en las normas contenidas en la legislación sobre seguridad privada, podrá ser denunciada e impugnada mediante la interposición de los pertinentes recursos en vía administrativa o contencioso administrativa en los que se insten la declaración de nulidad, con arreglo a lo que disponen los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 23 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 32 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, así como del artículo 310 y siguientes de esta última Ley (recurso especial).
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la consulta sometido a consideración.
UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA

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