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2011/0045 * Sistemas GPS en supuestos de violencia de genero

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2011/0045 * Sistemas GPS en supuestos de violencia de genero

Mensaje por 38435-6718 el Sáb 26 Nov 2016, 14:41

INFORME UCSP Nº: 2011/0045

FECHA: 26/05/2011

ASUNTO: Sistemas GPS en supuestos de violencia de genero

ANTECEDENTES

Escrito de la Secretaria General de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, adjuntando documentación remitida por la Secretaria General Técnica del Ministerio del Interior sobre la consulta efectuada por un particular relativa a la normativa aplicable a la instalación, gestión, recepción y atención de dispositivos de localización mediante sistemas GPS en los supuestos de violencia de genero.

CONSIDERACIONES

Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos.
Señalar, en primer lugar, que la Resolución de 17 de julio de 2009 de la Secretaría de Estado de Seguridad, acuerda la publicación del “Protocolo de actuación para la implantación del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas de alejamiento en materia de violencia de género”.

Su objetivo es mejorar la seguridad y protección de las víctimas, verificando el cumplimiento de las medidas cautelares de alejamiento impuestas en los procedimientos que se sigan por violencia de género, estableciendo las actuaciones respecto a la instalación del equipo de detección, su conexión al centro de control, la gestión de las alarmas producidas y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada, cuya entrada en vigor se producirá el próximo 18 de agosto, dedica su Capitulo IV a los “sistemas de alarma móviles”.

El artículo 16, punto 1 los define como “los dispositivos de seguridad, siempre que estén conectados a una central de alarmas, cuya aplicación se encuentre exclusivamente destinada a la prevención de posibles actos delictivos contra personas o bienes muebles, la posible localización de personas o bienes, o para facilitar el cumplimiento, en su caso, de penas o medidas de seguridad”.

Y continúa el punto 2 del mismo artículo, precisando que:

a) La recepción, verificación y transmisión de las señales de alarma, así como su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, deberá realizarse, en todo caso, por empresas de seguridad explotadoras de centrales de alarmas o por centrales de alarmas de uso propio.

b) La confirmación de las alarmas se realizará, como mínimo, mediante verificación por audio y, en su caso, complementada con llamada telefónica.

La Ley 23/92, de 30 de julio, de Seguridad Privada, desarrollada con posterioridad mediante el Real Decreto 2364/94, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, reserva la instalación y el mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad de forma exclusiva para las empresas de seguridad habilitadas para esta actividad, conforme a lo establecido en el apartado e) de los artículos 5 y 1 de la Ley y el Reglamento, respectivamente.
Sin embargo, respecto a los dispositivos que en la actualidad se están utilizando para el seguimiento, control y seguridad de las víctimas de la violencia de género, y a pesar de que deben ser considerados sistemas de alarma móviles para protección y seguridad de las personas, al igual que otros contemplados en la norma, como los sistemas de alarmas de los vehículos, no requieren el tipo de instalación a que hace referencia la normativa de seguridad privada, cuando habla de sistemas de seguridad dedicados a evitar robo o intrusión. Por ello, la colocación y activación de este tipo de dispositivos podría ser realizada por cualquier persona que tenga los conocimientos adecuados para llevarlo a cabo.
En este sentido, la ya mencionada Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, establece, en su disposición adicional tercera que: “Las empresas que solo se dediquen a la colocación de sistemas móviles de alarma o a la instalación y mantenimiento de sistemas de prevención contra incendios, conectados con centrales de alarmas o con centros de control, no necesitarán estar inscritas en el Registro

General de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior, existente en la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía o, en su caso, en el correspondiente de las Comunidades Autónomas con competencia en materia de seguridad privada”.

Por otra parte, el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, dispone en su artículo 20.1 que: “las empresas de seguridad comunicaran con una antelación mínima de tres días, de forma individualizada para cada servicio, la iniciación del mismo, con indicación del lugar de prestación, la clase de actividad, la persona física o jurídica contratante y su domicilio, así como la duración prevista de la vigencia del contrato”. Y establece en su párrafo tercero que: “las modificaciones de los contratos se comunicaran en la misma forma y plazos indicados”.

Por su parte, el artículo 48. 2 del mismo texto legal, dispone que “cuando se produzca una alarma, las centrales deberán proceder de inmediato a su verificación con los medios técnicos y humanos de que dispongan y, comunicar seguidamente al servicio policial correspondiente las alarmas reales producidas”.

CONCLUSIONES


La Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada, recoge, entre otros supuestos, los sistemas de alarmas móviles para facilitar el cumplimiento de penas o medidas de seguridad, como pudieran ser los dispositivos de localización en los casos de violencia de género, estableciendo unos concretos procedimientos de actuación en función de que el sistema esté instalado en un vehículo o sea portado por una persona.

Por otro lado, el “Protocolo de actuación para la implantación del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas de alejamiento en materia de violencia de género”, recoge de forma pormenorizada y especifica el procedimiento a seguir en este supuesto, sin contradicción con lo establecido en la Orden Ministerial citada y exigiendo, al igual que ésta, la conexión del dispositivo a una central de alarmas, que deberá verificar su veracidad antes de transmitirlas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Además del cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Protocolo y en la Orden Ministerial, estos dispositivos habrán de ajustarse a los siguientes requisitos:

1.- Su instalación puede ser realizada por empresas que no sean de seguridad.

2.- Consecuencia de lo anterior, es que no resulta obligada la comunicación a las dependencias policiales de los contratos de instalación y mantenimiento.

3.- La recepción, tratamiento y respuesta de las señales de alarma emitidas por tales dispositivos, será obligatoriamente prestada por una empresa de seguridad, autorizada e inscrita para la actividad de “explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales de alarma a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

4.- La Empresa de Seguridad deberá comunicar la prestación del citado servicio, a través del preceptivo contrato de conexión a Central de Alarmas.

Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la consulta sometido a consideración.

UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA

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