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2011/0049 * Protección de víctimas de violencia de género por parte de vigilantes de seguridad.

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2011/0049 * Protección de víctimas de violencia de género por parte de vigilantes de seguridad.

Mensaje por 38435-6718 el Sáb 26 Nov 2016, 14:48

INFORME UCSP Nº: 2011/0049

FECHA 27/05/2011

ASUNTO: Protección de víctimas de violencia de género por parte de vigilantes de seguridad.

ANTECEDENTES

El presente informe se redacta a petición de un órgano del Cuerpo Nacional de Policía, al objeto de dar respuesta a la consulta formulada por un particular, en relación a la posibilidad de realizar labores de protección a víctimas de violencia de género por parte de los vigilantes de seguridad.

CONSIDERACIONES

Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos.

El art. 104 de la Constitución Española atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, y señala que una Ley Orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En efecto, la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, determina que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado y que su mantenimiento se ejercerá por las distintas Administraciones Públicas a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esta misma Ley, en su artículo 4, establece que las personas y entidades que ejerzan funciones de vigilancia, seguridad o custodia referidas a personal y bienes o servicios de titularidad pública o privada tienen especial obligación de auxiliar o colaborar en todo momento con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Asimismo, el art.126 del texto constitucional atribuye a la Policía Judicial, bajo la dependencia de los jueces, los Tribunales y el Ministerio Fiscal, las funciones de averiguación del delito y aseguramiento del delincuente, en los términos que la Ley establezca.

Atendiendo a la normativa anterior, se puede afirmar que la protección personal de víctimas de la violencia de género corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por tratarse de una función englobada en el mantenimiento de la seguridad pública, que debe ser ejercida por las distintas Administraciones Públicas a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Igualmente, el cumplimiento de las medidas cautelares de naturaleza penal, acordadas por los órganos judiciales en las órdenes de protección, corresponde en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su condición de Policía Judicial. Existen unos servicios especializados dependientes del Ministerio del Interior y de las Comunidades Autónomas que dan puntual traslado de la sentencia de los Tribunales en asuntos de violencia de género a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para su efectivo cumplimiento.

Por otro lado, la Ley de Seguridad Privada, en su artículo primero, después de señalar que el objeto de dicha Ley es regular la prestación por personas, físicas o jurídicas privadas, de servicios de seguridad personal y bienes, determina que dichos servicios tendrán la consideración de actividades complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública.

Referido exclusivamente a las funciones que la Ley de Seguridad Privada reserva para cada categoría profesional, es de señalar que según el artículo 11 a), a los vigilantes de seguridad les corresponde “ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos.”, mientras que es función de los escoltas privados, con carácter exclusivo y excluyente, el acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas ( art. 17), por lo que, en caso de necesitarse y autorizarse el concurso de la seguridad privada para la protección de víctimas de la violencia de género, esta solo lo sería respecto de los escoltas privados, pero en ningún caso de los vigilantes de seguridad.

No obstante, podría ser objeto de debate la contribución del personal de seguridad privada en los servicios de protección de personas objeto de violencia doméstica, dado el carácter de complementariedad de la seguridad privada respecto de la pública. A este respecto, el criterio de la Secretaría de Estado de Seguridad es que la protección personal a las víctimas de violencia de género corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por tratarse de una función englobada en el mantenimiento de la seguridad pública, que deba ser ejercida por las distintas Administraciones Públicas a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Pero, en ningún caso la protección personal de víctimas objeto de violencia doméstica podría realizarse por vigilantes de seguridad, ya que la protección de personas no es función que pueda ser ejercida por éstos, en sentido genérico, sino que está atribuida, de forma específica, a los escoltas privados.

CONCLUSIONES

A tenor de lo anteriormente expuesto, el criterio de esta Unidad Central de Seguridad Privada es que la protección personal en materia de violencia de género no puede ser realizada por vigilantes de seguridad. No obstante, la realización de cursos relacionados con esta cuestión por parte del personal de seguridad privada es de todo punto conveniente, a fin de dotarlos de unas pautas de actuación que hagan efectivos los principios básicos de actuación de auxilio, colaboración y coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la consulta sometido a consideración.

UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA

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