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2011/0057 * Servicio de seguridad en edificios judiciales.

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2011/0057 * Servicio de seguridad en edificios judiciales.

Mensaje por 38435-6718 el Dom 27 Nov 2016, 17:02

INFORME UCSP Nº: 2011/0057

FECHA 01/07/2011

ASUNTO Servicio de seguridad en edificios judiciales.

ANTECEDENTES

El presente informe se redacta a petición de un representante sindical, relativo
a cuestiones relacionadas con los servicios de seguridad que se realizan
conjuntamente entre Guardia Civil y Seguridad Privada en edificios judiciales
dependientes de la Administración Central.

CONSIDERACIONES

Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta
Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros
efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los
ciudadanos.

La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en su art 11 c) señala que es función de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran.
El art. 71.3 del R.S.P., en referencia a la organización de los servicios de
seguridad, señala que “En la organización de los servicios y en el desempeño de sus
funciones, los Vigilantes dependerán del Jefe de Seguridad de la empresa de
seguridad en la que estuviesen encuadrados. No obstante, dependerán
funcionalmente, en su caso, del Jefe del Departamento de Seguridad de la empresa o
entidad en que preste su servicio.

Así mismo el Art. 71.2 del R.S.P. dice “Deberán seguir las instrucciones que, en
el ejercicio de sus competencias, impartirán los responsables de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, siempre que se refieran a las personas y bienes de cuya protección y
vigilancia estuviesen encargados los vigilantes, colaborando con aquéllas …//… dentro
de los locales o establecimientos en que preste su servicio, en cualquier situación que
sea preciso para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana.
El R.S.P. en su contenido afirma que la organización, dirección e inspección del
personal y servicios de seguridad privada son funciones que corresponden al Jefe de
Seguridad de la empresa a la que pertenecen los vigilantes de seguridad, y en su caso,
al Director de Seguridad del Departamento para el que prestan sus servicios. (Artículos
95.1.b) y 95.2 del Real Decreto 4/2008, de 11 de enero, por el que se modifican
determinados artículos del Reglamento de Seguridad Privada). Estas funciones pueden
ser delegadas, dónde no hubiera Jefe de Seguridad o Director de Seguridad delegado,
en persona del Servicio o Departamento de Seguridad que reúna análogas condiciones
de experiencia y capacidad que éstos.

En lo relativo a funciones que pudieran realizar personal no habilitado, las
empresas de seguridad, al amparo de otro tipo de legislaciones, como lo son la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, el Estatuto de los Trabajadores, etc., pueden realizar
controles periódicos de las condiciones de trabajo o inspecciones estrictamente
laborales, para las cuales, no es preciso disponer de personal de seguridad privada
habilitado.

Las sanciones se encuentran reguladas en la Ley 23/1992, de Seguridad
Privada, en su artículo 22, “las empresas de seguridad, podrán incurrir en las siguientes
infracciones”:

Muy graves: 1.a), “la prestación de servicios de seguridad a terceros,
careciendo de la habilitación necesaria”.

El artículo 23 de la citada Ley, dice “el personal que desempeñe funciones de
seguridad privada podrá incurrir en las siguientes infracciones”:

Muy graves: 1.a) “la prestación de servicios de seguridad a terceros por parte
de personal no integrado en empresas de seguridad, careciendo la habilitación
necesaria”.

La potestad sancionadora viene regulada en el artículo 30, para infracciones
muy graves, el apartado a) “Director de la Seguridad del Estado”.

CONCLUSION

En atención a las consideraciones normativas anteriores, cabe concluir que las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su misión de protección y custodia de edificios e
instalaciones públicos, impartirán a los medios humanos destinados a tal fin cuantas
instrucciones crean necesarias para llevar a cabo el mandato normativo que la Ley
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dispone en su art 11 c).

En este mismo sentido, el R.S.P. dispone que el personal de seguridad privada
colaborará activamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando estén
realizando labores de seguridad y custodia.

Para el caso de posible existencia de Departamento de Seguridad, la
coordinación del personal de seguridad privada de él dependiente funcionalmente
correspondería a su titular.

Al respecto de la cuestión en la que se hace referencia a personal que no posee
habilitación como personal de seguridad privada y que realizan labores de control, cabe
concluir que estos únicamente podrán realizar dichas funciones cuando no impliquen la
modificación de ningún aspecto relacionado con el servicio de seguridad. No obstante,
y dada la singularidad del ámbito en el que nos encontramos al tratarse de edificios
judiciales, es necesario tener presente que las autoridades de este ámbito poseen
legalmente las atribuciones necesarias para ejercer dichas facultades sobre el personal
de seguridad, tanto público como privado.

Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la
Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio
decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la
consulta sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un
acto de los descritos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por lo que contra el mismo no cabe recurso alguno.

UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA

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