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2011/0071 * Inactividad del personal de Seguridad Privada.

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2011/0071 * Inactividad del personal de Seguridad Privada.

Mensaje por 38435-6718 el Lun 28 Nov 2016, 17:55

INFORME UCSP Nº: 2011/0071

FECHA 15/07/2011

ASUNTO Inactividad del personal de Seguridad Privada.

ANTECEDENTES

Consulta formulada por un representante sindical, sobre la aplicación del
periodo de inactividad del personal de seguridad privada y su posible incidencia con el
artículo 14 de la Constitución Española.

CONSIDERACIONES

Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta
Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros
efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los
ciudadanos.

La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada establece en el artículo
10, disposiciones comunes, los requisitos que han de cumplir para su habilitación, y en
todo momento para el desarrollo de sus respectivas funciones el personal de seguridad
privada. El punto 4 del citado artículo hace referencia a la inhabilitación: “La pérdida de
alguno de los requisitos indicados producirá la cancelación de la habilitación, que será
acordada por el Ministro del Interior, en resolución motivada dictada con audiencia del
interesado”.

El periodo de inactividad se contempla en el punto 5: “La inactividad del
personal de seguridad por tiempo superior a dos años, exigirá su sometimiento a
nuevas pruebas para poder desempeñar las funciones que le son propias”.
El Real Decreto 4/2008, de 11 de enero, por el que se modifican determinados
artículos del Reglamento de Seguridad Privada determina en su artículo 53 los
requisitos generales que ha de reunir el personal de seguridad privada para su
habilitación y en todo momento para la prestación de servicios de seguridad.
En el artículo 64.1 se enumeran las causas de la inhabilitación: “El personal de
seguridad privada perderá tal condición por alguna de las siguientes causas:

a) A petición propia

b) Por pérdida de alguno de los requisitos generales o específicos exigidos en
este Reglamento para el otorgamiento de la habilitación o reconocimiento.

c) Por jubilación

d) Por ejecución de la sanción de retirada definitiva de la habilitación o
reconocimiento”.

El punto 2 del mismo artículo se refiere a la inactividad: “La inactividad del
personal de seguridad privada por tiempo superior a dos años exigirá la acreditación de
los requisitos a que se refiere el apartado 3 del artículo 10 de la Ley de Seguridad
Privada, así como la superación de las pruebas específicas que para este supuesto se
determinen por el Ministerio del Interior”.

La Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada,
de entrada en vigor el 18 de agosto, establece que el personal de seguridad privada
que haya permanecido inactivo más de dos años, para poder desempeñar las
funciones que le son propias, conforme al apartado segundo del artículo 64 del RSP,
podrá optar entre las siguientes modalidades:

a) Ser declarado apto en las pruebas específicas que se convoquen por el Ministerio
del Interior a tal efecto.

b) Acreditar haber realizado un curso de actualización en materia normativa de
seguridad privada, con una duración, como mínimo, de cuarenta horas lectivas,
impartido por un centro de formación autorizado, bien en modalidad presencial o a
distancia.

Por lo tanto, la normativa diferencia perfectamente los conceptos de
inhabilitación e inactividad, y la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior en
informe emitido a este respecto, dice: ”la norma no atribuye a la inactividad del personal
de seguridad privada la consecuencia formal de la inhabilitación, sino la necesidad
material de someterse a nuevas pruebas, con el doble objetivo de que se acredite la
capacidad física y psíquica y de que se actualice la formación precisa para el ejercicio
de las funciones propias de seguridad.”

El fundamento de la inclusión de la inactividad en la normativa de seguridad
privada, se encuentra directamente ligado, además de con la comprobación de la
capacidad física y psíquica mediante la certificación correspondiente, con la pretensión
de mantener permanentemente actualizado al personal de seguridad privada. Así lo
dice el propio artículo 57 del Reglamento de Seguridad Privada (“al objeto de mantener
al día el nivel de aptitud y conocimientos necesarios para el ejercicio de las funciones
atribuidas al personal de seguridad privada…”), y así ha venido siendo entendido por la
Secretaría General Técnica y aplicado por esta Unidad.

Precisamente, por este ánimo, es por lo que dicho personal deberá aportar la
documentación correspondiente a la acreditación de los requisitos del artículo 10.3 de
la Ley de Seguridad Privada, y asistir, además, a los correspondientes cursos de
actualización en las materias que hayan experimentado modificación o evolución
sustancial o, en su caso, a los cursos de especialización en las materias relacionadas
con las funciones que tengan atribuidas, no haciendo distinciones por el motivo que
haya causado dicha inactividad.

CONCLUSIONES

Por lo tanto, a criterio de esta Unidad Central, el hecho de que el personal de
seguridad privada que haya permanecido inactivo por un periodo superior a dos años,
deba acreditar los requisitos del artículo 10.3 de la Ley de Seguridad Privada y
someterse a nuevas pruebas o realizar un curso en los centros de formación
autorizados, al objeto de mantener al día el nivel de aptitud y conocimientos necesarios
para el ejercicio de sus funciones, no vulnera la igualdad ante la Ley, recogida en el
artículo 14 de la Constitución española.

Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la
Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio
decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la
consulta sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un
acto de los descritos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por lo que contra el mismo no cabe recurso alguno.

UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA


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