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2011/0083 * Centrales de alarmas municipales e incidencia en las mismas de las nuevas Órdenes Ministeriales.

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2011/0083 * Centrales de alarmas municipales e incidencia en las mismas de las nuevas Órdenes Ministeriales.

Mensaje por 38435-6718 el Mar 29 Nov 2016, 21:11

INFORME UCSP Nº: 2011/0083
FECHA 24/08/2011
ASUNTO
Centrales de alarmas municipales e incidencia en las mismas de las nuevas Órdenes
Ministeriales.
ANTECEDENTES
Escrito de un representante de una empresa de seguridad, consultando el posible
cambio legal sobre centrales de alarmas municipales tras la publicación de las nuevas
Órdenes Ministeriales y sí a las mismas podrían conectarse sistemas de seguridad de
grado 1.
CONSIDERACIONES
Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta
Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o
aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos.
Las actividades de seguridad privada son actividades económicas susceptibles de
ser prestadas en régimen de libre concurrencia, si bien su prestación viene condicionada al
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada y sus
normas de desarrollo.
Así, el artículo 5.1.f) de la citada Ley, y el artículo 1.1.f) de su Reglamento de
desarrollo, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, modificado
parcialmente por Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre, establecen las actividades
que pueden desarrollar, con carácter exclusivo y excluyente, las empresas de seguridad,
siendo una de aquellas: “La explotación de centrales para la recepción, verificación y
transmisión de las señales de alarma y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, así como prestación de servicio de respuesta cuya realización no sea de la
competencia de dichas Fuerzas y Cuerpos”.
La prestación del servicio de central para la recepción, verificación y transmisión
de alarmas, requiere, básicamente, los siguientes requisitos:
a) Constituirse en empresa de seguridad con los requisitos determinados en el
artículo 7 de la Ley de Seguridad Privada, y hallarse inscrita en el Registro de
empresas de seguridad, siguiendo el procedimiento regulado en los artículos 4
y siguientes del Reglamento de Seguridad Privada.
- 2 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA Y DE
LA GUARDIA CIVIL
b) Su funcionamiento habrá de atenerse a las disposiciones contenidas en los
artículos 46 a 51 del Reglamento de Seguridad Privada, y al artículo 25 de la
Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada.
La normativa vigente en materia de seguridad privada atribuye al Ministerio del
Interior y a los Delegados de Gobierno, las competencias en materia de seguridad privada,
sin atribuir ninguna a los municipios.
En relación a las competencias municipales estas aparecen definidas en el artículo
25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, sin que
entre ellas se cite ninguna que, directamente, se aproxime a las actividades que puedan
considerarse inmersas en el concepto de “seguridad privada”.
Es cierto que las Corporaciones Locales participan en el mantenimiento de la
seguridad pública (artículo 1.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad), ejerciendo, entre otras, la prevención de la comisión de actos
delictivos, pero tal participación se realiza a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad, sin que esta función
pueda estimarse que se realiza a través de las actividades de “seguridad privada”, puesto
que para cumplirla disponen de las potestades atribuidas por el ordenamiento jurídico a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Por otra parte, en los artículos 97 y siguientes del Texto Refundido de las
Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1996, de 18 de abril, tampoco aparece referencia alguna a las
competencias en materia de seguridad privada cuando indican las competencias de los
Ayuntamientos.
Así, pues, teniendo en cuenta lo anterior, caben dos supuestos:
a) Que sea el propio Ayuntamiento el que constituya una empresa de seguridad
para la explotación de una central de alarmas
b) Que se constituya como central de alarmas de uso propio.
Supuestos, ambos, perfectamente posibles al amparo de la vigente normativa de
seguridad privada y de régimen local.
En el primer supuesto, la empresa constituida por el Ayuntamiento deberá reunir
todos los requisitos de autorización, inscripción, constitución, etc., previstos en la Ley y
Reglamento de Seguridad Privada y, además, los establecidos en la mencionada Orden
INT/314/2011, sobre empresas de seguridad, concretamente los relativos a sistemas de
- 3 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA Y DE
LA GUARDIA CIVIL
seguridad de que deben disponer los locales en que se instalen las centrales de alarmas, y
a los servicios que pueden desarrollar dichas centrales.
La empresa municipal así constituida -y por ende el Ayuntamiento- será
responsable tanto de los servicios que se presten, como del correcto funcionamiento de los
aparatos y dispositivos que se instalen, correspondiendo a las autoridades policiales y
gubernativas competentes efectuar las correspondientes inspecciones e imponer las
sanciones que, en su caso, pudieran corresponder por la comisión de las infracciones legal
y reglamentariamente previstas.
Por el contrario, en caso de que el Ayuntamiento se constituya en central de
alarmas propia, cumpliendo los requisitos específicos establecidos en el Anexo 6.2 del
Reglamento, sólo podrían conectarse a ella las dependencias municipales, y la empresa
instaladora no tendría otras responsabilidades que las estrictamente derivadas del
cumplimiento de la normativa vigente, pero en ningún caso las que pudieran derivarse del
uso que el Ayuntamiento haga de la central de alarmas instalada.
Por otro lado, el artículo 39.2 del mismo Reglamento, prohíbe de forma expresa “la
instalación de marcadores automáticos programados para transmitir alarmas directamente
a las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, por lo que la aceptación de
una conexión de este tipo supondría contravenir el referido artículo.
CONCLUSIONES
Como respuesta concreta a la consulta formulada, y habida cuenta de las
inquietudes en este sentido de las empresas de seguridad, se determina, siempre que por
estas se justifiquen debidamente las circunstancias que motivan la no implementación de
las medidas de seguridad obligatorias, el régimen transitorio siguiente:
1.-En la determinación de las medidas de seguridad obligatorias para la
autorización de las empresas de seguridad solamente se exigirán aquellas acordes a la
normativa vigente en la fecha de registro de la correspondiente solicitud de autorización.
2.- En la implementación de las medidas de seguridad de las empresas, ya afecte
a la totalidad del sistema o a elementos aislados del mismo, en el caso de inexistencia
de las legalmente previstas, serán exigibles aquellas que estén disponibles en el
mercado del grado más próximo al legalmente exigido, las que se mantendrán hasta
tanto estén disponibles y les conste la certificación emitida por un organismo de control
acreditado, que permitan la sustitución definitiva por las obligatorias correspondientes.
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la
Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor
- 4 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA Y DE
LA GUARDIA CIVIL
de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la consulta
sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un acto de los
descritos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que
contra el mismo no cabe recurso alguno.
UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA

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