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2011/0086 * Autorización de apertura y medidas de seguridad exigibles a establecimientos obligados

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2011/0086 * Autorización de apertura y medidas de seguridad exigibles a establecimientos obligados

Mensaje por 38435-6718 el Mar 29 Nov 2016, 21:14

INFORME UCSP Nº: 2011/0086
FECHA 24/08/2011
ASUNTO Autorización de apertura y medidas de seguridad exigibles a establecimientos obligados.
ANTECEDENTES
Consulta efectuada a esta Unidad Central de Seguridad Privada, por parte de una
Unidad Territorial de Seguridad Privada, en relación a la siguiente cuestión:
Sobre qué medidas de seguridad, tras la entrada en vigor de la Orden
INT/317/2011, deben exigirse en las inspecciones a establecimientos obligados, realizadas
a instancia de la Delegación del Gobierno, para conceder o no la autorización de apertura,
teniendo en cuenta que el criterio de la citada Delegación del Gobierno, remitido a la
Unidad consultante y basado en informe de la Abogacía del Estado de fecha 4 de octubre
de 2010, viene exigiendo que, en caso de cambio en la titularidad de un establecimiento
obligado, el nuevo titular queda obligado al cumplimiento de la totalidad de la normativa
vigente y exigible en tal momento en orden a su apertura, y por ello a solicitar nuevamente
la autorización exigida por el artículo 136 del Reglamento de Seguridad Privada.
CONSIDERACIONES
Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta
Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o
aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos.
En primer lugar, y en lo referente al contenido del informe a que se alude, de la
Abogacía del Estado, remarcar que alguna de sus conclusiones, particularmente las
referidas a la obligatoriedad del actual titular de solicitar nuevamente autorización de
apertura, no parecen estar en la misma línea de lo que hasta el momento ha sido el criterio
de interpretación seguido por esta Unidad Central de Seguridad Privada para los cambios
de titularidad en los establecimientos obligados, criterio este que, a su vez, está basado,
fundamentalmente, en un informe de la Secretaria General Técnica del Ministerio del
Interior de julio de 2004, sobre si resulta exigible, en atención a la redacción del artículo
136 del Reglamento de Seguridad Privada, una nueva autorización cuando se produzca un
cambio en la titularidad del establecimiento o si basta la simple comunicación de dicho
cambio a los servicios policiales correspondientes.
En el citado informe se establecen, entre otras, las siguientes consideraciones:
- 2 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA Y DE
LA GUARDIA CIVIL
“Que la naturaleza de la autorización de apertura de los establecimientos que
estén obligados a la adopción de medidas de seguridad - como la gran mayoría de
autorizaciones en materia de seguridad - es de las denominadas “licencias de
funcionamiento”, la que no se otorga previa la simple comprobación administrativa de un
derecho preexistente, sino por reunir los condicionamientos y requisitos esenciales que
deben ser exigidos en aras de la seguridad pública, lo que implica que la Administración
despliegue, además, una función de vigilancia permanente de la actividad autorizada a lo
largo del tiempo, tal y como viene recogido en el art. 143.4 del Reglamento de Seguridad
Privada.
Además, nos encontramos en presencia de una autorización real, que son, en
principio, de vigencia ilimitada mientras subsistan las condiciones que legitimaron su
otorgamiento, sin que puedan establecerse plazos de vigencia - o de caducidad - no
contemplados expresamente en sus normas reguladoras.
En este sentido, la aprobación y consiguiente autorización de una oficina
financiera, otorga al titular de la misma la posibilidad de poder llevar a cabo el negocio en
dicha instalación mientras se mantengan en correcto funcionamiento las medidas y
sistemas de seguridad existentes en la instalación.
En consecuencia, las autorizaciones de apertura de una oficina se mantienen
independientemente de quién sea el titular de la instalación y siempre que permanezcan
inalteradas sus condiciones de funcionamiento.”
El procedimiento aludido ha sido el seguido con motivo de los denominados
Procesos de Integración de Entidades Financieras, de actualidad debido a la crisis
económica, los que presentan derivaciones en el terreno de la seguridad privada en
España, tema sobre el que esta Unidad Orgánica Central ha establecido su
posicionamiento en el sentido de que “en los casos de cambio de denominación de una
oficina bancaria, independientemente de quien sea el nuevo titular, no será necesario que
se solicite nueva autorización, dado que éstas se conceden al lugar o establecimiento
donde se desempeña la actividad autorizada, debiendo ser la Delegación o Subdelegación
del Gobierno la que, a solicitud del interesado, expida, si lo considera necesario, un
documento con el cambio de titularidad de la misma. Por lo tanto, tampoco será obligatoria
la inspección de la oficina, salvo que, por cualquier causa, se considere oportuno realizarla.
Ahora bien, en el caso de que el establecimiento, con el mismo o distinto titular,
modifique su actividad (ejemplo: de oficina operativa con manejo de efectivo a simple
oficina comercial) o las medidas de seguridad de la instalación en los términos del artículo
136 del Reglamento de Seguridad Privada, le será de aplicación lo previsto para el caso de
las reformas en la Circular 1/2009, en sus distintos supuestos.
- 3 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA Y DE
LA GUARDIA CIVIL
Por último señalar que el cierre de cualquier oficina de una entidad bancaria, (no
la mera modificación de actividad o la de las medidas de seguridad instaladas), lo que se
puede hacer extensivo a cualquier establecimiento obligado supondrá la pérdida de la
autorización, y en el caso de que alguna entidad financiera u otro establecimiento obligado,
pretenda su reapertura, necesitará solicitar de nuevo ésta, por los procedimientos
normativamente establecidos. Esto es, si la oficina o establecimiento se cierra al uso
financiero o comercial, perderá la autorización administrativa que hasta ese momento
disponía, debiendo obtener una nueva para el caso de una futura apertura, por la misma
persona física o jurídica titular o por otra distinta.”
Finalmente, abundando en la materia, ha de observarse que del propio tenor literal
del aludido artículo 136 del Reglamento de Seguridad Privada, el mismo no cabe
interpretarse en un sentido diferente del que indican los verbos en él expresamente
utilizados, entre los que no se emplea, en ningún caso, los de “reapertura” o
“reautorización” ahora sometidos a cuestión, haciendo mención, sin embargo, de los
conceptos de “autorización” para la “apertura”, así como de los de “traslado” y “reforma de
un establecimiento u oficina, anteriormente autorizados, que implique la adopción o
modificación de medidas de seguridad”, a efectos de su comprobación, derivándose de
todo ello, y en cualquier caso, la intrascendencia que se otorga a las cualidades del titular,
para que subsista la autorización de la actividad concedida, motivo por el cual no parece
que resulte procedente la aplicación analógica de la ley que contempla en el artículo 4 del
Código Civil, ya que de así producirse, nos encontraríamos ante un evidente caso de
extensión de lo regulado en la norma, a un supuesto distinto con el que no existe identidad
de razón o semejanza, debido a que, en primer lugar, las condiciones del expediente de
autorización de apertura para la actividad, se centran, no tanto en la hipotética idoneidad
del titular, cuanto en las concretas medidas de seguridad de carácter obligatorio con que
debe contar el establecimiento objeto de trámite; y en segundo lugar, a que la norma no ha
pretendido, en ningún momento, que un establecimiento ya autorizado para la realización
de una determinada actividad aquí regulada, deba ser nuevamente autorizado como
consecuencia de un simple cambio en la titularidad de la propiedad o administración del
mismo.
CONCLUSIONES
Del análisis de los preceptos citados y como respuesta a la consulta formulada,
pueden extraerse las siguientes conclusiones:
1ª.- La autorización de apertura de los establecimientos obligados a disponer de
medidas de seguridad es, por tanto, una autorización real y no personal, esto es, lo que la
Administración supervisa es la correcta adopción de una serie de medidas de seguridad y
no la idoneidad para ser titular de un determinado establecimiento o actividad; de ahí que,
en principio, la vigencia de dicha autorización sea ilimitada mientras subsistan las
- 4 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA Y DE
LA GUARDIA CIVIL
condiciones que legitimaron su otorgamiento, y únicamente en el caso en que se
modificaran tales condiciones, se requeriría nueva autorización, previa valoración de las
modificaciones producidas, por lo que no se considera que deba ser exigible el
sometimiento a un nuevo proceso de autorización, puesto que no se ven afectadas las
condiciones del objeto ( las medidas de seguridad) .
Ello, no obstante, se estima necesario, o cuando menos conveniente, aun cuando
no puede deducirse como tal del artículo 136, que dicho cambio de titularidad se
comunique a las dependencias policiales de seguridad privada correspondientes, a fin de
poder hacer efectiva la relación que, a efectos de control, se establece entre la
Administración y el titular del establecimiento obligado.
2ª.- Por otro lado y atendiendo a los supuestos planteados en la consulta, en los
que se alude a la necesaria solicitud de autorización y afectación de los plazos de
adecuación de la Orden INT/317/2011, los establecimientos obligados pueden encontrarse
en alguna de las situaciones siguientes:
a) En los casos de solicitud de autorización presentada en fecha anterior a la entrada
en vigor de la citada Orden, rige, a los efectos de las medidas de seguridad
obligatorias, las previstas en la Orden Ministerial de 23 de abril de 1997, las que se
verán afectadas por los plazos de adecuación, de dos y diez años, previstos en la
Disposición Transitoria Única de la Orden INT/317/2011.
b) Para aquellos casos en que la solicitud de autorización de funcionamiento se
presentara para su registro estando ya en vigor la Orden INT/317/2011, las
medidas de seguridad exigibles serán las previstas en esta norma.
c) Para aquellos establecimientos obligados que se encontraban debidamente
autorizados con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden INT/317/2011,
regirán los mismos plazos de adecuación citados en el apartado a).
d) Para los establecimientos, abiertos y en funcionamiento, que, por circunstancias
diversas, carecen de la preceptiva autorización de apertura, por no haberse
regularizado y, por tanto, encontrarse al margen de la normativa, les resultará de
aplicación las previsiones del apartado b) anterior.
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la
Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor
de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la consulta
sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un acto de los
descritos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
- 5 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA Y DE
LA GUARDIA CIVIL
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que
contra el mismo no cabe recurso alguno.
UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA

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