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juanxu
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el Miér 30 Abr 2014, 07:36
Las pesquisas de la operación Edu, que se tornan largas y complejas, se desarrollan sin prisa y sin pausa. Durante el pasado jueves y viernes, una treintena de profesores que impartieron los cursos de formación presuntamente fraudulentos en empresas andaluzas declaró en las dependencias de la Comisaría Provincial de Málaga.

Era tan solo una parte de los docentes que estaban sobre el papel, ya que muchos de ellos no fueron llamados a declarar por la Policía al tratarse de los propios administradores de las empresas que recibieron la subvención del Servicio Andaluz de Empleo. Según fuentes policiales, esta podría ser una nueva irregularidad, ya que estos propietarios de las sociedades en principio no tendrían la formación ni la experiencia exigidas para impartir las sesiones.

En concreto, la ley exige que los profesores tengan tres años de experiencia en el sector de la formación o ser diplomado o licenciado, requisitos que la Policía investiga en qué casos podrían no cumplirse. Los administradores se colocaban como profesores y de este modo conseguían dos objetivos. Uno, no tener que pagar a otro docente; y dos, ponerse un sueldo que se situaba entre los mil y los 3.500 euros y que además servía para justificar gastos de cara a la concesión de la ayuda.

Los profesores que sí ofrecieron su testimonio a la Policía, por su parte, confirmaron lo que ya habían anunciado muchos alumnos, que un alto porcentaje de los cursos se habían desarrollado incumpliendo distintos requisitos legalmente establecidos. Entre éstos, los docentes señalaron que las instalaciones no eran las adecuadas, que no les abonaron el sueldo o que la empresa no proporcionaba el material que tenía la obligación de entregar a los alumnos.

Sobre el papel, los cursos recibían la subvención por parte del Servicio Andaluz de Empleo con la condición de que los adjudicatarios de esa ayuda, una vez concluido el seminario, que duraba seis meses, contrataran al 60% de los alumnos, cuestión que también investiga la Policía. No pocos alumnos, de hecho, denunciaron ante la Policía que la empresa no les buscó trabajo, sino que fueron ellos mismos los que lo consiguieron.

En esta línea, la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía, departamento que dirige las pesquisas, rastrea el número de trabajadores que las sociedades han tenido dados de alta durante los periodos investigados, con el fin de determinar si se llevaron a cabo los contratos comprometidos. En no pocas ocasiones, los agentes han concluido que algunas empresas en ningún momento han contado con más de uno o ningún empleado.

La Sección, dependiente orgánicamente de la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) de la Policía, investiga el presunto fraude en la concesión de una adjudicación a 17 empresas en Málaga en 2010. Es el primer paso de un macrorrastreo que pretenden hacer los investigadores por todas las provincias andaluzas y en el periodo que va desde 2009 hasta 2012.

Por el momento, la Fiscalía Anticorrupción de Málaga es la encargada de dirigir las diligencias. En concreto, dada la magnitud del caso y la repercusión mediática, el propio fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero ha decidido coordinar personalmente las pesquisas. Sin embargo, aún queda por determinar qué juzgado se hará cargo de la instrucción.

El dinero con el que se han concedido todas las ayudas presuntamente fraudulentas fue otorgado por el Servicio Andaluz de Empleo, organismo dependiente de la Junta de Andalucía que a su vez obtenía el montante del Fondo Social Europeo. No en vano, la Comisión Europea anunció, tras saltar a la luz pública el supuesto escándalo, que pediría explicaciones al Gobierno regional.


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