Precariedad laboral de los vigilantes Seguridad Integral Canaria

Precariedad laboral de los vigilantes Seguridad Integral Canaria que prestan sus servicios en el Ministerio de Defensa Los vigilantes de seguridad de Seguridad Integral Canaria que desarrollan su trabajo en el Ministerio de Defensa expresan su malestar por las condiciones en las que tienen que desarrollar su labor diaria
Valga el siguiente escrito para expresar nuestro malestar en torno al trato degradante que como empleados que prestamos servicios de vigilancia y guardería para el Ministerio de Defensa a través de la empresa Seguridad Integral Canaria venimos recibiendo, sintiendo de manera permanente como nuestros derechos como trabajadores son vulnerados continuamente. Lo expuesto anteriormente, se pone de manifiesto en los siguientes aspectos: 1) Realización de pagos fuera de lo recogido en el artículo 64 del Convenio Colectivo Nacional de Empresas de Seguridad Privada, no haciéndolo ni en tiempo ni en forma. 2) Tras la realización tardía del pago, en muchas ocasiones, faltaba dinero, ya que, no se respetaban los conceptos que el Convenio prescribe, aspecto éste que pudiera ser demostrado de manera objetiva con las correspondientes nóminas mensuales y las denuncias realizadas por los trabajadores a través de los diferentes sindicatos por estos conceptos, con el perjuicio que ello lleva implícito para nuestras familias, sobre todo por la tardanza de los juicios.
3) Legalmente y según lo prescrito en el artículo 12 del Convenio, la Empresa está obligada a fomentar la formación de sus trabajadores a través de la realización de un curso de reciclaje de forma anual remunerado, aspecto éste que vulnera la Empresa, ya que, a día de hoy, 7 de febrero de 2017, no hemos llevado a la práctica el correspondiente al año 2016 y el referente al año 2015 se llevó a la práctica no siendo abonado, viéndonos obligado a denunciar el hecho. Ahí no queda la cosa, ya que nuestra sorpresa fue mayúscula cuando nos enteramos que el Ministerio de Defensa había adjudicado el pasado 15 de diciembre de 2016 de forma provisional los servicios de seguridad para vigilar las sedes de las Fuerzas Armadas a la Empresa Marsegur, curiosamente esta empresa está asociada a través de Acosepri (Asociación de Compañías de Seguridad Privada) a la Empresa Seguridad Integral Canaria, con la que actualmente venimos trabajando, ¿No será el mismo perro con distinto collar? o todavía peor, ya que la empresa Marsegur tiene elaborado un Convenio propio, con el que pretendió disminuir los salarios en torno a 300€ por mes de un sueldo de 1.000 € aproximadamente. Dicho Convenio fue declarado nulo en la sentencia n° 79/2016 de la Audiencia Nacional. Con estos datos y sabiendo que la empresa Marsegur se le ha adjudicado provisionalmente el concurso sustancialmente por debajo del presupuesto base de la licitación, nuestro temor radica en el hecho de que ese dinero lo recupere a costa del salario de los trabajadores como ha intentado hacer en otras ocasiones. Lo que más sorprende a nuestro colectivo de vigilante es que cómo una entidad como el Ministerio de Defensa adjudique un contrato de una cantidad tan elevada a una empresa que presenta las carencias que se ponen de manifiesto por todo lo escrito anteriormente y que es un secreto a voces.
Ya no solo nos referimos a lo que pudiera afectarnos a nosotros en términos económicos sino a la calidad y efectividad de la prestación del servicio, todo ello argumentado en aspectos tales como de que no fomenta la formación y reciclaje de los trabajadores, en la falta y escasa calidad de los materiales, en la no tenencia de una sede física a nivel provincial a efecto de cualquier problema que pudiera surgir. Por lo que se ve, la prioridad del Ministerio de Defensa no es la eficiencia de la Seguridad sino el abaratamiento de costes a toda costa. A modo de síntesis de lo expuesto anteriormente, se puede deducir la poca seriedad y respeto que el Ministerio de Defensa tiene por y para sus trabajadores subcontratados, contratando empresas que vulneran continuamente nuestros derechos y por ende el de nuestras familias. Desde estas líneas exigimos que se contrate una empresa acorde a nuestra profesionalidad y dedicación y que se adecuara al rigor con el que nosotros desempeñamos nuestras funciones en nuestro día a día y sobre todo que respete todo lo establecido en el Convenio Colectivo Nacional de Seguridad Privada.