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Las claves del conflicto de los vigilantes de seguridad

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Las claves del conflicto de los vigilantes de seguridad

Mensaje por Ranchera el Dom 02 Jul 2017, 22:29

Las claves del conflicto de los vigilantes de seguridad

Trabajos peligrosos con salarios bajos


La patronal dice que sus empresas acumulan una disminución de la facturación de más de un 20% desde 2009
También dicen que sus empresas sufren pérdidas continuadas, algo que los sindicatos dicen que es una manipulación
Miles de ex escoltas del País Vasco pasaron a ser vigilantes de seguridad con una reducción de sueldo del 60%

Los sindicatos USO, UGT y CCOO protestaron el miércoles por el deterioro de las condiciones laborales en un sector de mileuristas que se enfrentan a situaciones de peligro y estrés. Las empresas alegan pérdidas generalizadas. Se vislumbra un horizonte de conflictos.

Justamente en la noche anterior a las protestas, un vigilante de seguridad fallecía en Sevilla tras un accidente laboral, presumiblemente al haber sido golpeado por la puerta de un garaje.

Además, la semana próxima -el 3 de julio-, los vigilantes de las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara lanzan una huelga indefinida si el Gobierno regional no rescinde antes de esa fecha el contrato de la actual adjudicataria de estos servicios, la UTE formada por las empresas Cyrasa y Sinergias.

"La manifestación-concentración fue un éxito rotundo de participación en la que los trabajadores y trabajadoras del sector han expresado su indignación ante la postura patronal que sólo está situando pérdidas de derechos sociales y económicos en la mesa de negociación", dijo a bez.es Daniel Barragán, de CCOO.

Negociaciones encalladas

Los sindicatos piden un aumento salarial del 6% acumulado en dos años (3% y 3%), mientras que la patronal Aproser no quiere ir más allá del 4,5% (2% y 1,5%). Según la patronal Aproser -que nuclea empresas que suman el 70% de los casi 80.000 vigilantes-, la seguridad privada ha sufrido una disminución de la facturación de más de un 20% desde 2009 y, al tiempo, un incremento continuado de sus costes laborales, por lo que un gran número de empresas que aplican el convenio colectivo sectorial 'siguen aún' en situación de pérdidas continuadas".

En 2016 se pactó un incremento salarial del 2,48% que ya se viene aplicando, aunque los sindicatos señalan que ese aumento llegó como consecuencia de una sentencia judicial que obliga al pago de pluses en los meses de vacaciones.

¿Pérdidas? Depende

Desde Aproser dicen que sus empresas asociadas sufren "pérdidas continuadas". La más grande de éstas, el grupo Prosegur, obtuvo un beneficio de 185 millones de euros en 2016, aunque su negocio de seguridad no sea el responsable de sus ganancias, sino el de transporte de fondos (cash).

"Para hacer otras actividades, como servicios y cash, necesitan tener la vigilancia, que es la que permite entrar en estos negocios, o sea que no pueden alegar pérdidas", dijo a bez.es el secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO, Basilio Febles, respecto a la empresa cuya mayor accionista con la mitad de las acciones, Helena Revoredo, amasa una fortuna de unos 2.400 millones de dólares, según Forbes.

Desde los sindicatos sostienen que las diferentes administraciones son cómplices de esta situación al favorecer con adjudicaciones la aparición de lo que llaman “empresas piratas”, que se descuelgan del convenio colectivo estatal y aplican uno propio -una posibilidad que les abrió la reforma laboral del PP de 2012-.

Este descuelgue esta prohibido por el reglamento de Aproser, aunque empresas que están en conflicto con sindicatos, como Marsegur o Seguridad Integral Canaria, no forman parte de Aproser.

País Vasco, la situación más sangrante, de la mano del Estado

Especialmente lesiva para sus condiciones laborales es la situación de los trabajadores del País Vasco que cumplían labores de escolta (unos 3.000 en los años en los que ETA estaba más activa).

Como José Ramón Pinto, uno de los últimos 109 escoltas que dejaron su puesto en abril de 2017, siendo los últimos en País Vasco y Navarra, ya que el Ministerio del Interior decidió acabar con esta categoría que brindaba protección a potenciales víctimas de ETA, y tuvo que volver a trabajar de vigilante de seguridad.

Pinto trabajaba para la empresa Ombuds y ha visto cómo desde abril su salario se redujo un 60% en la región mas cara del país, con una hija en edad universitaria.

"Yo tenía hipoteca, familia... y pasé de ganar 35.000 euros anuales a ganar la mitad, pero la principal responsabilidad de esto es del Ministerio del Interior, ya que ellos crearon el colectivo de escoltas, con una categoría especial, y luego nos abandonaron... compañeros míos hasta se han suicidado", explicó Pinto a bez.es.

Pese a ello, Pinto dice que no echa de menos su profesión de escolta: "Es mucho estrés, tenías que revisar el coche todos los días por si te ponían una bomba, no tienes horarios, pero yo a esta altura prefiero ganar menos porque vivo más tranquilo... sólo me acuerdo de ellos el día 30 cuando, cobro la nómina".

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