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josepmarti
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el Dom 01 Jun 2014, 19:11
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El sindicato UGT ha vuelto a impedir que la Comunidad de Madrid pueda entrar a examinar los cursos de formación on line que imparte a sus trabajadores. Por eso Cepal, una plataforma de teleformación utilizada por UGT para dar formación continua en Madrid ha recibido un ultimátum de la Dirección General de Estrategia y Fomento de Empleo para que permita a los equipos forenses informáticos de la Comunidad de Madrid inspeccionar los cursos que dicha aplicación imparte para UGT con las subvenciones otorgadas por el Gobierno regional.

A la plataforma del sindicato llegó el pasado jueves una carta de la Comunidad recordándole que como entidad que utiliza fondos públicos para la formación está obligada a someterse a las actuaciones de comprobación que realiza la Administración regional para garantizar la buena utilización de los fondos públicos.

Es la segunda vez en los últimos tres meses que plataformas de teleformación vinculadas al sindicato ponen pegas a los técnicos para descubrir si hay algún tipo de fraude en los cursos de formación a distancia. En su día ya UGT negó que entorpeciera estas tareas y llegó a presentar un acta de los inspectores de Empleo en la que mostraba «la colaboración mutua» y la disponibilidad para futuras consultas.

La Comunidad de Madrid podría llegar a sancionar al sindicato, ya que la ley tipifica como una «infracción muy grave la resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control» si no se colabora con los informáticos forenses enviados por la Comunidad. Estos equipos se dirigieron hace días a Cepal para que aportara la información requerida y los representantes de la plataforma les negaron los documentos solicitados, a pesar de tener un mandato oficial. Por ello, el director general de Estrategia y Fomento de Empleo, Valentín Bote, envió la carta con el ultimátum, que la plataforma tiene desde el jueves.

Desde hace dos semanas la Consejería de Empleo tiene desplegados varios equipos de auditoría forense para rastrear 40 plataformas de formación a distancia empleadas por sindicatos y asociaciones empresariales en el marco de los controles implementados por la Comunidad a raíz del presunto fraude en la gestión de subvenciones públicas conocido como el caso Aneri.

La consejera de Empleo de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, anunció que estos equipos informáticos forenses van a chequear las plataformas en los próximos meses. Las posibles irregularidades que se detecten se utilizarán para revocar las subvenciones otorgadas y además podrán usarse como prueba ante los tribunales en caso necesario.

La consejera ya apuntó que Empleo envió en el mes de marzo a la Policía «algún expediente» de UGT que también tenía «irregularidades». Mariño recordó además que la Comunidad de Madrid penalizará no sólo a aquellos hipotéticos defraudadores de fondos públicos, sino también a aquellos que no inviertan las subvenciones recibidas en la realización de cursos.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid reclamó en febrero la devolución de un total de 4,4 millones de euros por un posible fraude en la gestión de fondos de formación relacionados con 35 asociaciones empresariales, de los que 2,7 millones corresponderían a importes defraudados por José Luis Aneri. Éste fue detenido junto a otras 11 personas por estafar a las asociaciones empresariales al recibir las subvenciones para cursos a distancia y presentar alumnos falsos


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