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el Lun 09 Jun 2014, 15:10
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Una red dedicada a falsificar certificados para aspirantes a escoltas y guardias de seguridad, que operaba en Lugo, afronta una petición de condena por parte del fiscal de casi setenta años de prisión. Los 24 acusados serán juzgados entre los días 17 y 19 en la Audiencia Provincial, nueve años después de ocurridos los hechos. Todo apunta a que el asunto acabará diluyéndose porque posiblemente los abogados planteen dilaciones indebidas en el proceso y otra serie de cuestiones.
En la trama se encuentran involucrados desde un policía hasta el socio de una imprenta.

También en este caso, como en otras operaciones judiciales llevadas a cabo en Lugo, las escuchas telefónicas fueron decisivas. El arranque se produce en Oviedo en el verano del 2005 donde venían siguiendo la pista a Fredi, un colombiano por presunto tráfico de drogas.

El colombiano precisaba placas de matrículas dobladas lo que le motivó a entrar en contacto con un lucense, J. G. F., cuyos teléfonos acabaron siendo intervenidos.
El presunto traficante acabó siendo detenido en Gijón pero J. J. P y J. J. M. supuestamente siguieron su estela y encargaron al lugués dos juegos de placas por las que pactaron el pago de 1.000 euros.

El receptor de los encargos de las matrículas solicitó su confección a otro imputado, J. C. F. que había trabajado durante muchos años en varios talleres de reparación de vehículos de Lugo. Los dos se repartieron los mil euros, según lo expresado por el fiscal.

Las placas fueron colocadas a una furgoneta que acabó siendo localizada en Murcia. La matrícula correspondía a otro vehículo diferente que había sido robado en Valencia.
La acusación pública destaca que el dinero obtenido en la venta de las placas y en la elaboración de otros documentos lo destinaban dos de los acusados a la compra de drogas, principalmente cocaína, para venderlo posteriormente. Para ello, los consumidores contactaban habitualmente con J. C. a través de su móvil. En otras ocasiones era J. G. F., quien intervenía como intermediario.

Quienes suministraban la cocaína eran, según la acusación publica, J. C. B y A. C. L, conocido como Toño o Curro. Las entregas las efectuaban en las proximidades de un negocio de la calle Oliveira o en un piso de la calle Río Navia.
Ambas viviendas fueron registradas y en una de ellas encontraron una báscula de precisión, dos móviles y 71.500 euros que los investigadores creen procedentes de la venta de droga. En la otra casa apareció un cuchillo con restos de hachís.

Parece que el negocio de las matrículas no era lo suficientemente rentable para financiar el el narcotráfico porque sus ideólogos optaron por dedicarse a falsificar diplomas de una empresa de seguridad que hacía cursos que habilitaban para poder presentarse a las pruebas selectivas de vigilantes de seguridad y escolta privado organizados por el Ministerio del Interior. El documento certificaba que su poseedor había superado las pruebas y módulos necesarios que establecía la normativa vigente.

Para la confección, los dos promotores de la idea contaban con la colaboración de otro acusado, S. A. R. A., que tenía conocimientos informáticos puesto que trabajaba y era socio de una imprenta lucense.
Los investigadores creen que los acusados hicieron al menos ocho diplomas. Quienes los compraron, imputados también por los hechos, pagaron 500 euros por cada uno de ellos. De esta cantidad la organización dedicaba 400 a la droga. Dice el fiscal que todos aquellos que compraron el diploma sabían perfectamente que este era falso.

Dos de los adquirientes del certificado superaron las pruebas y consiguieron la correspondiente placa que les habilita para la profesión. En la trama participaron otras dos personas R. G. R y J. F. A. S. representantes de una empresa que pusieron en contacto a los interesados en los diplomas con los promotores de la trama.
Para hacer los diplomas utilizaron otro que compraron a uno de los acusados, consejero delegado de una empresa, por 150 euros. Se da la circunstancia de que uno de los implicados tramitó un diploma para su novia cuya elaboración concertó con otro de los colaboradores por 150 euros. La mujer, que nunca llegó a realizar el curso de formación en el centro que firmaba la expedición, aprobó las pruebas y presentó el documento. Algo similar ocurrió con otro de los implicados que adquirió un diploma a nombre de su hermano.

Casi al mismo tiempo de la elaboración de los diplomas, dos de los acusados iniciaron un plan para obtener préstamos hipotecarios. Para ello contaron con la colaboración de personas que les facilitaron material.
Entre estas figura un policía, M. C. G. que, según el fiscal, facilitó las nóminas que sirvieron de base para la elaboración de las falsificadas. A cambio el agente recibiría unos ordenadores portátiles. El fiscal pide dos penas que suman tres años de prisión por delitos contra la salud pública y falsedad

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