Las empresas empezarán a controlar la jornada de sus trabajadores a partir del 12 de mayo.

elindependiente.com
12.03.2019

Las empresas tendrán que registrar diariamente la jornada de sus trabajadores a partir del 12 de mayo, fecha en la que entrará en vigor la modificación del Estatuto de los Trabajadores referida al registro de jornada que aprobó el Gobierno la semana pasada.

En concreto, el Real Decreto-ley de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo al que el Consejo de Ministros dio su visto bueno el pasado viernes y publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga a las empresas a realizar un registro diario del horario de sus trabajadores, que deberá incluir el inicio y finalización de la jornada, sin perjuicio de la flexibilidad horaria.

Este registro se organizará y documentará mediante la negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, por decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores. La empresa estará obligada a conservar los registros de jornada de sus trabajadores durante cuatro años y deberán permanecer a disposición de los trabajadores, sindicatos y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

De manera complementaria, la norma modifica el texto de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) para tipificar como infracciones en el Orden Social las derivadas de incumplimientos relativos al registro de jornada.

Malestar sindical.
CC.OO. y UGT consideran “insuficiente” el control de horarios en las empresas establecido en el decreto, ya que, en la práctica, “no obliga a las compañías a llevarlo a cabo” y deja esta regulación en manos de las empresas.

En su opinión, el Gobierno no respetó el acuerdo alcanzado con los sindicatos en esta materia y “descafeinó” el texto acordado, de forma que no se garantiza la obligación de las empresas de tener un registro real de la jornada de trabajo. Para el Gobierno, sin embargo, la norma crea un marco de seguridad jurídica para trabajadores y empresas y posibilita el control de la jornada por parte de la Inspección de Trabajo. Del total de denuncias que recibió la Inspección en 2018, el 35% tenían relación con el tiempo de trabajo.

“La introducción del registro de jornada debe contribuir a corregir la situación de precariedad, bajos salarios y pobreza que afecta a muchos de los trabajadores que sufren abusos en su jornada laboral. Un buen porcentaje de las personas que se beneficiarán de dicho registro son trabajadores poco cualificados con salarios muy bajos”, argumenta el Gobierno en la exposición de motivos del decreto.

6,4 millones de horas extra a la semana.
Cada semana de 2018 se realizaron 6,4 millones de horas extraordinarias en España. Al 48% de los trabajadores que realizan horas extra éstas no se les abonan, por lo que tampoco cotizan por ellas a la Seguridad Social.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2018, más de un 26% de las horas extra no pagadas se realizaron en el comercio y la hostelería, sectores que se caracterizan por sus bajas retribuciones. “Resulta por ello necesario y urgente proceder a esta reforma normativa para poder dotar de mayor efectividad la labor de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social”, justifica el Gobierno en su decreto.

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elperiodico.com
12.03.2019
Gabriel Ubieto.

Sindicatos e inspectores de trabajo critican por ambiguo el decreto de registro de jornada.
Juristas consultados alertan de que el formato del redactado puede postergar o rebajar la obligatoriedad de la medida que publica el BOE este martes.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes el real decreto aprobado el viernes pasado por el Gobierno en el que implanta la obligatoriedad por parte de las empresas para llevar un registro de las horas realizadas por sus trabajadores. El texto que finalmente salió del Consejo de Ministros ha provocado el rechazo de los sindicatos mayoritarios y un sabor agridulce entre las organizaciones de inspectores de trabajo. Los juristas consultados, por su parte, detectan varios agujeros en la reforma.

El primer escollo que encuentran los detractores o críticos del decreto se encuentra en la tercera palabra de la novedad introducida en el artículo 34: "La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horario que se establece en ese artículo", reza el BOE.

Pese a que desde las organizaciones de inspectores de Trabajo aplauden el disponer de una nueva herramiento de control de la jornada, ese "garantizará" no lo ven desde la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT) como una "exigencia". "Garantía se da de algo que existe o que se consensuará. Nos preocupa que pueda dar a interpretaciones", cuenta su portavoz, Mercedes Martínez.

El catedrático de derecho del trabajo de la UAB, Eduardo Rojo, reconoce que con el actual redactado, la medida "no es inmediatamente ejecutiva". Para empezar esta entrará en vigor en el plazo de dos meses, es decir, el 12 de mayo. Y no entrará directamente en aplicación, ya que los mecanismos de registro horario de cada empresa se determinarán "mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario". Lo que, en opinión de Rojo, puede provocar que las empresas no inicien dichas negociaciones, en el caso de existir representación de los trabajadores, hasta el 12 de mayo. Y los plazos de concreción pueden alargarse.

El profesor de derecho del trabajo de la UOC, Pere Vidal, apunta que en las pequeñas y medianas empresas puede que se concentren mayores problemas para asegurar ese control de jornada, debido a la falta de contrapesos sindicales. "Hasta la sentencia contraria del Tribunal Supremo del 2017, las precedentes insistían en que las empresas reportaran informes mensuales del número de horas a los trabajadores", considera Vidal. Algo que ya es obligatorio con los trabajadores a tiempo parcial y que no incluye la reforma del PSOE. Ello ha provocado, entre otros, que CCOO la tachará de "brindis al sol".

"Sin perjuicio de la flexibilidad horaria"
Un matiz que incluye el redactado del real decreto es que la concreción de la jornada se hará "sin perjuicio de la flexibilidad horaria". Ello alude a profesiones con jornadas irregulares y es el Ministerio de Trabajo, previa consulta a sindicatos y patronales, quién determina que actividades y que sectores pueden acogerse a dicha flexibilidad. "Consulta no es obligación", recuerda el catedrático de la UAB, que reconoce la necesidad de preservar una legislación peculiar en determinados casos.

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