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elconfidencial.com
ROBERTO R. BALLESTEROS
14.03.2019

El Juzgado 5 de Las Palmas admite a trámite una querella que describe que el empresario utilizó a personas de su entorno para derivar el dinero que debía abonar a las arcas públicas.


El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía contra el empresario de la seguridad privada y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y un grupo de personas afines (Héctor de Armas, Alicia Rosa Pérez, Jacobo López Redondo, Margarita Robayna, Manuel Hernández Ramírez, Jorge Hernández Ramírez, Antonio Redondo y Jesús Miguel Acosta) por desviar supuestamente fondos que debían haber sido destinados a pagar las deudas de su compañía, Seguridad Integral Canaria (SIC), con la Hacienda pública y la Seguridad Social.

Según el escrito del ministerio público, "para evitar pagar las numerosas deudas que pesan sobre SIC, se han realizado una serie de acciones por parte de Miguel Ángel Ramírez y las persona que ha utilizado como meros detentadores de sus participaciones sociales en distintas empresas (...) para lograr desviar los fondos y bienes de SIC a estas y otras sociedades y así poder justificar una situación de insolvencia y la presentación el 22 de diciembre de 2017 del proceso concursal ante el Juzgado Mercantil número 2".

Entre las acciones realizadas por Ramírez y sus colaboradores, resalta la Fiscalía, "destaca la venta de acciones de la que era titular SIC en la Unión Deportiva Las Palmas", que iban a ser embargadas para hacer frente a la deuda pero finalmente no pudieron serlo "al haberse vendido". Según el ministerio público, esa venta "se hizo en fraude". En concreto, se vendió por "importe del valor nominal de cada acción pese a que el valor real de las mismas era superior". Como describe el Juzgado 5, "para fundamentar aún más el negocio ficticio empleado para evitar el embargo, se señala que pese a esa venta SIC no percibió dinero alguno como contraprestación". Los que hicieron la operación, continúa la Fiscalía, "intentaron justificar un crédito a favor de Miguel Ángel Ramírez con SIC de algo más de 200.000 euros que había prestado a la tesorería de la sociedad".

SIC debe, según diferentes investigaciones judiciales, más de siete millones de euros a la Hacienda pública por retener dinero a sus trabajadores y no ingresarlo en la Agencia Tributaria, además de casi 1,5 millones a la Seguridad Social "por infracotización" después de fijar salarios inferiores a los que delimita el convenio, y otras cantidades aún no contabilizadas. En esos procedimientos de adeudo se encuentra personada la sección de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera. Su secretario general, Basilio Febles, tras ser consultado por El Confidencial, asegura que esta investigación del Juzgado 5 "constata" sus sospechas. "Ya intuíamos que estaba desviando dinero para no pagar a la Agencia Tributaria y a los trabajadores a través de malas prácticas", confiesa el sindicalista, que no descarta solicitar la personación en este nuevo procedimiento judicial.

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el Lun 18 Mar 2019, 01:41
Este hombre no tiene desperdicio , que es lo que ha tocado que no se haya aprovechado más de la cuenta y lo legal .

Jodo con el señor Ramírez , más que el Rey de la seguridad va a ser el Rey de la Inseguridad y el fraude .


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el Lun 18 Mar 2019, 03:43
No se porqué le llaman el Rey de la seguridad.
Es el MAFIOSO DE LA SEGURIDAD y punto. O el REY DEL MAMBO. Nada de neolingüismos tergiversadores.


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RafaVs
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el Mar 19 Mar 2019, 12:40
canarias-semanal.org
EUGENIO FERNÁNDEZ.
18.03.2019

LA PRENSA CORPORATIVA DE LAS PALMAS AL AUXILIO DE MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ.
Sugieren que la nueva querella de la fiscalía contra el empresario podría deberse a una "persecución"

A finales de la pasada semana, diversos medios de comunicación de ámbito estatal se hacían eco de la última querella admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria contra el empresario grancanario, y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.

Ramírez, que tiene abiertos otros procedimientos penales por presuntos fraudes  multimillonarios a la Seguridad Social, tendrá que enfrentarse ahora a la acusación realizada por la Fiscalía de descapitalizar de forma fraudulenta Seguridad Integral Canaria (SIC), transfiriendo sus bienes a otras empresas o personas supuestamente controladas por él.

En los procesos ya abiertos contra el empresario se le acusa de  presentar sistemáticamente las horas extras que cobraban los vigilantes de SIC como si fueran dietas, para no abonarlas a la Seguridad Social, y se le reclaman las cotizaciones que también dejó de aportar al pagar a sus trabajadores un convenio de empresa con sueldos muy inferiores los pactados en el sector a nivel estatal.

Mientras la prensa de ámbito estatal, a la que no llegan los tentáculos de Ramírez, ofrecía una amplia información sobre el caso, en la isla de Gran Canaria, la mayoría de los medios relegaba la noticia a un lugar secundario

Ramírez, en efecto,  fue conocido durante años como "el rey de la seguridad low cost", por los numerosos contratos públicos que SIC consiguió, tanto en Canarias como en la península, al ofertar tarifas mucho más bajas de la competencia. Una estrategia que pudo implementar gracias a los millones que dejó de pagar a sus empleados y que que se vino abajo cuando el Supremo obligó a la empresa a ingresar los salarios pactados en el convenio sectorial.

El Ministerio Público le acusa ahora -a él y a otras ocho personas, entre ellas a Héctor de Armas, actual administrador de Seguridad Integral Canaria- de insolvencia punible y delito contra los derechos de los trabajadores, porque considera que vació de bienes la compañía de seguridad para eludir el pago de sus deudas, mediante operaciones financieras que los pusieron a nombre de terceras personas, empresas o fundaciones tras las cuales ve la mano del propio Miguel Ángel Ramírez.

Al sostener esa tesis, la Fiscalía da la razón a los sindicatos del sector, que llevan años denunciando que las empresas que estaban tomando el relevo de SIC tras declararse esta en concurso de acreedores, como Sinergias de Vigilancia y Seguridad (SVS) o Novosegur, son compañías controladas por el propio Ramírez a través de personas interpuestas. Algo que él siempre ha negado.

Mención aparte merece el caso  del medio CanariasenHora que, según  información suministrada por los sindicatos del sector de la Seguridad, sería un medio de comunicación financiado por el propio Miguel Ángel Ramírez.

LA SIGNIFICATIVA "DISCRECIÓN" DE LOS MEDIOS DE LAS PALMAS.
La relevancia social del polémico empresario, y la importancia de la nueva denuncia a la que debe enfrentarse, justificarían sobradamente un amplio tratamiento de la misma por parte de los medios de comunicación de la provincia de Las Palmas. Dicho tratamiento, sin embargo,  ha vuelto a poner de manifiesto la nula credibilidad que puede atribuirse a la prensa corporativa cuando los intereses económicos que los sostienen se encuentran en juego.

Mientras la prensa de ámbito estatal, a la que no llegan los tentáculos de Ramírez, ofrecía una amplia información sobre el caso, en la isla de Gran Canaria, la mayoría de los medios relegaba la noticia sobre este importante suministrador de fondos a través de la publicidad de sus empresas del Grupo RALONS, a un segundo plano; llegando incluso a  "desaparecerla" de sus ediciones digitales.

No ha sido Pedro Guerra, en cualquier caso, el único en sugerir supuestas causas espurias para justificar los crecientes problemas con la justicia de Miguel Ángel Ramírez.

Con significativa discreción la trataban, por ejemplo, tanto el diario La Provincia como el Canarias 7, en el que, de inmediato, cobraba relevancia la versión del empresario, que "dice sentirse acosado por la Fiscalía" y ser objeto de una suerte de persecución construida mediante "interpretaciones maliciosas".

El contrapunto informativo en la prensa digital corporativa lo ponía el diario socialdemócrata CanariasAhora, cuyo propietario Carlos Sosa, si bien fue igualmente financiado por Ramírez en el pasado, mantiene en la actualidad un conocido enfrentamiento con el empresario por su presunta participación en un plan para perjudicar a la jueza y pareja del periodista, Mª Victoria Rosell.

LOS "OPINADORES" EN DEFENSA DEL PATRÓN.
Mención aparte en cuanto al tratamiento de este proceso merece el caso  del medio CanariasenHora que, según  información suministrada por los sindicatos del sector de la Seguridad, sería un medio de comunicación financiado por el propio Miguel Ángel Ramírez. Difícil sería, en cualquier caso, encontrar otra explicación más plausible para la defensa lacayuna que, de manera sistemática, realiza el director de este diario, Pedro Guerra, de todas y cada una de las actuaciones del empresario multiimputado.

El pasado viernes, en el marco del programa La Canallesca, de la Cadena SER, Guerra se esforzaba una vez más en presentar la denuncia interpuesta por la fiscal Evangelina Ríos como una suerte de "vendetta personal" contra su jefe, asegurando que "otra querella por motivos similares contra Miguel Ángel Ramírez ya había sido archivada en el pasado".

Huelga decir, suponemos, que sería inútil buscar la más mínima alusión a este proceso en la web dirigida por Pedro Guerra. Un "paraperiodista" especializado en medrar a la sombra del poder, cuyas prácticas macartistas ya fueron denunciadas en el pasado por militantes de la izquierda canaria, a los que criminalizó desde las páginas de La Provincia, por acudir a una conferencia celebrada con miembros de la organización vasca Askapena en Las Palmas, que había sido organizada por Intersindical Canaria.

Francisco Pomares se atrevía a afirmar que el empresario era conocido sobre todo en las islas "por atreverse a enfrentar a algunos jueces" insinuando sin decirlo que esta "valentía" podía llegar a tener sus consecuencias

No ha sido Pedro Guerra, en cualquier caso, el único en sugerir supuestas causas espurias para justificar los crecientes problemas con la justicia de Miguel Ángel Ramírez.

Entre otras columnas de opinión "exculpatorias", en el citado programa de la Cadena SER en Las Palmas, el también periodista y editor Francisco Pomares dejaba caer, sibilinamente, que "el gran error de Ramírez había sido dar el salto a la Península en el negocio de la Seguridad, creyendo ingenuamente que las grandes compañías del sector no iban a reaccionar ante esta competencia".

Con la misma cuidada ambigüedad, Pomares se atrevía a afirmar que el empresario era conocido sobre todo en las islas "por atreverse a enfrentar a algunos jueces" insinuando sin decirlo que esta "valentía" podía llegar a tener sus consecuencias.

Ni uno solo de los contertulios de la emisora "progresista" tuvo a bien recordar que, si por algo es conocido en la sociedad canaria Miguel Ángel Ramírez, además de por su presidencia de la UD Las Palmas, es por haber dejado sin cobrar sus sueldos durante meses a miles de trabajadores, por pagarles por debajo de lo establecido por la Ley y por llevar a cabo en sus empresas prácticas calificadas por los sindicatos como auténticamente "mafiosas".

Pero ya se sabe que, en nuestra sociedad, quién paga, manda.

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el Miér 20 Mar 2019, 03:03
Hombre era  de esperar que un empresario de ese calibre no solo tuviera mano en un único sector y al diversificar también tiene sus acólitos y empleados en medios de comunicación , para que saquen la cara por el y su trayectoria como empresario .

Lo que si está claro es que este señor ha irrumpido en el sector de la seguridad privada como elefante en cacharrería y a costa de defraudar a los compañeros mal pagando cuando ha pagado que tampoco ha sido siempre .

A parte de los contactos en las altas esferas el funcionamiento de este caballero ha sido pagar a sus empleados por debajo de convenio para así poder bajar las tarifas y optar a servicios que de otra manera y cobrando el servicio como hubiera debido nunca hubiera cogido .

Al pagar menos al empleado , abarata la mano de obra por lo que baja el precio del servicio compitiendo deslealmente en el sector .


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