Comunicado conjunto del observatorio sectorial de la seguridad privada sobre la necesidad de preservar el efectivo como medio de pago.

eltambor.es
04/05/2020.

El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, compuesto por las organizaciones sindicales FeS-UGT, Comisiones Obreras de Construcción y Servicios y FTSP-USO, y la organización patronal APROSER, todas ellas firmantes del Convenio Colectivo Sectorial Nacional, han observado que en los últimos días diversas guías y recomendaciones publicadas por organismos públicos han incluido referencias a la conveniencia de evitar el uso del efectivo.

Así, entre otras, la propuesta de modificación de la guía de buenas prácticas para los establecimientos del sector comercial. En particular, dichas recomendaciones han consistido en la promoción de las tarjetas y otros medios de pago como supuestos medios seguros, y conduce a la interpretación de que la utilización del dinero comporta un riesgo para los ciudadanos. Parece haberse intentado consolidar en la opinión pública la idea de que la vuelta a una nueva normalidad está unida a la práctica desaparición del efectivo como medio de pago.

En este escenario, el OBSERVATORIO SECTORIAL, aunque comparte cualquier medida razonable que tenga como máxima prioridad la de la salud de los ciudadanos, especialmente mientras dure la actual situación de crisis sanitaria, QUIERE SEÑALAR QUE:

1 -Es unánime la opinión de los organismos nacionales e internacionales (entre otros, Banco Central Europeo, Bancos Centrales Nacionales y la propia Organización Mundial de la Salud), en el sentido de que no existe evidencia científica sobre un riesgo añadido derivado de la utilización del efectivo. Cualquier afirmación contra el efectivo basada en un riesgo científico carece de justificación. No puede asociarse el momento del pago con una práctica peligrosa solo cuando se paga con dinero.

2 -Cualquier propuesta o medida que pueda conducir a la desaparición del efectivo entre los medios de pago al alcance de los ciudadanos, tiene consecuencias desafortunadas; por citar algunas de ellas:

- Impacta de forma muy directa en los colectivos más desfavorecidos de la sociedad cuyo nivel de bancarización es muy inferior, y que dependerían para los actos de su economía doméstica de la decisión de las entidades bancarias o de los grandes proveedores de Internet. En particular, para los más de 3,3 millones de parados que existen en España y en general, para los 12,3 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social.

- Afecta muy directamente a los más de 9 millones de pensionistas, de los que más de 2 millones no viven acompañados, y que desde siempre realizan sus pagos y operaciones comerciales de forma muy mayoritaria mediante dinero físico. Y dificulta o impide que la población más joven pueda realizar cualquier tipo de compra habitual del día a día, al no tener acceso a las tarjetas bancarias.

- Incide de forma directa en la competitividad de los pequeños comercios que, en una situación ya de por sí especialmente crítica, se verían obligados a realizar inversiones adicionales en plataformas de pago. El comercio de proximidad podría perder un importante volumen de clientes en favor de las grandes superficies comerciales, en especial aquellos de reparto, que se verían obligados a implantar el pago on line como único medio de pago permitido, además, en la actual situación económica y de confinamiento, sin los recursos ni el tiempo necesario.

- Condiciona la libertad de aquellos ciudadanos que legítimamente no quieren asumir los costes adicionales que implica tener y mantener una tarjeta bancaria, de quienes atribuyen una especial relevancia a su privacidad o de quienes controlan de forma más eficiente su economía familiar mediante el uso del efectivo. Eliminar el efectivo supone más coste y menos control del gasto para las familias, más monitorización de su vida y tener más deudas con los bancos.

- Significa optar por la eliminación del único medio de pago público y acelerar la completa privatización de este ámbito de actividad.

Por todo ello, el OBSERVATORIO SECTORIAL CONSIDERA que:

1 -Aunque es más que razonable extremar en lo posible las medidas de distanciamiento y de higiene en todos los actos de pago, deben cesar las referencias expresas a la necesidad de evitar tanto utilizar como aceptar el pago en efectivo.

2 -Las autoridades deben trasladar en sus discursos públicos que usar el efectivo, tal como ha quedado demostrado, no supone un riesgo específico para los ciudadanos mayor que la utilización de otros medios, posiblemente todo lo contrario. Es preciso que desaparezca de inmediato el injustificado daño reputacional que se le está infringiendo.

3 - Los poderes públicos deben garantizar la libertad de elección de cualquier medio de pago legal por parte de los consumidores. Reducir los niveles de utilización del efectivo por debajo de los actuales podría conducir, como ha ocurrido en otros países, a la imposibilidad del mantenimiento a futuro de unos servicios esenciales para los ciudadanos, además de llevar inexorablemente  al paro a más de 5.000  profesionales de la industria del transporte y la gestión del efectivo, generando injustificadamente consecuencias muy perjudiciales para una economía, como la española, que, entre otras fuentes de ingreso, debe seguir recibiendo a millones de turistas que quieran seguir utilizando también el efectivo como medio de pago.