Competencia investiga la manipulación de contratos en servicios de seguridad.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una investigación a varias empresas por la posible manipulación de licitaciones públicas relacionadas con servicios de seguridad y vigilancia. El organismo regulador ha explicado en un comunicado que las prácticas afectarían a distintas administraciones públicas. Estas consistirían en acuerdos para la manipulación y reparto de licitaciones públicas convocadas para la adjudicación de estos servicios.

Del 1 al 4 de marzo, la CNMC realizó inspecciones domiciliarias en las sedes de varias empresas, cuyos nombres no ha revelado, que operan en el mercado mencionado. En este procedimiento el organismo presidido por Cani Fernández ha contado con la colaboración de la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía para la realización de las inspecciones desarrolladas en su territorio. Las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas. Asimismo, estas no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas.

Si la CNMC encontrase indicios de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia y por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como resultado de la inspección, procederá a la incoación formal de expediente sancionador. En este contexto, ha recordado que los acuerdos entre competidores constituyen una infracción "muy grave" de la legislación de defensa de la competencia y son prácticas que pueden acarrear multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras.

El regulador también ha resaltado que la investigación de los cárteles constituye una de sus prioridades de actuación, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados. Para ello cuenta, entre otros, con el programa de clemencia, que permite beneficiarse de la exención del pago de la multa a las empresas que aporten elementos de prueba a la CNMC que posibiliten la detección del cártel en el que participen o hayan participado.

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