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josepmarti
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La Junta excluirá de los cursos de formación a los 'caza subvenciones'

el Vie 29 Ago 2014, 11:02
Empresas creadas al efecto para recibir subvenciones de las administraciones públicas, sin vínculo alguno con la formación. Ésa sería la definición de un caza subvenciones. La Junta de Andalucía excluirá de los cursos de formación a las entidades que sólo dependan de las subvenciones públicas y no demuestren tener otros ingresos de actividades de formación. Éste será uno de los parámetros por el que se darán en el futuro las ayudas autonómicas, en cuestión tras el presunto fraude que está siendo investigado hasta en siete juzgados andaluces y que ha afectado tanto a UGT como a la red montada por el ex consejero andaluz Ángel Ojeda.

El requisito fue anunciado ayer por el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que aprobó el anteproyecto de la nueva ley de FP y que tardará al menos un año en ver la luz.

Aunque el consejero declinó en repetidas ocasiones la vinculación de los escándalos con la celeridad en la presentación del texto (los agentes sociales ni siquiera lo conocen), las principales novedades de la futura normativa vienen impulsadas por la intimidación a la que se está viendo sometido el Gobierno de Susana Díaz. Son conocidas las novedades de la concurrencia competitiva como procedimiento para conceder las subvenciones en lugar de los conciertos que durante años privilegiaron a los sindicatos UGT y CCOO y a la patronal CEA, y la eliminación de las exoneraciones para salvar a entidades que no hayan justificado a tiempo las ayudas.

Otra de las novedades en el mismo ámbito sería la prohibición a los caza subvenciones. Para optar a las ayudas los centros educativos (482 institutos públicos y 84 concertados que dan FP) y las entidades privadas tienen que estar inscritas en un registro de nueva creación. A éstos se les solicitará un funcionamiento ordinario y continuado, un sistema permanente de calidad y más requisitos que se establezcan reglamentariamente, entre los que Alonso anunció la prohibición de depender sólo de ayudas públicas. "Siempre se ha criticado que haya empresas creadas para recibir subvenciones; tendrán que estar dedicadas a la formación", completó el consejero.

Fuera de este registro están los agentes tradicionales de la formación: sindicatos y empresarios. Sólo se les autorizará a impartir formación profesional a través de centros de su titularidad si cuentan con una autorización de la Junta. El consejero interpretó que la norma no relega a los agentes sociales. Pese a que también el Consejo Andaluz de Formación Profesional, que hasta ahora componían ocho integrantes de la Junta, ocho de los sindicatos y otros ocho de la patronal, contará con nuevos actores. A la espera de un nuevo desarrollo reglamentario que establezca la cuota de participación de los agentes sociales, de los que el Gobierno andaluz pretende alejarse, entrarán por ejemplo las corporaciones locales o los agentes de economía social más representativos.

Este Consejo será uno de los encargados de elaborar planes para el seguimiento de las ayudas, aunque será el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales el que sustituya el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como garante de que los recursos presupuestados se destinan a sus fines.

La memoria económica de esta norma es, en principio, de 1.200 millones de euros, aunque el consejero Alonso, más cómodo en la lírica (glosó la norma como innovadora y única en el país, y definió la respuesta de Susana Díaz como audaz y valiente) que en el relato concreto y los datos, no aportó el detalle de la financiación.

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